1. El caso planteado

El Grupo Interconomía contrató los servicios de una entidad mercantil, involucrando directa y personalmente a su apoderado (conocido profesional del sector) para ampliar actividades. El contrato tenía una duración de cinco años (2005-2010) y una cláusula penal que conviene leer con detalle1.

Tras año y medio de vigencia, Intereconomía  extingue el contrato y ofrece al Gestor un contrato laboral de alta dirección (con remuneración anual de una quinta parte de la precedente); éste lo rechaza y reclama el pago de la "pena de arrepentimiento".

  1. Criterio del Tribunal Supremo

La STS (Civil) 1513/2013 de 14 marzo 2013 (Ponente Sr. O’ Callaghan Muñoz) entiende que: 1º) La extinción del contrato se justifica por la pérdida de confianza y la deficiente actuación del Gestor. 2º) Sería un insulto a la buena fe premiar a un Gestor que ha prestado servicios para empresas de la competencia. 3º) No puede aceptarse el juego de la cláusula penal. 4º) Aunque “no se trata, pues, de la validez de una cláusula penal, puesta al amparo del principio de la autonomía de la voluntad”, acaba declarando su inaplicación.  

Un Voto Particular (Sr. Castán Marín) entiende que 1º) El contrato contenía previsiones para la extinción anticipada por parte del Gestor y no había desequilibrio. 2º) El Grupo no estaba en disposición real de ampliar actividades y el Gestor colaboró en algún programa radiofónico de aquél, sin que se le requiriera nada más. 3º) La pérdida de confianza no es causa de resolución justificada en un contrato temporal, ni se adujo una concreta razón para extinguirlo, ni eso casa con el ofrecimiento profesional ulterior, ni el Gestor intentó utilizar en su favor la cláusula penal. 4º) Procedía aplicar la cláusula penal modulada equitativamente (vinculación breve, pluriempleo).  

  1. Apuntes a la Sentencia  
  • La Sala Primera (sin aludir a levantamiento del velo, carácter instrumental de la sociedad contratada, entidad interpuesta, u otras figuras) en todo momento aborda el problema suscitado presuponiendo que existe un compromiso personal de prestación de actividad.  
  • Habida cuenta de que al contrato de alta dirección se le aplica de forma supletoria la legislación civil y mercantil, no es descartable la influencia de este pronunciamiento en el ámbito de los altos cargos laborales.  
  • La sentencia resalta lo desequilibrado que queda un “contrato blindado” cuando, en caso de ruptura anticipada por la contraparte, solo prevé beneficios para el prestador de los servicios y no viceversa. ¿Tiene que haber un equilibrio, precisamente, en la propia cláusula penal? ¿No cabe que se compensen unas previsiones con otras? ¿No surge el contrato porque ambas partes valoran su globalidad?  
  • El blindaje pactado operaba al margen de la causa invocada para la extinción, pero a la hora de aplicarlo el Tribunal sí la examina. ¿En qué medida las cláusulas penales que no diferencian causalidad en el hecho causante de su aplicación han de reexaminarse introduciendo esa variante?  
  • La pérdida de confianza suele justificar el desistimiento en los negocios jurídicos de carácter privado que poseen duración indefinida. En el contrato de alta dirección el desistimiento genera una compensación económica tasada (normativa o pactada); el despido (disciplinario) justificado no genera indemnización alguna.  
  • Sorprende la falta de un examen sobre el verdadero significado de la cláusula de blindaje, teniendo presente todos los criterios hermenéuticos que el Código Civil y a Jurisprudencia marcan.  
  1. Recomendaciones prácticas  

Primera. Examinemos bien los arrendamientos de servicios personales canalizados a través de sociedades mercantiles (al margen, de las consecuencias fiscales).  

Segunda. Motivemos la introducción de las cláusulas de blindaje (ejecutivos, deportistas, altos cargos, etc.), incluyendo las contraprestaciones o equilibrios que las sustentan.  

Tercera. Documentemos bien la conducta de las partes durante el desarrollo del contrato, pues influye en que el importe de una cláusula penal sea considerado indebido, excesivo o adecuado.  

Cuarta. Examinemos pormenorizadamente, ante cada supuesto de blindaje contractual, el íntegro contenido de los derechos y obligaciones.  

Quinta. En caso de contienda judicial, la práctica de una concienzuda prueba sobre lo acaecido constituye una necesidad, por más que el tenor de lo pactado respalde la propia posición.  

Sexta. Si quiere subordinar la procedencia de la penalización a la terminación indebida del contrato por parte del deudor, convendrá precisar si la existencia de una “justa causa” para poner fin a una duración continuada legitima el desistimiento por parte de la empresa, y si la pérdida de confianza es una justa causa.  

Séptima. Llegado el caso, o bien las partes intentan escapar del pago de la penalidad mediante la alegación de que existe justa causa o bien convienen en que ése es “precisamente” el precio que la empresa ha de pagar por disponer del privilegio de terminar el contrato por pérdida de confianza.