Son indicios favorables al reconocimiento de la relación laboral la obligatoriedad de la prestación, la retribución fija y periódica, así como quedar insertado en la organización de trabajo de la empresa y el elemento personalísimo de la relación en la actividad desarrollada.

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de noviembre de 2017 [RJ 2017, 5543]

El trabajador suscribió un acuerdo de colaboración en el que se acordaba que colaboraría en la prestación de servicios de traducción escrita y/o interpretación para entidades públicas o privadas, conforme a las siguientes bases: el traductor prestaría sus servicios para la empresa actuando por cuenta propia; el traductor se comprometía a presentar la factura por los servicios realizados cada mes vencido adjuntando los certificados correspondientes cuando así procediera. Como contraprestación a los servicios prestados, la empresa de traducción se comprometía a pagar el importe de dicha factura en un plazo no superior a 90 días. Los honorarios pactados ascendían a 24 euros/hora de intervención. 

Según el Tribunal Supremo entre el trabajador y la empresa que se encontraba contratado por la Administración Pública para la interpretación y traducción en los procedimientos instruidos por distintos órganos judiciales es de naturaleza laboral al cumplirse las notas de ajenidad y dependencia.

Concretamente, el caso versa sobre un trabajador que prestaba servicios para una empresa de traducción, a su vez, contratada por la Administración Pública. Específicamente cuando la policía, la guardia civil o un juzgado requerían de servicios de traducción e interpretación se ponían en contacto con la empresa, la cual, le indicaba al trabajador el lugar, el día y la hora a la que debía acudir a prestar sus servicios, con sus propios medios. 

Una vez terminada su intervención, se le expedía al trabajador certificación en la que constaba la fecha de la intervención del traductor, hora de inicio y fin de la misma, idioma empleado, órgano que había precisado los servicios y número del procedimiento en el que había precisado la asistencia.

Si bien es cierto que el trabajador no tenía un horario fijo, éste venía impuesto por las necesidades de los organismos que solicitaban a la empresa los servicios de traducción e interpretación.

Asimismo, el trabajador decidía si acudir o no a prestar sus servicios. Sin embargo, si no acudía, corría el riesgo de que no se le volviera a llamar.

Dicha actividad la desempeñaba el trabajador a cambio de una retribución fija y periódica (mensual) en proporción con la actividad prestada; concretamente 24 euros por hora trabajada. Para ello, debía justificar las horas que había trabajado mediante la presentación mensual de facturas a las que acompañaba certificación del órgano judicial en el que había realizado su actividad

Además, tampoco consta que el empleado tuviera algún tipo de estructura empresarial sino que se insertaba en la organización de trabajo de la empresa para la que prestaba servicios de traducción. 

Por tanto, la no prestación de servicios a tiempo completo ni la existencia de un régimen de exclusividad desvirtúa la naturaleza laboral de la relación. Tampoco impide dicha calificación el hecho de que la empresa no facilitase medios materiales al empleado ya que, dadas las características del trabajo que realizaba –traducción e interpretación– lo importante fundamentalmente era el elemento personal, careciendo de relevancia los medios materiales.