El Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiona la compatibilidad con la Directiva matriz-filial de un precepto fiscal belga en virtud del cual los intereses pagados por una sociedad matriz para su financiación no son deducibles hasta un importe igual al de los dividendos —que disfrutan de deducibilidad fiscal— percibidos por sus participaciones en filiales de una duración inferior a un año, aun cuando dichos intereses no estén vinculados a la financiación de tales participaciones.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 26 de octubre del 2017 (as. C-39/16), analiza la compatibilidad con la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, de un precepto concreto de la legislación belga —específicamente, el artículo 198, punto 10, del Código de Impuestos sobre la Renta de 1992— cuya aplicación por parte de la Administración tributaria trató de privar a una sociedad matriz —entidad de crédito belga— de la posibilidad de deducir determinados intereses.

En este caso, la entidad afectada percibió, durante dos ejercicios, dividendos derivados de parti‑ cipaciones en empresas belgas y de otros Estados miembros de la Unión Europea que, en algunos casos, poseía desde hacía menos de un año y, en otros casos, desde hacía más de un año en el momento del pago de tales dividendos. Por todas esas rentas la entidad disfrutó, en aplicación de la legislación belga, de una deducción del 95 % de su importe. 

Por otra parte, y dada la condición de entidad de crédito de la matriz, durante esos ejercicios ésta también abonó intereses —reflejados en la cuenta de resultados de esta entidad bajo la partida «gastos de intereses y otros gastos análogos»—, intereses que correspondían a una serie de pro‑ ductos de ahorro abiertos por la entidad para sus clientes y que, por tanto, no estaban vinculados a la financiación de las participaciones que dieron lugar al pago de dividendos, por lo que proce‑ dió a deducirlos como gastos profesionales.

La Administración tributaria consideró que dicha deducción no era oportuna, y ello sobre la base de un precepto de la legislación belga en el que se establece que los intereses pagados por una sociedad matriz para su financiación no son deducibles hasta un importe igual al de los dividen‑ dos —que disfrutan de deducibilidad fiscal—, percibidos por sus participaciones en filiales de una duración inferior a un año, aun cuando dichos intereses no estén vinculados a la financiación de tales participaciones.

De acuerdo con lo anterior, la Administración giró dos liquidaciones complementarias a la en‑ tidad añadiendo, en concepto de «gastos no admitidos», los intereses que entendió como no deducibles al no haberse respetado el referido límite, actos administrativos que fueron recurri‑ dos por la entidad sobre la base de que la citada normativa belga se opone al artículo 4.2 de la Directiva 90/435.

Pues bien, la cuestión terminó sometiéndose al juicio del Tribunal de Justicia de la Unión Euro‑ pea que, en su argumentación, comenzó invocando el tenor literal del artículo 4, en su aparta‑ do 1, de la Directiva 90/435, donde se dispone que, cuando una sociedad matriz reciba, en cali‑ dad de socio de su sociedad filial, beneficios distribuidos por ésta, el Estado de la matriz, o bien se abstendrá de gravar dichos beneficios, o bien autorizará a dicha sociedad matriz a de‑ ducir de la cuantía de su impuesto la fracción del impuesto de la filial correspondiente a dichos beneficios y, en su caso, la cuantía de la retención en origen percibida por el Estado miembro de residencia de la filial, dentro de los límites del importe del impuesto nacional correspondiente.

A partir de lo anterior, el tribunal analiza lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 4, en el que se confiere a los Estados miembros, con carácter excepcional, la facultad de prever que los gastos que se refieren a la participación y las minusvalías derivadas de la distribución de los beneficios de la sociedad filial no sean deducibles del beneficio imponible de la sociedad matriz. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta, tal y como destaca el tribunal, que la formula‑ ción de este precepto es clara e inequívoca, en el sentido de que permite a un Estado miembro excluir la deducibilidad del beneficio imponible de una sociedad matriz únicamente respecto a «los gastos que se refieren a la participación» de ésta en el capital de una sociedad filial, pero no permite excluir tal deducibilidad cuando se trata de todos los intereses por préstamos celebrados por una sociedad matriz hasta un importe equivalente al de los ingresos generados por sus participaciones en sus filiales. 

Así pues, la facultad que el citado apartado 2 reconoce a los Estados miembros trata de impedir que la matriz se beneficie de una doble ventaja fiscal derivada, por una parte, de los beneficios exentos de impuesto en virtud del apartado 1, primer guion, del citado artículo 4, y, por otra parte, de la reducción del impuesto obtenida a través de la deducción en concepto de minusvalías de las participaciones resultantes de la distribución de tales beneficios. Pero ello no faculta a los Estados miembros para excluir de manera general y automática la posibilidad de deducir fiscalmente los intereses pagados por una sociedad matriz en concepto de préstamo, en los términos en los que se manifiesta el controvertido precepto de la legislación belga.

Y ello porque de la interpretación conjunta de ambos apartados el tribunal deduce que lo estable‑ cido en el apartado 2 —que debe ser objeto de una interpretación estricta— privaría de efectos a la regla contenida en el apartado 1 si aquél fuese interpretado como una habilitación genérica para que los Estados miembros pudieran oponerse a la deducción de todos los gastos de intereses por préstamos, sin considerar si existe o no vínculo entre éstos y la financiación de la participación que dio lugar al pago de dividendos.

No ha de olvidarse que, aunque es cierto que el principio general del Derecho de la Unión que prohíbe el abuso de derecho, de modo que los justiciables no pueden prevalerse de las normas de la Unión Europea de forma abusiva o fraudulenta, ello no faculta a los Estados miembros a aplicar disposiciones nacionales que vayan más allá de lo necesario para evitar fraudes y abusos.

Todo lo anterior ha conducido al tribunal a concluir que el artículo 4, apartado 2, de la Directi‑ va 90/435 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional con arreglo a la cual «los intereses pagados por una sociedad matriz en concepto de préstamo no son deduci‑ bles del beneficio imponible de esta sociedad matriz hasta un importe equivalente al de los divi‑ dendos, que disfrutan ya de deducibilidad fiscal, percibidos de participaciones de una duración inferior a un año que la sociedad matriz tiene en sociedades filiales, pese a que dichos intereses no estén vinculados a la financiación de las participaciones».