La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible, de reciente aprobación, configura un régimen normativo de utilización del suelo para su aprovechamiento racional, de acuerdo con su función social, en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura.

Cabe resaltar que este nuevo texto normativo se vertebra en torno al concepto de sostenibilidad, estableciendo en su articulado unos criterios de Ordenación Sostenible como piedra angular sobre la que se apoyan las bases de un verdadero planeamiento sostenible, donde se relacionan una serie de condicionantes de carácter normativo y regulatorio en aras de impulsar un modelo territorial y urbano equilibrado. Reflejo de lo anterior son algunos de los principios que inspiran la mencionada ley que recoge, entre otros, el principio de urbanismo inclusivo y sostenible, el impulso de la economía verde y circular para alcanzar una mayor eficiencia energética y el refuerzo de la autonomía municipal.

Extremadura incorpora así, a través de esta disposición, diversas novedades entre las que se encuentran medidas concretas sobre perspectiva de género o herramientas con el objetivo de simplificar la gestión en atención a los municipios pequeños que representan la mayor parte del territorio. También se persigue una mejor comprensión del concepto de vivienda, con especial énfasis en la vivienda protegida y se desarrolla por primera vez una regulación específica de los derechos de las personas titulares de la propiedad del suelo rústico y de sus respectivos deberes.

Se configura también como instrumento interpretativo las denominadas Normas Técnicas de Planeamiento para la clarificación de las disposiciones contempladas en la Ley en aras del cumplimiento efectivo de la misma. Estas normas, de redacción posterior, deberán ser consensuadas entre las Consejerías competentes en materia de Medio Ambiente, Patrimonio y Cultura y de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Así, servirán a modo de guía para la interpretación de las cuestiones relativamente novedosas como la participación ciudadana, la perspectiva de género aplicada al urbanismo, o la aplicación práctica de la estrategia europea del paisaje.

Todo ello a través de una planificación territorial mediante la organización y regulación de la ocupación, transformación y utilización del suelo natural, en desarrollo de las políticas social, ambiental y económica, según el principio de desarrollo sostenible.