Las novedades europeas más destacadas por la práctica global de Arbitraje Internacional y ADR de Garrigues.

Unión Europea

La UE ha informado de varias demandas basadas en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) contra Letonia y España

En un informe publicado el 25 de noviembre de 2019, la Comisión Europea ha revelado la amenaza de demanda por parte de inversores en un banco letón este mismo año, y otras dos en 2015 por las reformas del régimen de ayudas español a las energías renovables.

Según la Comisión, en el mes de mayo inversores rusos de nacionalidad británica comunicaron su intención de presentar una demanda en nombre del AS PNB BANK de Letonia, anteriormente denominado Norvik Bank, como consecuencia de los requisitos regulatorios que les fueron impuestos por el Banco Central Europeo (BCE) y que supuestamente afectaron a sus inversiones en un parque eólico en Letonia, Winergy.

La demanda pendiente ante el CIADI está relacionada con los supuestos intentos por parte del responsable del banco central letón de extorsionar a PNB Bank.

La Comisión también ha informado de que en el año 2015 recibió dos “solicitudes de consulta” en virtud del artículo del TCE sobre resolución de conflictos, de Swiss company Prosisa AG y de la empresa holandesa Risteel Corporation BV, inversoras ambas en centrales de energía solar, eólica y de biomasa en España, y sobre su intención de presentar demandas por las reformas del régimen de ayudas a las energías renovables de España, que han dado lugar a más de 40 arbitrajes de inversión contra el estado.

Las compañías alegaron que la Comisión había incumplido el principio de trato justo y equitativo del TCE al intervenir en casos basados en dicho tratado y afirmar que el tratado no es de aplicación a conflictos de inversión intracomunitarios.

España

España gana a la alemana BayWa una demanda basada en el TCE

Un tribunal del CIADI ha desestimado el grueso de una demanda presentada por dos filiales del conglomerado de distribución y agroindustria con sede en Munich, BayWa, contra España por las reformas de las energías renovables.

La mayoría de los árbitros determinó que España había incumplido la garantía de estabilidad del TCE por las medidas retroactivas para “recuperar” beneficios pasados, pero desestimó todas las demás pretensiones.

Se indicó a las partes que debían “llegar a un acuerdo” sobre el importe de la indemnización que el estado deberá pagar por el incumplimiento en un plazo de tres meses. En defecto de dicho acuerdo, los árbitros dictarán un laudo que recogerá esta última decisión.

Victoria de España en una demanda de inversores alemanes basada en el TCE

Un tribunal del CIADI ha desestimado una demanda presentada al amparo del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) por un grupo de inversores alemanes en energía solar integrado por RWE, Ferrostatal y el proveedor municipal de electricidad de Munich Stadtwerke München, por los recortes del estado español a las ayudas a las energías renovables.

Los inversores alemanes presentaron la demanda en 2015 en relación con las inversiones que realizaron a través de una filial española de propiedad compartida en la Planta Andasol 3, instalación termosolar situada en la provincia de Granada. Afirman haber invertido 345 millones de euros en el proyecto, que podría suministrar electricidad para medio millón de personas.

España planteó varias objeciones jurisdiccionales respecto a la demanda. El tribunal arbitral rechazó algunas de ellas, pero desestimó la demanda sobre el fondo del asunto.

Es la tercera vez que España ha salido totalmente indemne en uno de los casi 50 casos a los que se ha enfrentado por la reforma del régimen de ayudas a las energías renovables.

España ofrece incentivos a las energías renovables para evitar demandas basadas en el TCE

España ha aprobado un real decreto con el que pretende poner fin a demandas pendientes por valor de 7300 millones USD por los recortes a las renovables, ofreciendo a los inversores incentivos económicos a los que solo podrán acceder si desisten de sus causas.

El texto del real decreto fue acordado por el Consejo de Ministros y ahora debe ser aprobado por el Congreso para entrar en vigor. Si se aprueba por el Congreso, la nueva legislación permitirá que los inversores en renovables mantengan una tasa de retorno del 7,39% durante los dos próximos períodos regulatorios, que finalizan en 2031. Con el régimen actual, los inversores verán caer su tasa de retorno del 7,39% al 4,5% en 2020.

