El Tribunal Económico-Administrativo Central considera ahora que no cabe abrir la vía de apremio hasta que se resuelva el incidente de suspensión planteado contra la denegación de la solicitud inicial de suspensión.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 28 de junio del 2018 (6638/2015), resuelve el recurso de alzada interpuesto por un contribuyente que, habiendo obtenido la suspen‑ sión cautelar del procedimiento de recaudación tras presentar en periodo voluntario una solicitud de suspensión de la ejecución de su deuda tributaria —petición que fue rechazada—, recibió la providencia de apremio que la Administración le notificó sin que se hubiera resuelto el incidente de suspensión que el obligado interpuso contra la citada denegación de suspensión. El proceder de la Administración condujo a la entidad afectada a recurrir primero ante el Tribunal Económico Regional de Madrid, que desestimó su reclamación, lo que derivó en la posterior interposición del recurso de alzada que ahora ha resuelto el Tribunal Central. En ambos casos, la entidad contribuyente invocó en su defensa la eficacia preventiva de la suspensión solicitada al estar pendiente de resolución el incidente de suspensión planteado contra la denegación de la solicitud de suspensión de la liquidación apremiada. Sobre la base de lo anterior, la recurrente solicitó la anulación de la citada providencia de apremio entendiendo que la deuda tributaria continuaba cautelarmente suspendida.

En este contexto y a efectos de resolver el aludido recurso de alzada, el Tribunal Central re‑ para en el tenor literal de los preceptos aplicables al caso. Así, reproduce lo dispuesto en los artículos 167.3 y 233 de la Ley 58/2003, General Tributaria, así como en los artículos 40.2 y 44 del Reglamento de Revisión en Vía Administrativa  (RRVA). Particularmente relevantes son al‑ gunos de los aspectos regulados en este último precepto, en el que se dispone que la solici‑ tud de suspensión con prestación de otras garantías a que se refiere el artículo  233.3  de la Ley 58/2003 —tal y como sucedió en este caso— «suspenderá cautelarmente el procedimiento de recaudación relativo al acto recurrido si la deuda se encontrase en periodo voluntario en el momento de presentarse la solicitud», pudiendo plantearse contra la denegación de tal so‑ licitud «un incidente en la reclamación económico‑administrativa interpuesta contra el acto cuya suspensión se solicitó».

Sin embargo —y aquí es donde el Tribunal Central ha centrado su labor interpretativa—, nada establece el citado artículo 44 respecto del mantenimiento de la suspensión cautelar durante la tramitación de tal incidente de suspensión.

A efectos de dirimir esta cuestión, el Tribunal Central comienza invocando su doctrina acerca de las solicitudes de suspensión con dispensa total o parcial de garantías que se fundamenten, bien en perjuicios de difícil o imposible reparación, bien en error aritmético, material o de hecho, y que estén reguladas en el artículo 46 del Reglamento de Revisión en Vía Administrativa. En esos casos, recuerda el tribunal, son varias las resoluciones en las que sostuvo la procedencia del mantenimiento cautelar de la solicitud de suspensión en tanto no existiera pronunciamiento sobre aquélla. De igual modo se alude a varias sentencias en las que el Tribunal Supremo ha proscrito expresamente las actuaciones ejecutivas de la Administración mientras exista pendencia tanto de un órgano revisor administrativo como judicial respecto de las solicitudes de suspensión presentadas en periodo voluntario, por entender que serían contrarias, fundamentalmente, al principio constitucional de tutela judicial efectiva.

A continuación, y atendiendo tanto a las consideraciones apuntadas como al tenor literal del debatido artículo 44, el Tribunal Central, a efectos de resolver si puede considerarse que la suspensión cautelar inicial se mantiene durante la tramitación del correspondiente incidente de suspensión, destaca los siguientes aspectos del caso analizado:

a) Que la suspensión se solicitó en vía económico‑administrativa.

b) Que el artículo 44.4 del Reglamento de Revisión en Vía Administrativa prevé expresamente que la aludida solicitud «suspenderá cautelarmente el procedimiento de recaudación».

c) Que existe una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se señala que «la Administración no puede iniciar la vía ejecutiva en tanto la decisión sobre la suspensión penda de los órganos económico‑administrativos».

Por todo ello, el Tribunal Económico‑Administrativo Central, modificando el criterio mantenido hasta la fecha, «considera que la suspensión cautelar concedida con la solicitud de suspensión inicial del contribuyente, debe mantenerse hasta la resolución del incidente por el Tribunal Económico‑Administrativo competente». No entenderlo así supondría, añade el tribunal, no sólo vulnerar el principio de tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24.1 de la Constitución, sino también situar en una mejor posición a quienes solicitan la suspensión sin aportación de garantía alguna —al amparo del artículo 46 del reglamento—, frente a quienes la solicitan aportando garantías —art. 44 del Reglamento de Revisión en Vía Administrativa—.