En cinco sentencias de los días 25 y 26 de febrero del 2019, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la validez inculpatoria, en un procedimiento sancionador administrativo, de las pruebas obtenidas accidentalmente con ocasión de una inspección que tuviese otra finalidad.

La doctrina sobre el hallazgo casual alude a un hallazgo de material probatorio que se produce de manera imprevista y fortuita en el curso de una inspección efectuada en virtud de una orden de investigación dictada con una finalidad distinta. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, condensada en la Sentencia de 6 de abril del 2016 (rec. núm. 113/2013), la habilitación para la entrada y registro y su práctica en forma idónea y proporcionada permite que un hallazgo casual pueda ser utilizado de modo legítimo para una actuación sancionadora distinta sin que pueda invocarse por ello una lesión del derecho a la inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2 de la Constitución española (CE).

El Tribunal Supremo ha incidido ahora en esta doctrina mediante cinco sentencias dictadas sobre cuestiones análogas (recs. núms. 6461/2017, 6696/2017, 578/2018, 2593/2018 y 241/2019). El día 12 de febrero, la Sala deliberó conjuntamente cinco recursos de casación interpuestos por empresas recuperadoras de papel sancionadas por prácticas anticompetitivas relacionadas con los residuos de papel cartón por una misma resolución de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) frente a sendas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Las sentencias objeto de recurso rechazaron la violación del derecho de defensa por haberse incorporado al expediente sancionador información recabada en una inspección domiciliaria llevada a cabo con distinto objeto (residuos sanitarios), con infracción de lo dispuesto en el artículo 13.3 del Reglamento de Defensa de la Competencia. La orden de registro permitía recabar pruebas sobre las posibles prácticas competitivas en el mercado de tratamiento de residuos sanitarios o de «tratamientos de residuos de otro tipo» y, si bien las sentencias de la Audiencia Nacional reconocían que la entrada domiciliaria se acordó para recabar pruebas sobre un tipo específico de residuos que era distinto del que dio lugar a las actuaciones y que la fórmula empleada por la autoridad de la competencia adolecía de una «extremada vaguedad», declararon que esta circunstancia carecía de eficacia invalidante por aplicación de la citada doctrina sobre el hallazgo casual.

Esta interpretación es corregida, sin embargo, por las sentencias del Tribunal Supremo. En ellas se afirma, en primer lugar, que, tal como resulta de abundante jurisprudencia anterior, la orden de investigación no resultaba aceptable en cuanto al inciso referido a «tratamientos de residuos de otro tipo», pues esa mención genérica no cumple los requisitos de concreción y especificidad exigibles a las órdenes de investigación, en particular, teniendo cuenta que los de recogida y tratamiento de residuos sanitarios son ámbitos de mercado distintos de los de recogida y tratamiento de otras clases de residuos.

Por ello, la entrada domiciliaria sólo debía considerarse válidamente acordada para recabar pruebas sobre un tipo específico de residuos: los sanitarios. Siendo así, el Tribunal Supremo entiende que no cabe afirmar, como hacían las sentencias de instancia, que dicha circunstancia carecía de relevancia por aplicación de la doctrina del hallazgo casual.

Recuerdan así las sentencias que, conforme a dicha doctrina, para que el material probatorio pueda ser utilizado de forma legítima, es necesario que el hallazgo se produzca con ocasión de una entrada y registro que cuente con la necesaria habilitación y se desarrolle de forma idónea y proporcionada. Pues bien, tales exigencias no se cumplían en el caso de autos desde el momento en que la orden de registro carecía, por su excesiva vaguedad, de virtualidad habilitante.

De esta forma, por aplicación de la doctrina del hallazgo casual es válido un hallazgo producido accidentalmente con ocasión de una inspección que tuviese otra finalidad, pero nunca será válido un hallazgo producido al amparo de una orden de registro viciada —como ocurre en este caso— por su excesiva generalidad y que carece por ello de virtualidad habilitante.

Las sentencias declaran, por consiguiente, que la resolución sancionadora se basa en un material probatorio que no ha sido obtenido de forma ajustada a derecho, por lo que estiman el recurso y disponen que, una vez casada la sentencia de instancia, procede la estimación del recurso contencioso-administrativo y la anulación de la resolución sancionadora de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.