El Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo, contiene diversos preceptos dirigidos a incorporar la Directiva 2011/07/UE, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, cuyo plazo de transposición venció el 16 de marzo. La disposición final sexta se dedica a la modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

En materia de contratación pública no ha sido necesario introducir cambios relevantes, pues la Ley 15/2010, de 5 de julio, ya previó la reducción a treinta días de los plazos de pago de la Administración mediante la modificación del entonces artículo 200.4 LCSP (actual art. 216.4 TRLCSP). La disposición adicional cuarta de dicha ley estipuló un calendario progresivo para la reducción de los plazos, en virtud del cual a partir del 1 de enero del 2013 ya resulta aplicable el plazo de treinta días que prescribe la directiva1.

El real decreto ley añade ahora que la Administración «deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación».

Se mantiene, sin embargo, la excepción de la liquidación final del contrato de obras y —aún peor— el confuso juego de remisiones que ninguna modificación legislativa parece dispuesta a remediar. Según la remisión que hace el artículo 216.3 del TRLCSP al 222.4 —que nos envía, a su vez, al 235—, se establece un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la recepción de la obra, para que el órgano de contratación apruebe la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo de treinta días previsto en el artículo 216.4.

La mayor novedad introducida por el real decreto ley consiste en que prevé de forma expresa la obligación del contratista de presentar la factura en el registro administrativo en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio y condiciona en todo caso al cumplimiento de esta obligación el inicio del cómputo del plazo máximo de pago por la Administración. Así resulta de tres nuevos preceptos:

  • De acuerdo con el nuevo inciso final del primer párrafo del artículo 216.4, «para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio».
  • El real decreto ley añade además un último párrafo a este artículo, en virtud del cual «el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono».
  • Por último, se introduce una nueva disposición adicional trigésima tercera sobre la «obligación de presentación de facturas en un registro administrativo e identificación de órganos». Además de reiterar la obligación del contratista de presentar factura ante el registro administrativo, esta disposición adicional precisa que en los pliegos de cláusulas administrativas para la preparación de los contratos deberá incluirse la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente.

El real decreto ley suprime al mismo tiempo la previsión que contenía este precepto de que «cuando no proceda la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación». La supresión de esta posibilidad, cuya aplicación puede seguir resultando en algún caso necesaria —y favorable para el deudor—, carece de apoyatura en la Directiva 2011/07/UE, que la recoge para las operaciones entre empresas y poderes públicos en su artículo 4.3a.

Cabe reseñar, por último, que mediante la modificación que el real decreto ley introduce en la disposición adicional decimosexta del TRLCSP las facturas electrónicas que se emitan en los procedimientos de contratación pública se excluyen de la regulación general de la autentificación mediante firma electrónica (contenida en la Ley 19/2003, de 19 de diciembre), remitiéndose su regulación a «lo dispuesto en la normativa especial que resulte de aplicación» (integrada actualmente por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y sus órdenes de desarrollo).