El Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de noviembre, mediante Acuerdo, la propuesta conjunta de los Ministerios de Medio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de Industria, Energía y Turismo, y de Economía y Competitividad, en relación con la asignación final gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (EUA) a todas las instalaciones industriales de la UE sujetas al régimen del comercio de derechos de emisión (EU ETS) para el periodo 2013-2020.

Se recuerda que las Propuestas nacionales de asignación provisional fueron remitidas por cada uno de los Estados Miembros (EEMM) a la Comisión antes de junio 2012. Tras su evaluación, la Comisión ha aplicado a dichas asignaciones provisionales, en la asignación definitivamente aprobada mediante su Decisión de 5 de septiembre de 2013, un factor de corrección intersectorial junto con un factor de reducción lineal anuales a la baja sobre la totalidad de la cantidad anual de derechos de emisión a expedir a partir de 2013, recortando, consecuentemente, la asignación provisional individual primeramente adoptada por los EEMM.

Click here to view table.

Obviamente, los sectores industriales han rechazado tal recorte y su legitimidad al considerar que los factores de corrección se han aplicado en bloque a todas las instalaciones y sectores, sin tener en cuenta criterios distintivos que conllevaron su asignación sectorial, como, entre otros, el benchmarking de cada sector o sus potenciales de reducción.

No obstante, se debe tener en cuenta que ya la propia Directiva 2003/87/CE, de 13 de octubre de 2003, por la que se modificó las reglas del EU ETS, preveía la aplicación de tales factores de corrección a la baja por parte de la Comisión, si, tras la evaluación, ésta considerara que la suma de todas las asignaciones preliminares de todas las instalaciones de todos los Estados miembros supera el límite de asignación gratuita establecido.

Por tanto, lo criticable, legalmente, de dicha Decisión no es la aplicación de ambos factores de reducción y de corrección por parte de la Comisión, sino el hecho de que no se ha sometido a información pública ni ha consulta los cálculos y criterios que han determinado dichos porcentajes.

Así las cosas, las acciones o estrategias nacionales contra la asignación se están valorando, de forma que, o bien determinados sectores industriales se están agrupando a fin de recurrir, conjuntamente, los acuerdos de aprobación nacional frente a sus tribunales nacionales, para que éstos, a su vez, sometan cuestión prejudicial, al efecto, ante el Tribunal de Luxemburgo (en Holanda, por ejemplo); o bien determinados gobiernos están estudiando, como Estado, la posibilidad de ir contra la Decisión por la que se aprueba la asignación 2013-2020.

Con todo, la aplicación de tales recortes y la consiguiente disminución de derechos de emisión de la asignación gratuita adoptada para los sectores industriales es una medida más en línea con las distintas propuestas adoptadas por la Comisión de retraer del EU ETS una suma significativa de EUA (backloading).

De hecho, el PE, en sesión plenaria, acaba de aprobar, el 10 de diciembre de 2013, la propuesta de la Comisión de detener de la subasta 900 millones de derechos de emisión con el objetivo de incrementar su precio y animar a las compañías a invertir en tecnologías con bajo nivel de emisiones.

Como próximo paso, el Consejo de la UE debe pronunciarse sobre este texto durante su reunión de los días 16 y 17 de diciembre. Una vez aprobado, la Comisión podrá tomar las medidas necesarias para corregir el mercado gracias a los poderes que le serán delegados al efecto.