El pasado 4 de octubre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”), resolvió el amparo en revisión 1214/2016, en el que declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) para bloquear cuentas bancarias de contribuyentes por presuntas operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, previo al desarrollo de un procedimiento administrativo.

El asunto se originó cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) de la SHCP incluyó a la empresa quejosa en la lista de personas bloqueadas, lo que tuvo como consecuencia que se congelaran todas sus cuentas, y que se le prohibiera la apertura de nuevas cuentas o la cancelación de las cuentas vigentes.

Tanto en el amparo como en la revisión, la quejosa argumentó medularmente que el bloqueo de las cuentas sin notificación previa, vulneraba su derecho a la presunción de inocencia y su derecho de audiencia.

En primera instancia, el Juez de Distrito consideró que estos derechos no habían sido vulnerados, pero en la revisión ante la SCJN se revirtió la sentencia de primera instancia y se concedió el amparo a la empresa quejosa en contra de dicha norma general, por considerarla inconstitucional.

Lo anterior constituye un precedente relevante en materia de investigaciones por presuntas operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pues limita constitucionalmente una de las herramientas más efectivas, pero también más discrecionales, de la SHCP en la materia.