El acto originariamente impugnado consiste en la resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, de 30 de marzo del 2007, por la que se conceden las ayudas a los daños causados en las producciones e infraestructuras en el sector agrario.

La sentencia recurrida en casación se encamina a determinar la cuantía de la ayuda que le corresponde percibir a la actora en relación con la exclusión de los metros cuadrados de malla que habían rebasado su vida útil.  

En cuanto a la forma, la reposición de actuaciones administrativas, aunque no se corresponde con los términos del suplico de la demanda, no resulta opuesta a la pretensión deducida en aquella ni constituye incongruencia extra petita, pues, como afirma el Tribunal Supremo, «la Sala disponía de varios cauces para satisfacer la pretensión de la demandante, como hubiera sido fijar una cantidad líquida en el fallo o relegar su liquidación a ejecución de sentencia, pero la solución adoptada no es incoherente ni totalmente extraña a la pretensión de anulación del acto administrativo que late en el suplico. Nótese que la retroacción de actuaciones administrativas es admisible cuando el Tribunal no dispone de todos los datos necesarios para formular la declaración del derecho del accionante, y, por tanto, satisface su interés a obtener una resolución de fondo».  

Sobre el fondo, la Sala de instancia explica que la Administración redujo la ayuda solicitada por la interesada excluyendo de los metros cuadrados de malla dañados por la tormenta aquellos en los que la malla había superado el período de su vida útil (coincidente con los cuatro años de garantía otorgada por el fabricante), pero dicha superación, a criterio de la Sala no acredita por sí solo que la malla no sea apta para el uso, y ante la carencia de prueba demostrativa de que la malla era, en efecto, inservible, concluyó que no hay justificación de la supresión de la ayuda por este concepto.