Este Proyecto de Real Decreto acomete, de forma anticipada al futuro desarrollo reglamentario del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sec- tor Público, una regulación completa –y con nove- dades de interés- de los recursos administrativos especiales en materia de contratación administra- tiva, como son los que pueden interponerse, en determinados contratos  administrativos,  frente a los anuncios de licitación, pliegos y documen- tos contractuales, actos de trámite cualificados y acuerdos de adjudicación (art. 40 del TRLCSP).

Las numerosas dudas y problemas que ha suscita- do la puesta en práctica de estos recursos adminis- trativos han aconsejado adelantar esta regulación, cuyas principales novedades pueden agruparse en tres partes diferenciadas:

  1. Cuestiones relativas a la composición, constitución y régimen jurídico del Tri- bunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Los preceptos que las regulan se aplican únicamente a este órga- no estatal, pero en él se residencian gran parte de los recursos, dado que, salvo siete Comu- nidades Autónomas que han creado su propio órgano de recursos contractuales (País Vasco, Cataluña, Andalucía, Aragón, Navarra, Madrid y Castilla y León), el resto han optado por suscri- bir un convenio para atribuir al TACRC la com- petencia para resolver los recursos especiales en su ámbito autonómico (conforme a lo pre- visto en el art. 41.3 TRLCSP).
  2. Aspectos  procedimentales  del  recur- so especial en materia de contratación, de las reclamaciones reguladas en la Ley 31/2007, y de la cuestión de nuli- dad. El Proyecto de Real Decreto contiene una regulación detallada y con carácter bá- sico. Pasamos a reseñar las novedades que nos parecen de mayor relieve en relación al recurso especial en materia de contratación administrativa.
  • Se suprime, de facto, la necesidad de anun- cio previo del recurso especial en materia de contratación (art. 441.1 TRLCSP), en cuanto se prevé que “la presentación del escrito de interposición ante el órgano de contratación producirá, además, los efectos del anuncio de recurso” (así lo venía admitiendo ya el TACRC).
  • En cuanto al lugar de presentación del re- curso, y ante las dudas que habían surgido sobre la posibilidad de hacerlo en las oficinas de correos u otros registros administrativos, la norma proyectada aclara que “el recur- so especial en materia de contratación sólo podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del Tribunal compe- tente para resolverlo, según proceda”, de tal forma que su presentación en las ofici- nas de correos o en cualquier otro registro administrativo no interrumpirá el plazo de presentación.
  • Se aclara cómo debe computarse el dies a quo para el cómputo del plazo de presen- tación en varios casos que habían suscitado dudas:
  1. Cuando se interponga contra el anuncio de licitación: a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el DOUE y, cuando la Ley no exija la difusión en este medio, desde el día siguiente a la fecha de publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación.
  2. Cuando se interponga contra los pliegos y demás documentos contractuales: el cómputo se  iniciará,  tal  como  prevé el TRLCSP, a partir del día siguiente a su puesta a disposición por medios elec- trónicos, informáticos o telemáticos. La novedad reside aquí en que el Proyecto de Real Decreto establece la obligación, para los órganos de contratación del sec- tor público estatal, de publicar los plie- gos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, por lo que para estos con- tratos el plazo se computará desde esta publicación.
  3. El criterio que se adopta para aquellos supuestos en los que el acto de exclusión del procedimiento de un licitador se no- tifique antes del acto de adjudicación es muy restrictivo: el recurso deberá inter- ponerse en el plazo de quince días hábi- les a partir del siguiente en que se haya recibido la notificación de la exclusión, y en aquellos casos en que esta notifi- cación contenga “información suficiente para interponer recurso debidamente fundado”, ya no será necesario volver a notificar los actos de exclusión junto con la adjudicación ni se admitirá el recurso por esta causa contra el acto de adjudi- cación. De mantenerse esta previsión, resultaría aconsejable dar a este recurso carácter suspensivo de forma automáti- ca, pues de lo contrario puede suceder que se obtenga una resolución estimato- ria sin el suficiente plazo para que sea tenido en cuenta en la adjudicación.
