Recientemente, diversos medios de comunicación se hacían eco de la noticia según la cual la Policía Nacional había derribado la puerta de una vivienda de Madrid, en la que jóvenes de diversas nacionalidades se encontraban celebrando una fiesta ilegal, incumpliendo las normas autonómicas dictadas como consecuencia de la pandemia, en concreto, el toque de queda -interdicción general de la movilidad ciudadana desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas- y la prohibición de mantener reuniones sociales en domicilios.

Al parecer, la Policía habría llamado reiteradas veces a la puerta del piso en cuestión, solicitando a las personas en su interior que se les permitiera entrar y, ante la hostil y reiterada negativa de éstas, los Agentes habrían decidido emplear la fuerza para derribar la puerta con un ariete. La actuación se saldó con nueve detenidos, de los catorce individuos que se encontraban en el interior de la vivienda

Las reacciones a la noticia no se hicieron esperar, surgiendo diversas opiniones y posturas enfrentadas: desde quienes entendían necesaria y proporcionada la actuación policial –pues se trataría, en todo caso, de evitar una mayor propagación del virus, teniendo en cuenta además que los jóvenes llevarían organizando fiestas durante varios días seguidos, a altas horas de la madrugada y generando elevados niveles de ruido– hasta quienes consideraban excesiva e intolerable dicha irrupción en una vivienda privada. Algunos juristas apuntaron incluso que los Agentes podrían haber cometido con su actuación un delito de allanamiento de morada en concurso medial con un delito de daños, previstos, respectivamente, en los artículos 204 y 263 del Código Penal.

Pero ¿qué dice la Ley al respecto? ¿Bajo qué supuestos está autorizado el acceso no consentido a la vivienda por parte de terceros, ya se trate de un particular o de la propia Autoridad? 

Conviene comenzar recordando que la inviolabilidad del domicilio constituye un derecho fundamental consagrado en el artículo 18.2 de nuestra Carta Magna, prerrogativa que únicamente puede ceder en caso de (i) consentimiento de su titular, (ii) cuando medie resolución judicial o (iii) se esté ante un delito flagrante –para evitar la consumación del mismo o la desaparición de sus efectos–. 

En el caso que nos ocupa resulta claro que no concurrían ni la primera ni la segunda de las condiciones enunciadas, pero ¿a qué se refiere la Constitución Española cuando habla de “flagrante delito”?

La respuesta la hallamos en el artículo 795.1. 1ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que preceptúa lo siguiente: “(…) se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. (…)”.

El Tribunal Constitucional, por su parte, lo ha definido como aquella “situación fáctica en la que el delincuente es sorprendido –visto directamente o percibido de otro modo– en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del delito” (STC núm. 341/1993, de 18 de noviembre). El Tribunal Supremo ha ofrecido también un concepto similar de delito flagrante: “el que encierra en sí la prueba de su realización, por lo que la flagrancia es la percepción sensorial directa del hecho delictivo, de manera que la flagrancia se ve, se observa, no se demuestra, y aparece vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria” (STS, Sala Segunda, núm. 1577/2001, de 12 de septiembre).

¿Qué delito flagrante se estaría cometiendo entonces en el interior de aquella vivienda que legitimase la injerencia policial?

De un lado, la celebración de una fiesta incumpliendo las restricciones sanitarias, por mucho que infrinja la normativa actual y sea merecedor de reproche, no es un hecho constitutivo de delito. Estaríamos ante una mera infracción administrativa que llevaría anudada la correspondiente sanción en dicho orden. Cuestión distinta es si, en la medida en que este tipo de comportamientos suponen un grave riesgo para la salud pública, se debería reflexionar y debatir sobre la conveniencia de su tipificación como delito leve mientras dure la pandemia.

En relación con lo anterior, resulta necesario traer a colación el artículo 91.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el cual preceptúa: “Corresponde también a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo autorizar, mediante auto, la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente en la materia.” Por tanto, en casos como el analizado, lo adecuado sería, en primer lugar, recabar la preceptiva autorización del Juzgado de lo Contencioso-administrativo y, posteriormente, si se tiene conocimiento de la posible comisión de un delito flagrante, acceder al domicilio privado en caso de denegación del consentimiento por su morador. 

