La situación de insolvencia de la aseguradora que cubre el pago de los compromisos por pensiones de los trabajadores no supone extender la responsabilidad de aquél a la empresa. Y, aun cuando pudiera distinguirse entre aquellos supuestos en los que el tomador del contrato de seguro que sirve para externalizar es la empresa y aquellos otros en los que consta que es el trabajador, la solución jurisprudencial deviene idéntica.

1. No constituye una novedad, pero el Tribunal Supremo sigue insistiendo en que la externalización de los compromisos por pensiones libera a la empresa de posibles responsabilidades futuras (Auto del Tribunal Supremo de 20 de septiembre del 2017, Ar. 245444). A lo largo del 2016 se han sucedido una serie de conflictos derivados de la externalización de los compromisos por pensiones de empresas que pactaban la prejubilación con sus trabajadores y externalizaban el importe de la indemnización por medio de un contrato de seguro con una compañía aseguradora, en este caso, belga. La insolvencia de esta última, su intervención por las autoridades belgas y su posterior disolución llevaron al incumplimiento de la póliza que garantizaba un cobro periódico a los trabajadores prejubilados.

Suele ser frecuente que, cuando los trabajadores son despedidos por la empresa a edades próximas a la jubilación, la empresa reconozca la improcedencia del despido y tanto la cantidad derivada de la indemnización como las mejoras establecidas sobre las prestaciones de la Seguridad Social se fijen en un contrato entre la empresa y el trabajador. Normalmente, el trabajador suscribe un documento junto con el representante de la empresa en el que hace constar que la cantidad de la indemnización se ingresa íntegramente en una compañía aseguradora en concepto de pago de una póliza de seguros del Plan de Prejubilación en el que el trabajador aparece como tomador y como asegurado. 

2. Como es sabido, los compromisos por pensiones deben ser externalizados, instrumentalizándose «desde el momento en que se inicie el devengo de su coste» mediante contratos de seguros o un plan de pensiones. A estos efectos, se consideran compromisos por pensiones los derivados de obligaciones legales o contractuales del empresario con el personal de la empresa y vinculados a las contingencias recogidas en la ley de planes y fondos de pensiones. Pero, de acuerdo con la disposición adicional primera de dicha norma (RD Leg. 1/2002, de 19 de noviembre; BOE de 13 de diciembre), una vez instrumentados, la obligación y responsabilidad de las empresas por dichos compromisos «se circunscribirán exclusivamente a las asumidas en dichos contratos de seguros y planes de pensiones».

En este caso concreto, la aseguradora abona la renta pactada en la póliza de seguro suscrita y lo deja de hacer a partir de su disolución, por lo que cada trabajador afectado reclama contra la aseguradora, pero también extiende su reclamación contra la empresa. Por regla general, los tribunales suelen admitir en instancia la corresponsabilidad del impago por parte de ambas y, sin embargo, resuelven en suplicación a favor de la empresa al considerarla exenta de cualquier obligación una vez externalizado el compromiso. Se estima así que, si es el propio trabajador el que suscribe un contrato de seguro, no existe ningún argumento para extender la responsabilidad solidaria entre la empresa y la aseguradora puesto que la empresa no es parte en el contrato tras haber cumplido con el pago que le corresponde —que es el abono de la indemnización por despido o de las mejoras oportunas, en su caso— y es responsabilidad exclusiva de la aseguradora el pago de las cantidades derivadas de la póliza del seguro suscrito. Por el contrario, los trabajadores pretenden que se condene a la empresa por entender que lo que existe es un vínculo de la empresa con el trabajador y no del trabajador con un tercero.

