El Presidente Electo ha decidido la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) ubicado en Texcoco, a partir de su toma de protesta al cargo en el mes de diciembre del presente año. En lugar de esa terminal aérea, propone crear un sistema aeroportuario entre la actual base aérea militar de Santa Lucía, a la que se adicionarían dos pistas; el actual aeropuerto de la Ciudad de México que se rehabilitaría y el aeropuerto de la ciudad de Toluca.

No existe aún, jurídicamente hablando, una cancelación de esta obra, al no tratarse de un gobierno en funciones. El actual gobierno por conducto del titular del Ejecutivo Federal declaró que en lo que resta de su administración no habrá modificación alguna, ni en la concesión, ni en la ejecución de la obra; sin embargo, esto cambiaría a partir del 1 de diciembre del presente año.

La construcción del NAICM se realiza, principalmente, a través de alrededor de 320 contratos de obra pública y/o de servicios relacionados con la obra pública , los cuales tienen cargo al presupuesto federal. Asimismo, existe una estructura de financiamiento parcial del diseño, construcción y operación del NAICM, a través de diversos instrumentos bursátiles.

La cancelación del proyecto del NAICM conlleva la actualización de diversas consecuencias jurídicas para constructores e inversionistas, tales como la indemnización por daños y perjuicios, ya sea por encontrarse estos pactados en los diversos contratos, o bien, de acuerdo con las leyes y, en su caso, tratados internacionales aplicables.

De conformidad con los dispuesto en la Constitución, así como en diversos ordenamientos legales resulta extremadamente complicado el asignar de manera directa nuevos contratos para el diseño, construcción y operación del sistema aeroportuario que sustituirá al NAICM a los actuales contratistas e inversionistas, pues ello no necesariamente aseguran las mejores condiciones de contratación para el Estado Mexicano.

La cancelación de la construcción del NAICM podrá ser combatida judicialmente a través del juicio de nulidad, ya sea por terminación anticipada, o bien, mediante la rescisión administrativa de los contratos de obra. Para el caso de constructores o inversionistas extranjeros dicha cancelación podrá combatirse mediante la figura de arbitraje de inversión, sí es el caso de que México tenga celebrado un tratado o instrumento internacional que proteja a este tipo de inversionistas con el país origen.