Las reglas de competencia judicial internacional previstas para los litigios civiles en el artículo 79.2 del Reglamento 2016/679, relativo al tratamiento de datos personales, concurren con establecidas en el Reglamento 1215/2012. A falta de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resuelva la cuestión, existe cierta polémica doctrinal acerca de si ambas normas son de aplicación cumulativa o si la primera excluye la aplicación de la segunda.

El Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril del 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DOUE de 4 de mayo del 2016, L. 119), —en adelante, el reglamento de protección de datos— establece reglas de competencia judicial internacional para los litigios en materia de responsabilidad civil cuya relación con los criterios competenciales establecidos en el Reglamento 1215/2012 (reglamento Bruselas I bis ) puede resultar controvertida en los casos en los que el supuesto entre en el ámbito de aplicación de ambos textos.

El artículo 79 del reglamento de protección de datos lleva por título «Derecho a la tutela judicial efectiva contra un responsable o encargado del tratamiento» y prevé lo siguiente:

1. Sin perjuicio de los recursos administrativos o extrajudiciales disponibles, incluido el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control en virtud del artículo 77, todo interesado tendrá derecho a la tutela judicial efectiva cuando considere que sus derechos en virtud del presente reglamento han sido vulnerados como consecuencia de un tratamiento de sus datos personales.

2. Las acciones contra un responsable o encargado del tratamiento deberán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en el que el responsable o encargado tenga un establecimiento. Alternativamente, tales acciones podrán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en que el interesado tenga su residencia habitual, a menos que el responsable o el encargado sea una autoridad pública de un Estado miembro que actúe en ejercicio de sus poderes públicos.

Los supuestos a los que este artículo se aplica son fundamentalmente litigios de carácter civil encaminados a la reclamación de responsabilidad contractual o extracontractual a los que, hasta su entrada en vigor, se venían aplicando los criterios de delimitación de la competencia del reglamento Bruselas I bis. En esas circunstancias, se hace necesario determinar si los foros establecidos en el reglamento de protección de datos se añaden a los del texto anterior o si, por el contrario, impiden su aplicación, de manera que en una reclamación del interesado frente al responsable o al encargado del tratamiento sólo cabe la interposición de la demanda en los lugares enumerados en el artículo 79.2.

Si se acepta la primera opción, al foro del establecimiento del responsable o del encargado y al de la residencia habitual del interesado —previstos en el reglamento de protección de datos— cabe añadir el del Estado del domicilio del demandado (concepto que no coincide necesariamente con el de ‘establecimiento’, que, sin embargo, sí absorbería, por ser más amplio, el llamado «foro de la sucursal» del artículo 7.5 del reglamento Bruselas I bis), así como los tribunales escogidos expresa o tácitamente por las partes. Además, si la reclamación fuera extracontractual, el litigio se podría plantear ante los tribunales del lugar del daño, que en la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría entenderse producido en el lugar donde la víctima tuviera su centro de intereses (habitualmente —aunque no en todos los casos— coincidente con su residencia habitual) o en otros lugares donde pudiera entenderse que el daño se originó o se manifestó. En las reclamaciones de responsabilidad contractual serían competentes los tribunales del lugar del cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda, salvo que el interesado tuviera la condición de consumidor, en cuyo caso se aplicarían los foros de protección previstos para éstos (y todo ello sin perjuicio de los foros por conexidad procesal del artículo 8 del reglamento Bruselas I bis). 

En este contexto, la doctrina se encuentra dividida. Limitándonos a autores españoles, Pedro  de Miguel («Competencia y Derecho aplicable en el Reglamento General sobre protección de datos en la UE», REDI, 69 (1), 2017, pp. 705‑108) sostiene la aplicación cumulativa de los dos reglamentos con base fundamentalmente en el tenor literal de los considerandos 145  y  147  del  reglamento de protección de datos  («Por lo que respecta a las acciones contra los responsables o encargados del tratamiento, el reclamante debe tener la opción de ejercitarlas ante los tribunales de los Estados miembros en los que el responsable o el encargado tenga un establecimiento o resida el interesado […]» y «En los casos en que el presente reglamento contiene normas específicas sobre competencia judicial, en particular por lo que respecta a las acciones que tratan de obtener satisfacción por la vía judicial, incluida la indemnización, contra un responsable o encargado del tratamiento, las normas generales de competencia judicial como las establecidas en el Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) deben entenderse sin perjuicio de la aplicación de dichas normas específicas») y en la mayor protección que esta interpretación supone para el interesado, en un contexto en el que el reglamento de protección de datos persigue precisamente ese objetivo. Este autor aconseja, no obstante, una lectura contenida de alguno de los foros del reglamento Bruselas I bis —como el de la sumisión expresa— con el objetivo de no privar de su efecto útil al artículo 79.2 del reglamento de protección de datos.

Entre quienes sostienen la posición contraria, Marta Requejo («La aplicación privada del derecho para la protección de las personas físicas en materia de tratamiento de datos personales en el Reglamento UE 2016/679», La Ley Mercantil, 2017, núm. 42) la argumenta en el propio tenor literal del artículo 79 del reglamento de protección de datos, que establece el carácter imperativo de las reglas de competencia que recoge («las acciones […] deberán ejercitarse») y en que la protección del interesado no puede considerarse un valor absoluto, sino que debe respetar el equilibrio con otros derechos fundamentales, como el de la tutela judicial efectiva, que podría verse afectado si se admite una excesiva proliferación de foros. Además, junto a la protección de los datos personales, hay otro objetivo esencial de la regulación: la libre circulación de esos datos como una necesidad del buen funcionamiento del mercado interior, que puede verse puesta en entredicho si el sistema es percibido como excesivamente gravoso por los responsables o encargados del tratamiento, hasta el punto de que los disuade de entrar o de permanecer en el mercado.

A falta de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en interpretación de esta cuestión, resultan más sólidos los argumentos a favor de una interpretación restrictiva, que impide la aplicación conjunta de ambos textos. A los argumentos mencionados cabe añadir que el tenor literal del artículo 79. 2 del reglamento de protección de datos no resulta incompatible con lo expresado en sus considerandos: cuando el 145 se refiere a la opción del reclamante, está únicamente haciendo alusión a las dos posibilidades que él mismo recoge y que no son otras que las previstas en el texto articulado. Del mismo modo puede entenderse la exigencia recogida en el considerando 147 de que el reglamento Bruselas I bis no perjudique la aplicación de las normas específicas del reglamento de protección de datos en el sentido de impedir la aplicación de aquél. A cambio, el aseguramiento del necesario equilibrio entre dos derechos fundamentales —protección de datos personales y tutela judicial efectiva— puede resultar decisivo. Habrá que esperar, no obstante, a que al Tribunal de Justicia de la Unión Europea se le presente la ocasión de resolver la controversia.