De otro lado, la construcción de un flagrante delito de desobediencia grave del artículo 556 del Código Penal también resulta problemática si tenemos en cuenta la propia definición legal y jurisprudencial del concepto, anteriormente expresada. En efecto, el delito de desobediencia se produciría tras la llegada de los Agentes del orden, de hecho, sería la propia intervención policial la que propiciaría su comisión, pues el delito se consumaría cuando, tras requerir a las personas en el interior del domicilio que abriesen la puerta, éstas se niegan. Como acabamos de ver, el delito flagrante es aquel que ya ha empezado a cometerse cuando el delincuente es sorprendido, o el que acaba de cometerse en el momento inmediatamente anterior a su descubrimiento, no encontrándonos en el caso que nos ocupa en ninguno de estos dos supuestos.

En cualquier caso, tampoco podría considerarse constitutiva de delito la conducta consistente en negarse a abrir la puerta a los Agentes del orden pues, como acabamos de exponer, el domicilio es inviolable y, ante la falta de consentimiento de su titular, solo cabrá menoscabar dicho derecho fundamental, irrumpiendo forzosamente en la morada ajena, si se dan alguno de los restantes requisitos enunciados en el artículo 18.2 de nuestra Constitución. 

Otro de los argumentos aludidos por los defensores de la actuación policial sería la imposibilidad de considerar el piso en cuestión como “domicilio” a efectos de la inviolabilidad recogida en el artículo 18.2 de la Constitución Española, y ello porque, al parecer, se trataría de un piso de alquiler turístico, llegándose a afirmar incluso que la mayoría de los presentes ni siquiera vivirían allí. Pero ¿una estancia meramente transitoria o temporal es en sí suficiente para descartar la consideración de “domicilio” y, por tanto, para excluir la protección que la Constitución brinda a la morada?

La doctrina jurisprudencial ha consolidado un concepto amplio y flexible de lo que debe entenderse por domicilio a efectos del mencionado artículo 18.2. En concreto, el Tribunal Constitucional ha indicado que la protección constitucional del domicilio es de carácter instrumental y defiende “los ámbitos en que se desarrolla la vida privada de una persona” (STC núm. 22/1984, de 17 de febrero).

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) núm. 1448/2005, de 18 de noviembre, desarrolla este criterio en consonancia con el espíritu constitucional, entendiendo como “domicilio”, “cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar”, estimándose que constituye domicilio o morada, “cualquier lugar, cualquiera que sea su condición y característica, donde vive una persona o una familia, sea propiamente domicilio o simplemente residencia, estable o transitoria, incluidas las chabolas, tiendas de campaña, roulotte, habitaciones de establecimientos hoteleros, etc.”

Por el contrario, no integrarían el concepto de vivienda, los locales comerciales o de esparcimiento (bares, tabernas, pubs, restaurantes, tiendas, locales de exposición, almacenes, etc.), en la medida en que se trata de espacios esencialmente destinados a su apertura al público, protegiéndose en cambio por el artículo 18.2 de la Constitución la intimidad como “valor esencialísimo”, “que para nada se proyecta sobre bienes materiales en sí, ni en defensa de su propiedad”. 

Por tanto, resultaría indiferente el carácter temporal o el uso turístico de la vivienda, que ésta se posea en virtud de título dominical o de contrato de alquiler, que se permanezca en ella durante horas, días o años. En la medida en que se trate de un espacio físico limitado, escogido por uno o más sujetos para su realización y desenvolvimiento personal, para el ejercicio de su privacidad y la proyección de aspectos de su vida íntima –entre los que se encontrarían la celebración de reuniones con allegados–, como emanación y prolongación del propio individuo, debe otorgársele protección constitucional y ha de quedar exento o inmune frente a agresiones externas.

