RESUMEN EJECUTIVO

Con fecha 28 de agosto de 2012, la Corte Suprema acogió un recurso de protección que deja sin efecto la aprobación ambiental de los proyectos “Puerto Castilla” y “Termoeléctrica Castilla”, por cuanto estimó necesaria la presentación de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que incluya la evaluación conjunta de estos dos proyectos, así como la conexión requerida para el transporte de carbón y petróleo entre ambos.

CONTENIDO

La Tercera Sala de la Corte Suprema, mediante decisión unánime, acogió el recurso de protección deducido en contra de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Puerto Castilla”, así como en contra de una serie de resoluciones administrativas relacionadas con el Proyecto “Termoeléctrica Castilla” (2.100 MW).

Uno de los principales puntos analizados en este fallo fue el “fraccionamiento” de proyectos. Según nuestra normativa, se prohíbe fraccionar un proyecto o actividad con el objeto de: (i) eludir el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), o (ii) ingresar al SEIA a través de una Declaración de Impacto Ambiental en vez de un Estudio de Impacto Ambiental (esto es, con menos exigencias).

La línea argumentativa de la Corte Suprema se basó en que ambos proyectos constituyen uno solo, dado que el principal objetivo del Puerto Castilla era la recepción de los combustibles que serían utilizados en la Termoeléctrica Castilla, esto es, petróleo y carbón, de tal manera que ambos proyectos resultan inviables el uno sin el otro. En consecuencia, el hecho que los estudios de impacto ambiental hayan sido presentados en forma separada no permitió al ente evaluador dimensionar la real magnitud del daño ambiental que pueden generar, por lo que al aprobarlos de esta manera se infringió la ley.

Además, a juicio de la Corte Suprema, la conexión entre el Puerto y Termoeléctrica Castilla para el transporte de combustible no fue sometida a evaluación ambiental, lo que también afectó la estimación de los potenciales daños y de la real área de influencia del proyecto.

Por otra parte, en cuanto al permiso de calificación industrial del proyecto, se estimó que la termoeléctrica debía ser calificada como una actividad “contaminante”, puesto que más allá del cumplimiento estricto de las normativa primaria de calidad del aire por parte del proyecto en sí, debía tomarse en cuenta el potencial daño al medio ambiente, la biosfera, los recursos agrícolas, forestales, pecuarios, piscícolas y de todo el sector afectado por la actividad.

Según el parecer de la Corte Suprema, las modelaciones realizadas para el cálculo de las concentraciones de contaminantes solo tienen la finalidad de entregar elementos de juicio a la autoridad para así evaluar el riesgo y calificar, pero no son el único factor a considerar.

En este contexto, las medidas de mitigación presentadas por el titular resultaban insuficientes para descartar que el proyecto generaría riesgos, por lo que, citando el principio preventivo, la Corte Suprema señaló que el acto administrativo del Secretario Regional Ministerial de Salud que en el año 2011 calificó el proyecto como “molesto” no se ajustó a derecho.

Conclusión En conclusión, este fallo modificó la tendencia jurisprudencial que permitía el fraccionamiento de macro proyectos con el objeto de facilitar su evaluación. En tal sentido, existe incertidumbre acerca de la forma en que a futuro dichos proyectos deberán ser presentados a evaluación ambiental.

Adicionalmente, este fallo revive el debate acerca de la competencia de los tribunales de justicia para conocer aspectos técnicos de la evaluación ambiental de un proyecto, como sería el caso de la calificación industrial (materia propia de la autoridad sanitaria) o la determinación de la línea de base. Asimismo, se deberá replantear el nivel de detalle de la descripción de proyectos sometidos al SEIA, de manera de evitar que impactos ambientales queden excluidos del proceso de evaluación.