El Tribunal Constitucional en la Sentencia nº 55/2018, de 24 de mayo, establece que sólo los Estatutos de Autonomía pueden modificar la potestad reglamentaria en las Comunidades Autónomas.

De esta manera, el Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalidad de Cataluña contra varios preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas por vulnerar el artículo 68 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (en adelante, “EAC”) y desbordar las competencias estatales con invasión de las autonómicas relativas a la organización, el régimen jurídico y el procedimiento de las administraciones públicas catalanas (artículos 150 y 159 EAC).

El Tribunal considera que algunas previsiones de la Ley no respetan, en efecto, el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas establecido en la CE y los Estatutos de Autonomía.

La Sentencia entiende que, dado que sólo los Estatutos pueden quitar, limitar o repartir la potestad reglamentaria a las Comunidades Autónomas, la previsión de la Ley en cuya virtud sólo excepcionalmente las Consejerías quedan habilitadas para adoptar normas reglamentarias, no se adecúa al bloque de constitucionalidad. En este sentido, el TC declara inconstitucionales y nulos los incisos “o Consejo de Gobierno respectivo” y “o de las consejerías de Gobierno” previstos en el artículo 129.4 para referirse a las habilitaciones al Gobierno o a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas para el desarrollo reglamentario de una ley.

Asimismo, el Tribunal argumenta que, aunque el procedimiento administrativo común es uno de los pilares sobre los que se asienta el Derecho administrativo español, no cabe regular a través de normas del Estado el ejercicio de la iniciativa legislativa de las Comunidades Autónomas, por lo que declara contrarias al orden constitucional de distribución de competencias las previsiones de la Ley que se refieren a la elaboración de anteproyectos de ley autonómicos. En particular, el Tribunal Constitucional declara que los artículos 129 (salvo el apartado 4, párrafos segundo y tercero), 130, 132 y 133 no son aplicables a las iniciativas legislativas de las Comunidades Autónomas, pero no los anula en cuanto siguen resultando de aplicación a las iniciativas legislativas del Estado. Y declara también que los artículos 132 y 133 (salvo el inciso de su apartado 1 y el primer párrafo de su apartado 4) son contrarios al orden constitucional de distribución de competencias, por lo que no resultan de aplicación a la potestad reglamentaria de las Comunidades Autónomas, salvo el artículo 133 que sí se aplica a esta potestad autonómica en el inciso del apartado 1 (“Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública”) y el primer párrafo de su apartado 4 (sobre los supuestos en que se pueda prescindirse de la consulta previa).

Además, y en otro orden de cosas, es interesante añadir que la Sentencia considera que la confección y aprobación de escritos administrativos estandarizados implica el ejercicio de competencias de ejecución o gestión, que son propias de las Comunidades Autónomas, por lo que rechaza la atribución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del diseño de los modelos de apoderamiento destinados a ser recogidos en los correspondientes registros electrónicos. Es por ello que el TC declara inconstitucional y nulo el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 6 relativo a los Registros Electrónicos de Apoderamientos, en el que se prevé que por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se “aprobarán, con carácter básico, los modelos de poderes inscribibles en el registro distinguiendo si permiten las actuación ante todas las Administraciones de acuerdo con lo previsto en la letra a) anterior, ante la Administración General del Estado o a las Entidades Locales”. La Sentencia estima que si el intercambio fluido o automatizado de información llegara a aconsejar técnicas de normalización, el Estado no puede actuar unilateralmente, sino que deberá recurrir a mecanismos de cooperación con las Comunidades Autónomas.

El Tribunal razona que la exigencia de justificar la no adhesión a las plataformas electrónicas estatales en términos de eficiencia no vulnera la autonomía organizativa de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, por lo que estas Administraciones pueden organizar las plataformas electrónicas sin necesidad de que el Ministerio dé el visto bueno a la justificación aportada en términos de eficiencia. A tenor de este razonamiento, el TC entiende que la disposición adicional segunda no es inconstitucional si se interpreta que la obligación de justificar los motivos de no adhesión a plataformas y registros electrónicos de la Administración General del Estado es una obligación de carácter puramente formal que no permite su control por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La Sentencia establece también que las referencias que contienen los artículos 129 y 130.2 de la Ley a la elaboración de normas jurídicas no resultan aplicables al ejercicio de la iniciativa legislativa por los gobiernos autonómicos y, en consecuencia, no invaden las competencias estatales de las Comunidades Autónomas.