El Tribunal Supremo admite la validez de las grabaciones obtenidas de las cámaras de videovigilancia para probar el incumplimiento del trabajador, por ser una medida justifi cada por razones de seguridad y por ser el trabajador conocedor de la existencia de las cámaras, todo ello aunque no se hubiera informado del destino que pudiera darse a las imágenes o que pudieran ser utilizadas en su contra.

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de enero de 2017 (Sentencia núm. 77/2017)

El Tribunal Supremo analiza la validez como prueba en un procedimiento de despido disciplinario, de las imágenes captadas por el sistema de video-vigilancia instalado por la empresa y que acreditaban los incumplimientos del trabajador.

En concreto, el trabajador venía prestando servicios para la empresa demandada como dependiente, siendo despedido disciplinariamente por la manipulación de tickets y por haber hurtado diferentes cantidades.

El centro de trabajo en el que el demandante prestaba servicios contaba con un sistema de vídeo-vigilancia por razones de seguridad. El trabajador demandante era conocedor de la existencia del sistema de vídeo-vigilancia, si bien no fue informado del destino que pudiera darse a las imágenes o que las mismas pudieran ser utilizadas en su contra.

El Tribunal Supremo admite la validez de la prueba obtenida de las cámaras de seguridad de la empresa demandada, concluyendo que no existe vulneración del derecho a la intimidad del trabajador.

A estos efectos, el Alto Tribunal se remite a la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de marzo de 2016 que contemplaba el caso de una cajera grabada por las cámaras de vigilancia sustrayendo cantidades en metálico y artículos de la tienda.

Aplicando dicha doctrina al caso enjuiciado, el Tribunal Supremo concluye que la instalación de las cámaras era una medida justifi cada por razones de seguridad (control de hechos ilícitos, así como la rápida detección de siniestros), idónea para el logro de ese fi n (control de cobros y de la caja en el caso concreto) y necesaria y proporcionada al fi n perseguido, máxime cuando los trabajadores estaban informados, expresamente, de la instalación del sistema de video vigilancia y de la ubicación de las cámaras por razones de seguridad, expresión amplia que incluye la vigilancia de actos ilícitos de empleados y terceros.

Por lo que se refi ere a los posibles defectos informativos alegados por el demandante, el Tribunal entiende que pudieron haber reclamado más información o denunciar a la empresa ante la Agencia Española de Protección de Datos para que la sancionara por las infracciones que hubiera podido cometer, sin que ello tenga impacto alguno en la validez de la prueba por las consideraciones expuestas.