El sábado 8 de abril fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Orden ETU/315/2017, de 6 de abril, por la que se regula el procedimiento de asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, convocada al amparo del Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, y se aprueban sus parámetros retributivos.

Como ya señalábamos en nuestra nota «Energías renovables: el Gobierno da el primer paso para la esperada “subasta”»1, esta orden constituye el segundo de los instrumentos normativos requeridos para la celebración de la subasta de capacidad renovable. Tal instrumento se inició con el Real Decreto 359/2017 y concluirá con la correspondiente resolución (o resoluciones) de la Secretaría de Estado de Energía en la que se detallará tanto la fecha en que tendrá lugar como el procedimiento por el que se regirá la subasta, cuyas líneas principales quedan definidas en la orden que ahora nos ocupa.

Como es sabido, el objeto de la subasta es la adjudicación de hasta 3000 MW de capacidad renovable a instalar con derecho a la percepción del régimen retributivo específico. Los participantes en la subasta ofertarán reducciones porcentuales sobre el parámetro retributivo «valor estándar de la inversión inicial» de la instalación tipo de referencia, valor que aparece establecido en la Orden ETU/315/2017 en relación con las distintas tecnologías incluidas en al ámbito de esta norma.

En relación precisamente con las tecnologías a las que se dirige la subasta, la orden distingue tres grupos diferenciados y establece una instalación tipo de referencia para cada uno de ellos: tecnología eólica, tecnología fotovoltaica y resto de tecnologías renovables. No obstante, finalmente se ha optado por diseñar un procedimiento tecnológicamente neutro, es decir, no se asigna un porcentaje o cupo de capacidad a las distintas tecnologías que se engloban en el concepto de renovable —categoría b del artículo 2.1 del Real Decreto 413/2014—, sino que la potencia se asignará a aquellos participantes cuyas ofertas impliquen un menor sobrecoste unitario para el sistema, con independencia de la tecnología a que vaya referida la oferta.

Para determinar el sobrecoste unitario de cada oferta, se calculará en primer lugar la retribución a la inversión que resulte de la aplicación del porcentaje ofertado de reducción de la inversión inicial y de los parámetros retributivos establecidos en la orden, calculándose el sobrecoste unitario para el sistema como el cociente entre dicha retribución a la inversión y el número de horas equivalentes de funcionamiento de la instalación tipo de referencia que corresponda.

Las ofertas se ordenarán —sin tomar en consideración la tecnología a las que se refieren— por orden creciente de sobrecoste unitario y se adjudicará la potencia a las ofertas que impliquen menor sobrecoste para el sistema eléctrico hasta llegar a aquella cuya estimación implicaría sobrepasar el límite que haya sido fijado en la correspondiente subasta; dicha oferta se desestimará y todas las que hubieran quedado ordenadas por detrás de ella. La última de las ofertas que hubiere resultado adjudicataria será la que determinará el valor del sobrecoste unitario marginal.

Una vez asignada la capacidad, la orden describe el conjunto de trámites que culminará con la asignación del régimen retributivo específico de las instalaciones en que se materializará dicha asignación de capacidad. Así:

a) Los adjudicatarios dispondrán de un plazo de cuarenta y cinco días hábiles desde la fecha de publicación de la adjudicación en el Boletín Oficial del Estado para presentar la solicitud de inscripción en el Registro de Régimen Retributivo Específico en Estado de Preasignación; habrán de aportar en ese momento el justificante de haber constituido una garantía de 60 €/kW por la potencia cuya inscripción se pretende.

b) En la solicitud a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior no será necesario identificar la o las instalaciones en las que se vaya a hacer uso de la capacidad adjudicada: dicha identificación deberá efectuarse dentro de los seis meses siguientes a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la resolución por la que se inscriban en el Registro de Régimen Retributivo Específico en Estado de Preasignación las ofertas adjudicatarias. Evidentemente, los proyectos identificados en los que se pretenda materializar la capacidad adjudicada deberán ser de la tecnología y subgrupo correspondiente a aquel respecto del que se efectuó la oferta que resultó adjudicataria.

Una vez expirado el plazo de seis meses al que se ha hecho referencia, la Dirección General de Política Energética y Minas procederá a liberar parcialmente la garantía constituida por la potencia adjudicada y correctamente identificada, por un importe de 12 €/kW. La no identificación de los proyectos en el citado plazo de seis meses implicará el inicio del procedimiento para la ejecución de la garantía por el importe de 60 €/kW en relación con aquella potencia que no hubiera sido debidamente identificada.

c) Transcurridos doce meses desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado de la adjudicación para presentar la solicitud de inscripción en el Registro de Régimen Retributivo Específico en Estado de Preasignación, debe aportarse la autorización administrativa de cons- trucción o documento equivalente de las instalaciones correspondientes a los proyectos que hubieran sido identificados previamente.

Con la aportación de esta autorización administrativa de construcción o documento equivalente, la Administración procederá a cancelar la garantía constituida por un importe de 18 €/kW sobre los que haya recaído autorización . La no justificación de esta autorización en el citado plazo de seis meses implicará el inicio del procedimiento para la ejecución de la garantía por importe de 18 €/kW.

d) Los proyectos deberán, antes del 31 de diciembre del 2019, 1) estar completamente finalizados; 2) haber obtenido la inscripción con carácter definitivo en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, y 3) haber comenzado a verter energía eléctrica, pudiendo solicitar la inscripción en el Registro de Régimen Retributivo Específico en Estado de Explotación hasta el 31 de enero del 2020.

El incumplimiento del plazo implicará la ejecución de las garantías vigentes en ese momento y la pérdida de los derechos asociados a la inscripción en el Registro de Régimen Retributivo Específico en Estado de Preasignación (esto es, el derecho a la retribución específica que correspondiera).

Es importante señalar que la orden excluye la posibilidad de cambio de titular de la instalación una vez que ésta haya sido inscrita en el Registro de Régimen Retributivo Específico en Estado de Preasignación (sí se permite ese cambio hasta dicho momento). Este aspecto deberá ser tenido en cuenta por los adjudicatarios de la subasta que pretendan estructurar su inversión a través de vehículos constituidos al efecto o, en todo caso, mediante entidades distintas a aquella que participó en la subasta.

Nos encontramos, en definitiva, ante un procedimiento complejo y unos plazos realmente exigentes (de celebrarse la subasta en junio de este año, entre dicha celebración y la obligación de que la instalación esté plenamente completada transcurrirán solo treinta meses) que conllevarán sin lugar a dudas que buena parte de los participantes en la subasta lo hagan con proyectos en mayor o menor grado de desarrollo (nunca concluidos, puesto que la subasta va dirigida precisamente a nuevos proyectos, como ya señalamos en nuestra nota «Energías renovables: el Gobierno da el primer paso para la esperada “subasta”».