Desestimación del conflicto positivo de competencias planteado por la Generalitat de Cataluña en relación con los artículos 1, 3 b), 6, 7 y disposición adicional única, apartado 2, del Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los paneles de catadores de aceite de oliva virgen por interpretación conforme del precepto reglamentario que atribuye a la Administración del Estado la autorización de los paneles de catadores en el caso de importaciones y exportaciones. Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), de 8 de mayo de 2014.

La Generalitat de Cataluña interpuso conflicto positivo de competencia en relación con los artículos 1, 3 b), 6, 7 y disposición adicional única, apartado 2, del Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los paneles de catadores de aceite de oliva virgen por considerar que vulneran las competencias que resultan de los artículos 110.1, 116.1 a) y b) y 189, y 189.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña en «la regulación y el desarrollo de la agricultura y el sector agroalimentario» y «la regulación y la ejecución sobre la calidad y las condiciones de los productos agrícolas», así como su competencia de desarrollo y ejecución en su ámbito competencial del Derecho de la Unión Europea, en cuanto reserva a la Administración General del Estado la autorización de los paneles de catadores de aceite de oliva para el caso de importaciones y exportaciones, y no se articula la armonización de los criterios de verificación del cumplimiento de las normas básicas a escala nacional a través de mecanismos de colaboración y coordinación entre las diversas administraciones implicadas, ni tampoco respecto de la designación del órgano estatal –Laboratorio Arbitral Agroalimentario– que realice las funciones correspondientes como laboratorio nacional de referencia en materia de análisis de aceite de oliva.

El reproche competencial no pone en cuestión la competencia estatal para regular algunos aspectos de la producción y comercialización del aceite de oliva, sino tan sólo que alguna de las medidas contenidas en el Real Decreto impugnado se mantengan en los límites de lo admisible al amparo de la competencia estatal en materia de «bases y coordinación de la planificación de la actividad económica», competencia estatal que no se cuestiona in genere ni respecto del concreto sector oleícola, sino tan sólo en alguna de concretas medidas incorporadas al Real Decreto impugnado.

Considera el Tribunal Constitucional que la competencia atribuida a la Administración General del Estado para autorizar los paneles de catadores se restringe a los que hayan de intervenir en el ámbito de su competencia y sin merma de la competencia que en el ámbito agroalimentario corresponde a la Comunidad Autónoma demandante, así como que, descartado que la competencia que se atribuye a la Administración General del Estado para autorizar los paneles de catadores en el caso de importaciones y exportaciones se refiera a los aspectos agroalimentarios del producto (previos y determinantes de su régimen de comercialización), la virtualidad del precepto queda restringida a aquellos casos en que la determinación de las características organolépticas del aceite de oliva constituya una operación propia de la aplicación del régimen aduanero y arancelario para las cuales el Estado dispone de competencia exclusiva. Por tanto, restringida la competencia controvertida al ámbito aduanero y arancelario, el precepto impugnado es conforme con el orden constitucional de distribución de competencias.

La intervención del Estado se centra en la elaboración de los ensayos, pero prevé también la intervención de las Comunidades Autónomas en la fase de evaluación, programación futura y evaluación del funcionamiento del sistema de paneles, limitándose así la actuación del Estado a lo que resulta necesario para garantizar el correcto funcionamiento y homogéneo sistema de control de las características determinantes de la calidad del aceite de oliva, entre lo que se encuentra la capacidad de designación del laboratorio nacional de referencia en esta materia, previsión instrumental respecto de la elaboración de los ensayos y su evaluación.

Así, los preceptos impugnados constituyen una intervención estatal en el ámbito material de la regulación y el desarrollo de la agricultura y el sector agroalimentario amparada en el título competencial que corresponde al Estado ex art. 149.1.13 CE, no suponiendo por tanto invasión de la competencia autonómica sobre dicho ámbito material, pues aunque se enuncia como exclusiva, se asume «respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 149.1.13 y 16 de la Constitución» (art. 116.1 EAC).

Por todo lo anterior, el Tribunal Constitucional resuelve que el apartado 2 del art. 1 del Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, en la interpretación que se realiza en el fundamento jurídico 5 de esta Sentencia, no invade las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña, desestimando el conflicto positivo de competencias en todo lo demás. No obstante, contiene la Sentencia un voto particular, de acuerdo con el que el conflicto debió haber sido estimado en su totalidad en atención a que los preceptos impugnados vulneraban las competencias autonómicas en materia de agricultura, pues no encontraban amparo en las competencias estatales invocadas y eran inconstitucionales y nulos.