En numerosas ocasiones a lo largo del 2016, el Tribunal Supremo se ha venido pronunciando sobre los efectos que la insolvencia de la aseguradora podía tener en la empresa que adquiere el compromiso por pensión (SSTS de 23 de noviembre del 2016, Ar. 6507; de 12 de diciembre del 2016, Ar. 6502; de 15 de diciembre del 2016, Ar. 6200; de 19 de diciembre del 2016, Ar. 123/2017; de 21 de diciembre del 2016, Ar. 145/2017, y otras). En todas ellas se indicaba que, con independencia de que «se pacte o no expresamente en el acuerdo, la suscripción del seguro colectivo convenido y la satisfacción de las primas debidas por el mismo desplazan —por la expresa disposición legal indicada, que no exclusivamente por su expresa previsión en el pacto— la responsabilidad por las prestaciones convenidas [rentas complementarias de prestaciones públicas hasta la edad de jubilación], de forma que a partir de tal evento —abono de primas— la obligación tiene por sujeto pasivo a la entidad aseguradora y la empresa queda liberada —en principio— de toda responsabilidad, al haberse producido una novación subjetiva de la persona del deudor, por mandato legal» (Auto del Tribunal Supremo de 20 de septiembre del 2017, Ar. 245444, FJ 5). Se señala, además: «... pero la Sala debe atenerse a la previsión singular y específica que hace la ley, de que una vez instrumentados los compromisos por pensiones asumidos por la empleadora, la obligación y responsabilidad de las empresas se circunscribirán exclusivamente a las asumidas en dichos contratos de seguros y planes de pensiones. Por tanto, la norma legal está imponiendo de modo rotundo la novación subjetiva en la obligación. Se produce así un desplazamiento de responsabilidad, en forma tan inequívoca que no admite interpretación alguna, sino su estricta y literal aplicación: la exoneración de toda responsabilidad empresarial, tras la suscripción del aseguramiento y abono de las primas, exactamente igual que si de un compromiso externalizado de pensiones se tratase» (Auto del Tribunal Supremo de 20 de septiembre del 2017, Ar. 245444, FJ 5). 

La jurisprudencia opta, como puede comprobarse, por excluir la responsabilidad de la empresa en el supuesto de insolvencia de la aseguradora cuando la póliza ha sido suscrita por ella misma como empresa tomadora, siendo designado el trabajador como asegurado. Esta razón justifica que, «con mayor motivo ha de mantenerse tal solución en el supuesto de que el seguro hubiera sido concertado por el propio trabajador (trabajador simultáneamente tomador y asegurado), caso en el que no puede pretenderse que la empleadora responda por el fracaso de una operación que le es de completo ajena, lo que supondría una suerte de falta de contenido casacional a fortiori, ya que la función institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina es procurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico por los órganos judiciales del orden social» (Auto del Tribunal Supremo de 20 de septiembre del 2017, Ar. 245444, FJ 5).

3. En la sentencia de contraste que se utiliza para el supuesto resuelto por este Auto del Tribunal Supremo de 20 de septiembre del 2017, Ar. 245444, los trabajadores habían sido despedidos y, una vez pactado el importe correspondiente de sus indemnizaciones, aceptaron la oferta de la empresa de percibirlas fraccionadamente, con un calendario de pagos. Para ello la empresa acudió a una correduría de seguros al objeto de que gestionase el tema y designase la compañía que iba a suscribir la correspondiente póliza. Esta designación recayó en una aseguradora belga que, en un determinado momento, suspende pagos como consecuencia de haber sido intervenida por el Banco Nacional de Bélgica. En la demanda origen de las presentes actuaciones se reclama el pago de las cantidades pendientes de abono, aceptándose en instancia la condena de las codemandadas, empresa y aseguradora, a satisfacer solidariamente las cantidades reclamadas más el interés legal desde la fecha de su devengo. La Sala de suplicación estima parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la empresa en cuanto a la exoneración del pago de los intereses de demora en relación con determinados trabajadores.

Ahora el Tribunal Supremo considera que existe ya una solución clara dictada en todos los pronunciamientos del 2016 y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 225.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en virtud del cual podrán ser inadmitidos los recursos de casación para unificación de doctrina que carezcan de contenido casacional, esto es, los que se interpusieran contra sentencias cuyas decisiones sean coincidentes con la doctrina sentada por esta Sala del Tribunal Supremo, inadmite el recurso aquí planteado. 

4. Conviene precisar que, si bien en la sentencia recurrida lo que consta es que fue el actor el que suscribió la póliza de seguro, procediendo la empresa simplemente, en virtud del acuerdo alcanzado con el trabajador, a transferir el importe de la indemnización acordada a la cuenta dada por el trabajador en concepto de pago de la póliza del seguro del que el actor era el tomador y asegurado, en otros casos es la empresa la que figura como tomador del seguro. Podría constituir éste un factor de diferenciación determinante por cuanto la responsabilidad empresarial en un caso y en otro es distinta. Sin embargo, el tribunal admite en su resolución que, aun cuando la empresa fuera el tomador del seguro, la externalización de su compromiso la eximiría de la responsabilidad del pago de las cantidades devengadas, pero no abonadas por la compañía aseguradora.