Esta protección constitucional del domicilio explica además las garantías procesales establecidas para la práctica de las diligencias de entrada y registro en domicilios (cf. artículos 545 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Puede verse a este respecto la muy reciente Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) núm. 272/2021, de 24 de marzo (Ponente: Excmo. D. Julián Sánchez Melgar) que reafirma la ilegalidad de la entrada previa en el domicilio sin salvoconducto judicial, declarando la nulidad del registro que se realice, y ello, a pesar de que el acceso se produzca como medida de aseguramiento del posterior registro autorizado, es decir, con carácter preventivo, para evitar la sustracción de los instrumentos, objetos y efectos del delito.

Finalmente, el asunto analizado plantea otro interrogante. Según las noticias publicadas, en el atestado policial emitido se habría hecho constar que el único objetivo de la intervención había sido que las personas en el interior de la vivienda abriesen la puerta, con el fin de poder identificarles y, en su caso, llamar a la Policía Municipal.

La duda que podría surgir en este sentido sería si, independientemente de la legitimidad o no de los Agentes para acceder a la vivienda, la negativa a identificarse podría ser en sí misma constitutiva de un delito de desobediencia grave del ya mencionado artículo 556 del Código Penal o si, por el contrario, habría que entender que estaríamos en todo caso ante una desobediencia de carácter leve (anteriormente tipificada como falta del artículo 634 del Código Penal), teniendo por tanto que reconducirse dicha conducta en la actualidad por la vía sancionadora administrativa. 

En este sentido, el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana establece:

“1. En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos: a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción. [...] En estos supuestos, los agentes podrán realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento.

2. Cuando no fuera posible la identificación [...] o si la persona se negase a identificarse, los agentes, para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a las dependencias policiales más próximas. [...]

5. En los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, en esta Ley.” 

Es decir, si bien los Agentes del Orden están legalmente autorizados para requerir la identificación de aquellos sujetos sospechosos de haber cometido alguna infracción –de cualquier índole–, el precepto no ampara el acceso no consentido al domicilio privado en caso de negativa a identificarse, pues ello conculcaría lo establecido en el artículo 18.2 de la Constitución sobre la inviolabilidad del domicilio. De este modo, la Ley faculta meramente a los Agentes para efectuar las comprobaciones pertinentes en “el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento”, es decir, en el caso que nos ocupa, debiendo permanecer en todo caso en el exterior de la vivienda.

Por otro lado, respecto de la relevancia jurídica de la conducta consistente en no identificarse ante el requerimiento de la autoridad, el artículo 36.6 de la mencionada Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana establece como infracción grave –sancionada con multa de 601 a 30.000 euros– “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes”.

Por tanto, del tenor literal del precepto parecería desprenderse que estaríamos ante una mera infracción administrativa.

Esta ha sido además la postura adoptada por las Audiencias Provinciales de nuestro país. Puede verse por ejemplo el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 17ª) en su Sentencia núm. 365/2015, de 18 de mayo, la cual determinó que “la reiterada negativa a entregar la documentación para su identificación y las expresiones de menosprecio que el acusado profirió a los agentes de la Policía no rebasan la desobediencia para su incardinación en supuestos de los que se pudiese predicar la gravedad, dado que otro tipo de solución agrandaría injustificadamente el ámbito del delito en supuestos de la mera negativa a la identificación y falta de respeto vaciando de contenido falta de desobediencia...”. O, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 2ª) núm. 367/2017 que estableció que: “(…) la negativa reiterada a la identificación es compatible con una leve desobediencia –también penalmente atípica–”.

En definitiva, estaríamos ante un tipo de desobediencia leve, penalmente irrelevante a día de hoy, y que, como decimos, en ningún caso autorizaría la entrada en la vivienda ajena, debiendo darse para ello alguno de los requisitos establecidos en el artículo 18.2 de nuestra Carta Magna. Ello es especialmente relevante en la medida en que, toda consecuencia probatoria derivada de un registro ilegal, devendrá ineficaz en sede judicial.