Una  normativa nacional que impide de hecho toda actividad transfronteriza en el sector del juego, con independencia de la forma en que dicha actividad se lleve a cabo y, en particular, en los casos en que tenga lugar un contacto directo entre el consumidor y el operador, va en contra de la normativa comunitaria, tal y como ha determinado el TJUE en relación con los asuntos acumulados C-660/11 y C-8/12, que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas por un Tribunal Italiano.

Igualmente ha venido a determinar que en el estado actual del Derecho de la Unión, el hecho de que un operador disponga, en el Estado miembro en el que está establecido, de una autorización para ofrecer juegos de azar no impide que otro Estado miembro supedite, dentro del respeto de las exigencias impuestas por el Derecho de la Unión, la posibilidad de que dicho operador ofrezca estos servicios a los consumidores residentes en su territorio a la obtención de una autorización expedida por sus propias autoridades.