1. La sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 10 de julio de 2014 en el asunto C‑421/12, Comisión Europea y Reino de Bélgica ha declarado que determinados preceptos de la legislación belga incumplen la Directiva sobre prácticas comerciales desleales (Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo).
  2. En primer lugar el TJUE reconoce que el Estado belga incumplíó las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2005/29, en relación con el artículo 2, letras b) y d), de ésta, al excluir a las profesiones liberales, a los dentistas y a los kinesioterapeutas del ámbito de aplicación de la Ley belga de 6 de abril de 2010.

Como es sabido, el citado art. 3.1 de la Directiva dispone su aplicación “a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores según establece el artículo 5, antes, durante y después de una transacción comercial en relación con un producto.

Es verdad que el Estado belga argumentó que el incumplimiento alegado por la Comisión Europea había sido corregido como consecuencia de las sentencias nº 55/2011, de 6 de abril de 2011 y nº 192/2011, de 15 de diciembre de 2011 de la Cour constitutionnelle por las que se declaran inconstitucionales los artículos 2, 2º, y 3, apartado 2, de la Ley de 6 de abril de 2010.

No obstante, el TJUE recuerda: 1º) que un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas del Derecho de la Unión, 2º) que la existencia de vías de impugnación ante los órganos jurisdiccionales nacionales no puede obstaculizar la interposición del recurso contemplado en el artículo 258 TFUE, 3º) y que una jurisprudencia nacional, aun cuando se la repute consolidada, que interprete unas disposiciones de Derecho interno en un sentido considerado conforme con las exigencias de una Directiva no puede tener la claridad y la precisión necesarias para cumplir la exigencia de seguridad jurídica y éste es especialmente el caso en el ámbito de la protección de los consumidores.

  1. En segundo lugar, el TJUE también entiende contrarios a las Directiva determinados preceptos de la legislación belga que establece el carácter de prácticas desleales de determinados anuncios de reducción de precios.

Recuerda el Tribunal de Justicia que Directiva 2005/29 lleva a cabo una armonización completa a escala de la Unión de las reglas relativas a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, de modo que los Estados miembros no pueden adoptar medidas más restrictivas que las definidas en la Directiva, ni siquiera para garantizar un grado más elevado de protección de los consumidores.

Por ese motivo, los Estados miembros no pueden ampliar el listado de prácticas desleales per se contenido en el Anexo I de la Directiva 2005/29.

Y el Estado belga no puede justificar la inclusión de estas nuevas prácticas invocando la cláusula mínima de armonización prevista en el artículo 10 de la Directiva 98/6 (relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores) según la cual los Estados miembros están facultados para adoptar mantener disposiciones más favorables en materia de información de los consumidores y de comparación de precios.

Porque según el TJUE, la Directiva 98/6 no tiene por objeto la protección de los consumidores en relación con la indicación de precios en general o en cuanto a la realidad económica de los anuncios de reducción de precios, sino en materia de indicación de los precios de los productos por referencia a distintas magnitudes de medida.

  1. Finalmente, el TJUE también considera contraria a la Directiva de prácticas desleales la regulación belga relativa a la prohibición de determinadas ventas ambulantes.

Porque aunque puedan estar justificadas por la Directiva 85/77, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, son contrarias a la Directiva 2005/29, que solo admite las medidas más restrictivas durante un período de seis años a partir del 12 de junio de 2007, siempre que estuviesen en vigor en la fecha de entrada en vigor de la Directiva 2005/29 (cosa que no sucedía con estos preceptos de la legislación belga).