El objeto del presente recurso contencioso-administrativo es la resolución de 30 de octubre de 2006 del Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía que desestima el recurso de alzada interpuesto por la mercantil actora contra la resolución de la Delegación Provincial en Granada de dicha Consejería, que denegaba la ayuda solicitada por dicha entidad para la reforma y perfeccionamiento del almacén hortofrutícola de su propiedad.

Para la resolución de la litis, la Sala recuerda la doctrina de la Sala 3ª del Tribunal Supremo según la cual «la subvención se configura tradicionalmente como una medida que utilizan las Administraciones Públicas para fomentar la actividad de los particulares o de otras Administraciones Públicas hacia fines de interés general que representa o gestiona la Administración concedente».

Los objetivos de la ayuda pretendida eran: (i) La mejora o racionalización de los procedimientos de manipulación y transformación de productos agrarios y alimentarios y de los canales de comercialización; (ii) La mejora del acondicionamiento y la presentación de los productos agrarios y alimentarios y el fomento de un mejor uso o eliminación de los subproductos o residuos generados en los distintos procesos productivos del sector; (iii) La aplicación de nuevas tecnologías y el fomento de las inversiones innovadoras; (iv) La mejora y control de la calidad y de las condiciones sanitarias; y (v) La protección del medio ambiente fomentando la adaptación ambiental.

En cuanto a los beneficiarios podían serlo aquellas personas físicas o jurídicas, o sus agrupaciones, que ejerzan y asuman las actividades de transformación y comercialización de productos agroalimentarios, sean responsables finales de la financiación de inversiones en empresas cuya viabilidad económica pueda demostrarse y cumplan las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales.

Y eran gastos subvencionables los de construcción y adquisición de bienes inmuebles, exceptuada la compra de terrenos, los de adquisición e instalación de equipos y maquinaria nuevos, incluidos los informáticos y hasta un límite del 12 por ciento de la inversión subvencionada, los gastos generales, tales como honorarios de arquitecto, ingeniero y consultores, estudios de viabilidad, asistencias técnicas, adquisición de patentes y licencias.

La razón de denegación de la ayuda fue la escasez de actividad. Sin embargo, la orden de convocatoria no exigía que el objeto social de los beneficiarios fuese en exclusiva la actividad de transformación y comercialización de productos agroalimentarios lo que, además, no resultaba determinante atendiendo al volumen de actividad que reflejaban los documentos obrantes en los autos.

Por lo tanto, se acoge la tesis de la actora sobre la falta de justificación suficiente de la resolución impugnada, ya que siendo el concepto subvencionable y habiéndose realizado los trabajos y actividades conforme a lo descrito en su solicitud de subvención y sin objeción alguna al cumplimiento de las normas mínimas en materia de medio ambiente, debió concederse sin que las razones esgrimidas en la resolución administrativa impugnada sean acordes a la norma que rige la convocatoria.