El hecho de que la deuda indemnizatoria esté pendiente de confirmación judicial no es óbice suficiente para imponer a la aseguradora los intereses por mora desde la fecha del accidente, más aún cuando la aseguradora conocía la concurrencia del accidente y el resultado lesivo del mismo.

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de mayo de 2017 [JUR\2017\136175]

La empresa aseguradora interpone recurso de casación para la unificación de doctrina frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco que –revocando parcialmente la sentencia del Juzgado de lo Social– condena a la empresa aseguradora al abono de intereses moratorios desde la fecha en que tuvo lugar el accidente. 

En efecto, el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco entiende que, dadas las circunstancias del caso, de las que se concluye que la aseguradora no desconocía el siniestro, los intereses moratorios han de aplicarse desde la fecha del accidente.

Sin embargo, la empresa aseguradora recurrente pretende que los intereses moratorios se fijen exclusivamente a partir de la fecha de la sentencia y no desde la del accidente. Para ello, la recurrente argumenta que no es posible incurrir en mora antes de que se fije el importe de la indemnización, que no tiene lugar sino hasta la sentencia condenatoria.

Al respecto, el Alto Tribunal entiende que la indemnización establecida en la Ley de Contrato de Seguro tiene desde su génesis un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado. La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge incertidumbre sobre la cobertura del seguro. 

En suma, la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador y le exonera del pago de los intereses de demora. Sin embargo, en la apreciación de esta causa de exoneración se mantiene una interpretación restrictiva, en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma, al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados. Así, la tramitación de un proceso judicial para justificar la demora no es motivo suficiente, como pretende sustentar la empresa.  

Además, en el presente caso la aseguradora recurrente ni siquiera ofreció una indemnización mínima, pese a ser conocedora tanto del accidente como del resultado lesivo del mismo y haberse producido un extenso lapso de tiempo desde la fecha del accidente. No existe impedimento alguno para que la aseguradora hubiera avanzado una cuantía mínima que, con independencia de la discrepancia ulterior, pudiera servir de elemento a tener en cuenta en el cumplimiento de su obligación. 

En consecuencia, la sentencia recurrida acierta cuando fija la obligación de la aseguradora de abonar el interés moratorio que impone la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro.