El Comité Económico y Social Europeo («CESE» en adelante) ha observado que las empresas de gran distribución constituyen un oligopolio en todos los países, lo que conlleva un enorme poder de negociación frente a sus proveedores y se traduce en la aplicación de prácticas abusivas y anticompetitivas.

Asimismo ha constatado la existencia de una gran opacidad en el ámbito de la formación de los precios y de los márgenes de los distintos intervinientes.  

Sin embargo, dichas prácticas no son trasladables a la industria alimentaria ni a los agricultores.

Dado que la autorregulación no constituye un remedio suficiente para dichas irregularidades, el CESE pide a la Comisión Europea que estudie el asunto y determine en qué medida sus efectos son comparables a los de los monopolios y, consecuentemente, modifique de forma adecuada los principios reguladores de la competencia.  

Entre otros, solicita a la Comisión que dé instrucciones a las autoridades nacionales de la competencia para que, a la hora de evaluar la fuerza negociadora de las agrupaciones de productores, tengan en cuenta el mercado pertinente (formado por el conjunto de productos alimentarios de una misma categoría ofrecidos en el mercado del Estado de que se trate y no únicamente de los que han sido fabricados en ese Estado).  

Los resultados de las soluciones adoptadas (autorregulación, códigos éticos, agrupación de agricultores) no son ni satisfactorios ni convincentes.  

Por dicha razón, propone que la normativa dictada en el seno de la Unión Europea imponga unos contratos escritos en los que se indique la duración, la cantidad y las características del producto vendido, el precio y las modalidades de entrega y de pago, y prohíba la imposición directa o indirecta de unos precios de compra, de venta u otro tipo de condiciones contractuales vinculantes, al igual que condiciones extracontractuales o coactivas; la aplicación de condiciones diferentes a prestaciones equivalentes; la subordinación de la celebración o la ejecución de los contratos, al igual que la continuidad o la regularidad de las relaciones comerciales, a la ejecución de prestaciones que no tengan ninguna relación con el objeto del contrato o con la relación comercial en cuestión; la obtención de prestaciones unilaterales indebidas que carezcan de justificación respecto de la naturaleza o el contenido de las relaciones comerciales; la adopción de cualquier tipo de comportamiento desleal, teniendo en cuenta la relación comercial en su conjunto.