El Congreso de Estados Unidos aprobó la semana pasada una resolución que permitirá a los proveedores de Internet trasferir los datos de sus usuarios, como los historiales de búsqueda o la localización salvo que el consumidor pida expresamente su no divulgación.

La aprobación de esta norma conllevará la derogación del anterior régimen, en el que únicamente se permitía comercializar dicha información si se obtenía el permiso expreso de los clientes. Además, se exigía a los proveedores que se informara y se especificara a los consumidores, con carácter previo, del tipo de datos recabados y el destino final de los mismos.

La reciente aprobación ha suscitado gran revuelo entre la población estadounidense que ha quedado dividida. La posición contraria a esta nueva regulación la manifestó el pasado martes el congresista John Lewis al declarar: “Los datos de los usuarios pertenecen a los consumidores, no a los proveedores, y nunca deberían ser vendidos para el beneficio de las grandes operadoras.”

Asimismo, también han tomado partido las asociaciones de defensa de los derechos civiles, que afirmaron que la anulación de la anterior normativa permitirá la difusión incontrolada de datos personales, como el historial de navegación, que pueden revelar creencias religiosas, pertenencias políticas, orientaciones sexuales, estado de salud o informaciones geográficas de los usuarios.

Esta nueva regulación choca con los principios que rigen la normativa europea de protección de datos, basada en la obtención del consentimiento de los afectados. Además, el nuevo Reglamento Comunitario de Protección de Datos, cuya plena entrada en vigor tendrá lugar en mayo de 2018, refuerza la necesidad de obtener el consentimiento para la recogida, tratamiento y cesión de datos a terceros.