El 02 de abril de 2019 la Asamblea Legislativa de El Salvador, aprobó la nueva Ley Especial de Migración y Extranjería, la cual entro en vigencia el 14 de mayo del presente año, por lo que las autoridades de Gobierno han comenzado con su aplicación y adecuación de los procesos y requisitos según la nueva Ley. 

La Ley tiene como objeto garantizar un eficaz ordenamiento migratorio regulando la entrada y salida de nacionales y extranjeros del territorio nacional; y como finalidad busca garantizar los derechos y establecer las obligaciones de las personas nacionales y extranjeras por medio de procedimientos agiles, eficaces y eficientes. Asegura además la protección, promoción y respeto de los Derechos Humanos de las personas migrantes y de sus familias, así como de garantizarles un trato digno y justo sin importar su condición migratoria. Se unifico en un solo cuerpo legal los diferentes aspectos en materia de migración y de extranjería. Con esta nueva ley, se reemplazaron 4 leyes que anteriormente regulaban las facultades de la Dirección General de Migración y Extranjería. 

La Ley tiene como objeto garantizar un eficaz ordenamiento migratorio regulando la entrada y salida de nacionales y extranjeros del territorio nacional...

La nueva Ley contribuye a la seguridad del país, moderniza el servicio migratorio y fomenta la inversión extranjera, teniendo dentro de sus principales beneficios las mejoras a los procesos de servicios migratorios mediante la simplificación de trámites y la coordinación interinstitucional. Buscar ser un instrumento por medio del cual se logren abreviar los procesos de naturalización, nacionalización, expedición de documentos de viaje y residencia, acortando en muchos casos los plazos para su obtención y asegurando una tramitación más eficiente y ordenada. 

Otro aspecto relevante de la nueva Ley es que plantea la creación de un Concejo Consultivo de Migración y Extranjería, que funcionará como asesor directo y de consulta de la Presidencia de la República. Dicho concejo será conformado por representantes de los Ministerios de Justicia y Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social; y por un miembro de los Consejos Nacionales de la Niñez y la Adolescencia, contra la Trata de Personas, y el de la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia. 

Se contempla además el otorgamiento de nuevas residencias y visas de ingreso por temas de inversión, negocios, viajeros frecuentes, representantes comerciales, temas humanitarios, estudios, e incluso por razones médicas. Asimismo, se han categorizado las infracciones migratorias como leves, graves y muy graves, estableciendo como sus respectivas sanciones, multas que pueden oscilar entre el veinte por ciento de un salario mínimo mensual vigente del sector comercio y servicio hasta la aplicación de veinte salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicio, la deportación o expulsión del territorio nacional, con lo que se busca asegurar el cumplimiento de la ley e incentivar la permanencia legal dentro del territorio salvadoreño.