El día 18 de enero de 2018, el Congreso Nacional de Honduras, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, aprobó en su totalidad el texto del nuevo Código Penal Hondureño, bajo el número de decreto 130-2017, quedando únicamente pendiente la sanción del Poder Ejecutivo y su publicación en el diario oficial “La Gaceta” y una vacatio legis de seis meses a partir del momento de la misma.

Este nuevo Código Penal propone, entre otras cosas, clasificaciones más sencillas de los delitos, faltas y penas, la consolidación de diversos tipos penales dispersos en múltiples leyes especiales y la adición de nuevas figuras delictivas como los delitos asociados a la seguridad de las redes y sistemas informáticos o la corrupción entre particulares, inexistentes en el Código Penal vigente de 1983.

Dentro de los diversos cambios planteados por el nuevo Código Penal destaca especialmente la mención de la responsabilidad penal para las personas jurídicas. Dicha figura representa una declaración de intenciones del legislador hondureño y una respuesta a las obligaciones internacionales surgidas de diversos convenios suscritos por el Estado de Honduras donde resulta evidente la creciente participación de personas jurídicas, independientemente de su fin o naturaleza, en actividades ligadas a la criminalidad organizada.

Esta moderna noción legal está inspirada en corrientes doctrinarias del derecho anglosajón y continental europeo, donde en reiteradas ocasiones se ha reconocido la participación de sociedades mercantiles o de organizaciones sin fines de lucro en acciones criminales tan diversas como el fraude, lavado de activos, contaminación ambiental, contrabando o defraudación fiscal entre otras, con la consiguiente responsabilidad penal asociada a estas conductas.

En el caso que nos ocupa, las consecuencias legales para las personas jurídicas son amplias e incluyen, según la gravedad de los hechos probados, la imposición de multas, suspensión de las actividades que provocaron el delito, clausura de locales, intervención judicial hasta su disolución.

Lo anterior plantea a las personas jurídicas la necesidad de contar con mecanismos efectivos, oportunos y disuasivos para prevenir el delito, de tal suerte que tomen una postura proactiva evaluando las actuaciones de todos sus colaboradores, directores o representantes, así como también de liderar con ética y liderazgo dentro de sus respectivos rubros, lo que sin duda contribuirá a aumentar el prestigio de su nombre, dentro y fuera de Honduras.

El incumplimiento de estas normas supone para las personas jurídicas involucradas, en especial las sociedades mercantiles, el peligro de caer en incumplimientos contractuales; las demandas por parte de terceros; el desplome del valor de sus acciones; y, el inminente impacto negativo en su reputación.