Se trata de una reforma relevante para las grandes empresas no financieras que exigirá un análisis caso por caso.

Tras la crisis financiera, se modificó la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9, relativa a Instrumentos financieros, con diversos objetivos. Entre ellos, mejorar la información financiera sobre instrumentos financieros e introducir un modelo más prospectivo para el reconocimiento de las pérdidas esperadas, registrando el deterioro de los activos antes de que se produzca cualquier evento de incumplimiento.

La NIIF 9 fue adoptada por la Unión Europea, de tal forma que desde 1 de enero de 2018 las cuentas anuales consolidadas de los grupos cotizados deben elaborarse con los nuevos criterios internacionales. Igualmente, en España, desde la misma fecha, la norma contable de las entidades de crédito está en línea con la NIIF 9.

Quedaba pendiente que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) incorporara esta norma al común de las empresas sometidas al Plan General Contable (PGC).

Pues bien, el pasado 4 de octubre se hacía público el proyecto de real decreto por el que se pretende reformar el PGC con este fin (entre otras importantes reformas que no son objeto ahora de comentario). El ICAC opta por una adaptación simplificada, que justifica en la escasa relevancia que las cuestiones más complejas de la norma internacional tienen en las empresas no financieras.

En primer lugar, se reducen a tres las categorías en las que clasificar los activos financieros: (i) activos financieros a coste amortizado (préstamos y cuentas por cobrar en general, siempre que el objetivo sea percibir los flujos de efectivo de principal e intereses); (ii) activos financieros a coste (inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, inversiones cuyo valor razonable no pueda estimarse con fiabilidad, etc.); y (iii) activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias (todos los demás). Estas son las mismas tres categorías (con matizaciones) que se venían incluyendo en el PGC de pequeñas y medianas empresas desde 2007.

Por tanto, desaparecerían del PGC, entre otras, las categorías de activos financieros mantenidos hasta vencimiento (pasarían a considerarse activos financieros a coste amortizado) y, destacadamente, la de activos financieros disponibles para la venta. Como consecuencia de ello, las empresas no financieras dejarían de registrar en sus cuentas anuales individuales las variaciones de valor de inversiones no especulativas ni de control contra patrimonio neto, como venían realizando desde 2008. Estas variaciones pasarían a imputarse a la cuenta de resultados, con el correspondiente impacto en fondos propios y las correspondientes implicaciones tributarias.

En segundo lugar, el ICAC decide no introducir el modelo de pérdida esperada para las empresas no financieras, considerando suficiente el marco que ofrece la resolución de 18 de septiembre de 2013 sobre deterioro del valor de los activos. En consecuencia, se las excluye de las dificultades en la aplicación práctica de las tres fases de deterioro que exige la NIIF 9 y, en particular, del análisis de los indicios de un aumento significativo de los riesgos de crédito.

En tercer lugar, la contabilización de las coberturas contables en el PGC se adecua al modelo internacional, dándole mayor flexibilidad. Así, se incrementan los posibles instrumentos de cobertura y partidas cubiertas y se suprimen los umbrales del análisis cuantitativo acerca de la eficacia retroactiva de la cobertura, entre otras cuestiones.

La entrada en vigor de estas novedades se espera para el primer ejercicio que se inicie a partir de 1 de enero de 2020. El régimen transitorio previsto permitiría aplicar los nuevos criterios de forma retroactiva o bien, con carácter opcional, de forma prospectiva, en ambos casos con ajustes contra reservas. En cuanto a las coberturas contables, las nuevas normas se aplicarían de forma prospectiva, si bien se da la opción de seguir aplicando en este punto los criterios de la norma anterior.

Sin duda, una reforma contable relevante para las grandes empresas no financieras que, de aprobarse, deberá ser cuidadosamente analizada en cada caso.