La Dirección General de Tributos analiza de nuevo las consecuencias fiscales que en nuestro ordenamiento jurídico pueden derivarse de la constitución de un trust. A esos efectos, incide especialmente en la necesidad de atender a las características concretas de cada trust, derivadas tanto de la legislación extranjera que les resulte aplicable como de las cláusulas que, en particular, haya podido introducir en el documento fundacional del trust la persona que lo constituye.

La Dirección General de Tributos, en la consulta vinculante V0817‑18, de 26 de marzo del 2018, vuelve a incidir en las consecuencias fiscales que pueden derivarse de la constitución de un trust.

En este caso, la madre del consultante acordó la constitución de un trust en el 2005 con las siguientes características:

a) Irrevocable —por lo que no puede ser modificado, enmendado o revocado—. De todos modos, tal y como se deduce de una de las cláusulas del documento fundacional del trust (letter of wishes) preparado por la constituyente (grantor), dicha irrevocabilidad afecta sólo al valor de lo aportado, de forma que se le reconoce a aquélla la posibilidad de recuperar los bienes aportados al trust, sin necesidad de solicitar ninguna autorización para ello, siempre que simultáneamente sean sustituidos por otros bienes de similar valor.

b) Discrecional —extremo que indica que el gestor del trust (trustee) tiene la facultad de disponer a su libre albedrío de las propiedades del trust a favor de los beneficiarios, lo que incluye decidir cómo y cuándo se distribuyen los rendimientos, e incluso la transferencia de la propiedad de los bienes—.

Básicamente, las cuestiones planteadas en este caso por la consultante se resumen en dirimir si la aportación de los bienes al trust, en este caso en el 2005, ya había producido a efectos fiscales la transmisión de los bienes de la constituyente a los beneficiarios o si, por el contrario, en caso de que en el futuro se formalice una donación de dichos bienes previamente aportados al trust o, en su caso, se produjese el fallecimiento de la constituyente, los beneficiarios que hayan aceptado la donación o fuesen considerados herederos tendrían que liquidar entonces el correspondiente impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Las dudas planteadas a este respecto derivan de la falta de reconocimiento en nuestro país del trust —institución jurídica tradicional y regulada en el Derecho privado de los países del llamado Common Law—, extremo que ha conducido a la Dirección General de Tributos a reiterar en multitud de resoluciones que, a efectos del ordenamiento jurídico español, las relaciones entre los aportantes de bienes y derechos y sus destinatarios o beneficiarios a través del trust se consideran realizadas directamente entre unos y otros, como si el trust no existiese (transparencia fiscal del trust). Esta posición ha llevado a entender —como señala la mencionada Dirección General— que las transmisiones de bienes y derechos al trust por parte de la persona que lo constituye (grantor), así como las transmisiones de bienes y derechos —o de los rendimientos producidos por tales bienes y derechos— ordenados por el gestor del trust (trustee) a favor de los beneficiarios, a efectos del ordenamiento jurídico tributario español, se consideran transmisiones directas del constituyente al beneficiario. Dado que se tratará en general de transmisiones a título lucrativo, estarán en general sujetas al impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, puede sorprender que ahora la Dirección General de Tributos, en la consulta que comentamos, señale que, a falta del reconocimiento de la figura del trust en nuestro ordenamiento jurídico, «en principio, éste se tiene por no constituido, por lo que no surten efectos las relaciones jurídicas reguladas por el mismo».

Sin embargo, estimamos que esta afirmación no implica un cambio de criterio en el parecer del centro directivo. De hecho, similar afirmación se efectuó en consultas como la V1016‑10, de 14 de mayo del 2010, al hilo de un supuesto en el que se había estipulado que la distribución de las rentas o sumas a tanto alzado del trust (sobre cuya tributación se preguntaba) se llevaría a cabo en una fecha futura y a elección del constituyente.

Ciertamente el centro directivo apunta que «en principio» y dada la inexistencia de las institución jurídica del trust en nuestro ordenamiento, éste se tendrá por no constituido, careciendo así de efectos jurídicos. No obstante, dicha afirmación inicial se matiza posteriormente en la línea ya mantenida en otras resoluciones anteriores, pudiendo así considerarse que la propia constitución de un trust tendrá eficacia jurídica directa entre el constituyente y el beneficiario cuando «las facultades de disposición del beneficiario sobre los bienes integrantes del trust [sean] equivalentes a la titularidad sobre dichos bienes». 

Pues bien, tal y como apunta la Dirección General de Tributos, confirmar que concurre este último requisito exige atender a las características concretas de cada trust, derivadas tanto de la legislación que en cada caso resulte aplicable como de las cláusulas específicas que puedan haberse incorporado en el documento fundacional del trust por parte del constituyente.

De ese modo, si tras dicho análisis se confirma que el beneficiario, desde la constitución del trust, cuenta con facultades de disposición sobre los bienes aportados a aquél similares a las que se reconocen por nuestro ordenamiento jurídico a los titulares de dichos bienes, habrá de entenderse que «la transmisión se producirá con motivo de la aportación de bienes al trust», con lo que una posterior donación o sucesión de tales bienes no tendría consecuencias tributarias a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Aplicado lo anterior al supuesto objeto de análisis en la consulta analizada, el centro directivo, sin aportar una solución clara para ese caso, apunta que tanto la irrevocabilidad como el hecho de que coincidan las figuras del gestor del trust (trustee) y del beneficiario en los mismos sujetos pueden ser datos indiciarios de que la transmisión puede haberse producido con motivo de la propia aportación de bienes al trust, extremo que sólo podrá confirmarse tras el análisis de las características concretas de éste.