No obstante, el ministerio ha declarado que no podrá mantener la tasa más elevada ningún inversor que haya obtenido laudo favorable en virtud de un laudo o sentencia en relación con las reformas del sector de las renovables ni aquellos con procedimientos arbitrales o judiciales pendientes por las mismas reformas.

Si los inversores desean mantener su derecho a reclamar indemnización en un procedimiento arbitral o judicial conforme a la nueva ley, podrán optar por: mantenerse en el sistema actual o cambiar a un método basado en una fórmula para determinar la rentabilidad-fijada en el 7,1%, que se revisará cada seis años.

España intenta anular otra serie de laudos solares

España está intentando anular un laudo de 34 millones de euros del CIADI favorable a los inversores en capital riesgo de Luxemburgo y Francia Cube Infrastructure y Demeter y un laudo que condena a España a indemnizar a una filial británica de la gestora de fondos de capital riesgo InfraRed Environmental Infrastructure por los cambios en el sector de las energías renovables del país.

Los motivos en los que España ha basado la solicitud de anulación no están claros en ninguno de los dos casos. En el primer laudo, el tribunal arbitral otorgó a Cube y Demeter casi 34 millones de euros más intereses y costas, tras una decisión sobre jurisdicción y responsabilidad. El segundo es un laudo parcial relativo al quantum, en que los árbitros desestimaron las alegaciones de España basadas en la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el caso Achmea dictada en marzo de 2018 y referente a los arbitrajes de inversión intracomunitarios.

En el laudo, el tribunal determinó que España había frustrado las expectativas legítimas de los demandantes en cuanto al régimen de ayudas, vulnerando el principio de trato justo y equitativo del TCE.

En el segundo caso, España planteó objeción jurisdiccional basada en la resolución dictada por el Tribunal de Justicia Europeo en 2018 sobre el arbitraje de inversión intracomunitario en el caso Achmea, al igual que hizo en otros arbitrajes relacionados con la energía solar. Infrared y los demás inversores presentaron la demanda en 2014, tres años después de que InfraRed invirtiera en dos proyectos de energía termosolar en Andalucía y Extremadura.

Suiza

Un inversor de Seychells presenta la primera demanda de arbitraje de inversión contra Suiza

La entidad de Seychelles Human Rights Defenders (HRD) ha presentado una notificación de controversia en la que amenaza con presentar ante el CIADI una demanda de 300 millones USD contra Suiza, en nombre de inversores italianos afectados por medidas que supuestamente devaluaron los precios de bienes inmuebles y obstruyeron proyectos inmobiliarios en los años noventa.

Con la notificación se abre un período de espera de seis meses antes de que pueda presentarse la demanda ante el CIADI conforme al tratado de inversión bilateral entre Suiza y Hungría. HRD defiende su derecho a invocar las disposiciones sobre resolución de conflictos recogidas en el APRI de Hungría, en virtud de una cláusula de nación más favorecida del tratado de 1868 sobre relaciones consulares entre Suiza e Italia.

En la notificación, HRD afirma que los inversores resultaron “gravemente perjudicados” por las medidas que empezaron con un decreto federal suizo en 1989 por el que se imponía una prohibición con efectos retroactivos sobre la venta de inmuebles dentro de los cinco años siguientes a su compra. En la notificación se afirma que la prohibición era contraria a un referéndum celebrado en 1988.

HRD también se queja de la decisión del Banco Central suizo de aplicar un fuerte incremento en su tipo de descuento, dando lugar a un aumento de los tipos de interés de las hipotecas.

La compañía de Seychelles dice que las medidas fueron adoptadas por el estado suizo con el objetivo de devaluar los precios de los inmuebles y de obstaculizar los proyectos inmobiliarios en los años 90, lo que equivale a una expropiación indirecta o progresiva.