  4. Se flexibiliza, en cambio, la regla de que los plazos para recurrir comienzan a computarse desde la fecha de la remisión de la notificación (y no de la recepción, como es general en nuestro derecho), con dos previsiones: (i) en los casos de notificaciones defectuosas (que incum- plan los requisitos del art. 58.2 de la Ley 30/1992), el plazo se iniciará desde el momento en que el interesado realice ac- tuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la notificación o interponga cualquier recurso; (ii) aun- que la notificación no fuere defectuosa, se admite que el plazo comience a com- putarse desde la fecha de su recepción cuando “resulte acreditada la imposibili- dad de que el interesado haya recibido la notificación del acuerdo de adjudicación antes de transcurridos quince días desde su remisión”.
  • El Proyecto de Real Decreto regula de forma tasada los supuestos en los que puede in- admitirse el recurso, e introduce un trámite de inadmisión que permite que se proceda a la devolución del escrito de interposición al interesado por la Secretaria General en caso de que se aprecie que el Tribunal es “manifiestamente incompetente” para su re- solución.
  • Se regulan dos casos especiales de legitima- ción que han resultado controvertidos:
  1. La legitimación de las asociaciones re- presentativas de intereses relacionados con la contratación pública: únicamente podrán interponer recursos “para la de- fensa de los intereses colectivos de sus asociados”.
  2. Las Uniones Temporales de Empresas (UTES): cualquiera de ellas podrá inter- poner recurso, siempre que sus derechos o intereses legítimos puedan verse afec- tados, pero si alguna empresa no desea- ra recurrir podrá ponerlo de manifiesto al tribunal en cualquier momento anterior a la resolución, y en tal caso no se le tendrá por comparecida en el mismo y no se le impondrá, en su caso, la multa por mala fe o temeridad que pueda acordar el Tribunal.
  • En materia de medidas provisionales, cabe destacar los siguientes aspectos:
  1. Se introduce la posibilidad de que, fuera del caso de suspensión automática pre- visto cuando el acto recurrido es el de adjudicación, el Tribunal pueda acordar también motivadamente de oficio (ade- más de a instancia de parte), la adopción de medidas provisionales, incluida la sus- pensión del procedimiento.
  2. Se determina la forma y la cuantía de la garantía que puede exigir el Tribunal para responder de los perjuicios que pudieran derivarse de la adopción de las medidas provisionales solicitadas. Con carácter general, el importe de la garantía se fi- jará en el cinco por ciento del presu- puesto de licitación del contrato si no se hubiera procedido aún a la adjudicación y del importe de ésta en caso contrario. Se regula con detalle todo lo relativo a la cancelación, devolución y ejecución de las garantías (art. 37).
  • Se desarrollan reglamentariamente los dis- tintos trámites del procedimiento de recurso (remisión y puesta de manifiesto del expe- diente, alegaciones, prueba y resolución). Cabe destacar que se añade un trámite de “aclaración de resoluciones”, que permite al órgano de contratación o a los interesados en el procedimiento de recurso solicitar la aclaración o rectificación de “algún párrafo de interpretación dudosa o algún error ma- terial”, en el plazo de tres días desde la re- cepción de la notificación y debiendo el Tri- bunal pronunciarse en el día siguiente.
  • En cuanto a la resolución, se introduce la posibilidad de que, en los casos de desesti- mación total del recurso, el Tribunal pueda acordar una indemnización como vía para establecer la compensación económica a las partes por las costas en que hubieran tenido que incurrir como consecuencia de la inter- posición del recurso (sin perjuicio de poder aplicar, además, la sanción pecuniaria pre- vista en el art. 47.5 TRLCSP si se apreciare mala fe o temeridad).
  1. Utilización de medios electrónicos. Se es- tablece, por último, aunque sin carácter bási- co, la obligatoriedad del uso de medios elec- trónicos en “la tramitación de los escritos de interposición del recurso, las comunicaciones y notificaciones a realizar en el procedimiento, la remisión del expediente, así como la con- sulta del estado de tramitación de la resolu- ción y cualesquiera otros trámites necesarios para el desarrollo del procedimiento”2. Se ad- mite, no obstante, la tramitación en soporte papel del procedimiento en aquellos supuestos en los que los interesados justifiquen ante el Tribunal su imposibilidad de acceso a la tra- mitación electrónica del mismo. El Proyecto de Real Decreto regula algunos aspectos de la tramitación electrónica y remite a una Or- den del Ministerio de Hacienda y Administra- ciones Públicas el desarrollo de las restantes condiciones y requisitos.