Una modificación legal, admitida ya por el gremio hotelero del país, podría ser la clave para normalizar las actividades de Airbnb en Panamá. El istmo es el tercer mercado por importancia en América Central para la plataforma, después de Costa Rica y Guatemala. Solo en 2.017, 100.000 visitantes se alojaron en apartamentos ofrecidos por esta plataforma. Según cifras de Airbnb, actualmente ofrecen 3.800 inmuebles en el Panamá, de los cuales la mitad están en la capital. Se calcula que los propietarios ingresaron 2.000 dólares de media cada uno el año pasado. Para Shawn Sullivan, Director de Políticas Públicas de Airbnb para Centroamérica y el Caribe, la plataforma puede contribuir al crecimiento del turismo panameño en un 20-30% en dos años.

Airbnb, presente en 192 países, ha sido el eje de diversas reuniones entre el ministro de Turismo, Gustavo Him, y los empresarios hoteleros, quienes han calificado a la plataforma como “competencia desleal” y la sitúan fuera de los requerimientos del artículo 21 de la Ley 80, del 8 de noviembre de 2012, que prohíbe el alquiler de viviendas por menos de 45 días a quienes no cuenten con permiso de alojamiento público turístico en el distrito de Panamá.

La reforma, aún por implementar, llevaría a que Airbnb recaude directamente el impuesto del visitante y lo entregue al Gobierno; tras poner de manifiesto la plataforma que, por razones técnicas, no puede recaudar el ITBMS, tributo de valor agregado. Se trataría de un acuerdo entre Airbnb y el Estado de Panamá que pasaría por eliminar el límite de los 45 días y, en la práctica, sería similar a otros ya vigentes en otras jurisdicciones y que funcionan satisfactoriamente. Airbnb ha propuesto que lo recaudado vaya al fondo de promoción turística.

Empresas como Airbnb, Uber o HomeAway, son las caras más visibles de la economía colaborativa, actividades de tipo económico y base tecnológica que permiten a los usuarios acceder al uso de bienes o servicios de particulares, no dados de alta en registros tributarios como prestadores. Aunque alojamiento y transporte son las actividades donde más populares son las aplicaciones informáticas de este tipo, estos nuevos modelos basados en la desintermediación a través de plataformas electrónicas también operan ya de forma destacada en los sectores de alimentación, logística, educación, financiación de proyectos, energía, y salud, entre otros.

Se trata de un sector en auge que plantea problemas de calificación jurídico-tributaria.

El volumen de negocio que mueve la economía colaborativa se situaba a finales de 2017 en 15.000 millones de dólares, según un estudio de PwC, y se prevé que alcancen los 570.000 millones de dólares en 2025. Este tipo de economía está suponiendo una disrupción frente a los modelos de negocio conocidos, ya que la mayor parte de los participantes actúan de modo esporádico, ofreciendo sus bienes o servicios saltuariamente, y por cortos períodos temporales La economía colaborativa y los esquemas regulatorios tradicionales, , suponen un desafío para las Administraciones de los países y para los abogados de encontrar la armonía de leyes aplicables a cada parte.