La Comisión Europea (“CE”) envió el pasado 15 de febrero de 2017 un dictamen motivado a España en el que se le solicitaba adaptar su normativa relativa a los activos mantenidos en otros Estados miembros de la Unión Europea (“UE”) o del Espacio Económico Europeo (“Modelo 720”). La CE entiende que España sí tiene facultades para solicitar a sus contribuyentes que informen acerca de determinados activos que mantienen en el extranjero. No obstante, la CE considera que las sanciones impuestas en caso de incumplimiento son desproporcionadas. En este sentido, dado que éstas son más gravosas que las sanciones aplicadas en un contexto puramente nacional, la normativa puede disuadir a las empresas y a los particulares a invertir en el mercado único o desplazarse por él. Por ello, estas disposiciones son discriminatorias y entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE. Finalmente, si no recibiese una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la CE podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El dictamen motivado de la CE deriva de una denuncia que ANAFORD AG, como parte integrante de la Asociación Española de Asesores Fiscales (“AEDAF”), presentó contra el Modelo 720. Estos últimos acontecimientos sugieren que España deberá modificar su legislación relacionada con el Modelo 720.