El Gobierno español se ha dado un plazo de seis meses para aprobar la denominada «Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética». Mientras tanto, el Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, contiene ciertas medidas con las que se pretende hacer frente al incremento de los precios de la energía (motivado, según el regulador, por el incremento del precio de los combustibles y de la cotización de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero) y, de este modo, proteger a los consumidores con mayores dificultades para afrontar el pago. Este real decreto ley ha ocupado todos los espacios informativos porque contiene nuevas medidas de protección de consumidores vulnerables y de lucha contra la pobreza energética (ampliación objetiva y subjetiva del bono social, bono social térmico, ampliación de los suministros calificados de esenciales y, por ello, no interrumpibles en caso de impago, y posibilidad de contratar potencia por tramos más ajustados a las necesidades de consumo), así como por la derogación del llamado impuesto al sol, que gravaba el autoconsumo de la energía eléctrica. Pero aquí nos ocupamos de las medias contenidas en el real decreto ley que inciden sobre las instalaciones de producción de energía eléctrica de origen renovable (algunas de las incluidas en el título III denominado «Medidas para la transición energética»), cuyo objetivo es eliminar obstáculos para la entrada en funcionamiento de estas instalaciones, y de alguna otra que afecta en general a todas las instalaciones de producción de energía eléctrica:

1. Prórroga excepcional hasta el 31 de marzo del 2020 para los permisos de acceso y conexión a red otorgados con anterioridad a la aprobación de la Ley 24/2013 (nueva disp. trans. 8.ª de la Ley 24/2013), que de no ser prorrogados caducarían el próximo 31 de diciembre del 2018. Según el Gobierno, mediante esta prórroga, se posibilitará la entrada en funcionamiento en el 2020 de los cerca de 9000 MW de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables y anteriores procedimientos.

2. Medidas destinadas a asegurar la finalización de los proyectos de producción con derecho de acceso a la red (disp. adic. 3.ª RDL 15/2018). Con este objetivo se elevan las garantías exigidas, se imponen obligaciones informativas del grado de avance de los proyectos y se regulan con carácter imperativo ciertos aspectos del contrato de encargo. En concreto, tales medidas son las siguientes:

a) Elevación de la cuantía de las garantías

Se modifican las cuantías de la garantía económica para tramitar las solicitudes de acceso a la red de transporte y de distribución de instalaciones de producción (arts. 59.1bis y 66 bis.1 RD 1955/2000) que quedan fijadas en 40 €/kW instalado (antes esta cuantía era de 10 €/ kW).

a) Obligación de pago de parte de las actuaciones sobre las redes de transporte y distribución

En los puntos de conexión de tensión superior a 36 kV, en los que la totalidad o parte de las actuaciones realizadas en las redes de transporte o distribución deban ser sufragadas por los titulares de los permisos de acceso y conexión y éstas deban ser desarrolladas por el transportista o distribuidor, los titulares de dichos permisos deberán presentar al titular de la red un pago de un 10 % del valor de la inversión de las actuaciones en la red en un plazo no superior a doce meses desde la obtención de los permisos. El porcentaje y el plazo indicados podrán ser modificados por real decreto del Consejo de Ministros (curiosamente, no se prevé la posible modificación por pacto de las partes).Transcurrido el plazo anterior sin que se abonen al titular de la red el importe las cuantías económicas señaladas, se producirá la caducidad de los permisos de acceso y conexión.

c) Celebración de un contrato de encargo de proyecto

Una vez abonado el importe indicado y obtenida la autorización administrativa previa de la instalación de producción, el titular del permiso de acceso y conexión suscribirá con el titular de la red, antes de que transcurran cuatro meses desde el último de los dos hitos anteriores, un contrato de encargo de proyecto por las instalaciones de la red a las que el productor conectará su instalación.

El incumplimiento de estas obligaciones (pago y celebración del contrato de encargo) por causas imputables al interesado supondrá la ejecución de las garantías económicas presentadas para la tramitación de la solicitud de acceso a las redes de transporte y distribución.

d) Obligaciones informativas

Se impone a los titulares de los permisos de acceso y conexión la obligación de acreditar hitos de avance en los proyectos. Mediante reglamento se establecerán los plazos en los que el solicitante deberá acreditar que ha efectuado las solicitudes de declaración de impacto ambiental y de autorizaciones administrativas previas, de construcción y de explotación, y los plazos en que deberá haber logrado su obtención.

3. Posible renuncia con recuperación de la garantía (disp. trans. 3.ª RDL 15/2018). Los titulares de instalaciones que dispongan de los permisos de acceso y conexión antes de la entrada en vigor del nuevo real decreto ley y que no vayan a cumplir los plazos introducidos por él, podrán renunciar a su derecho de acceso y conexión en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor del real decreto ley (antes del 7 de enero del 2019), devolviéndoseles la garantía. Las instalaciones que no renuncien en el plazo indicado dispondrán de un plazo de doce meses para efectuar el pago del 10 % del coste de las operaciones llevadas a cabo sobre las redes de transporte y distribución. En este caso, el plazo de cuatro meses para la celebración del contrato de encargo de proyecto se aplicará desde la fecha más tardía de las tres siguientes: la fecha de abono del 10 % del importe indicado en el apartado anterior, la obtención de la autorización administrativa previa de la instalación de producción y la fecha de entrada en vigor del real decreto ley.Transcurridos los plazos anteriores sin que se abonen altitular de la red las cuantías económicas señaladas, se producirá la caducidad de los permisos de acceso y conexión, procediéndose a la ejecución de las garantías económicas presentadas.

4. Modificaciones del régimen retributivo específico. Con el objetivo de impulsar las fuentes de energía renovables mediante nuevas subastas para el otorgamiento del derecho a la percepción del régimen retributivo específico, se modifican los artículos 21 y 24 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, para dar cumplimiento a la condición previa establecida por la Comisión Europea sobre Ayudas de Estado para la realización de nuevas subastas. De este modo, «a los efectos del cálculo del número de horas equivalentes de funcionamiento no se considerará la energía vendida en el mercado ni, en el caso de las cogeneraciones, la energía generada en barras de central, en aquellas horas durante las cuales los precios de mercado diario de la electricidad son cero durante seis horas consecutivas o más» (nuevo art. 21.1 RD 413/2014). Además, «en el caso de que se perciban ayudas públicas, el régimen retributivo específico se reducirá a fin de cumplir con la normativa comunitaria relativa a la acumulación de ayudas estatales» (nuevo art. 24.1 RD 413/2014).

5. Reducción de la carga fiscal a la producción de energía eléctrica. Se exonera del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica a la electricidad producida e incorporada al sistema eléctrico durante los seis meses (último trimestre del 2018 y primer trimestre del 2019; véanse las disps. adics. 6.ª y 7.ª RDL 15/2018) coincidentes con los meses de mayor demanda y mayores precios en los mercados mayoristas de electricidad. Además, se aprueba una exención en el impuesto especial de hidrocarburos (el llamado «céntimo verde») para los productos energéticos destinados a la producción de electricidad en centrales eléctricas o a la producción de electricidad o a la cogeneración de electricidad y de calor en centrales combinadas (modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales). La aplicación de esta exención deberá sersolicitada previamente a la oficina gestora por eltitular de las centrales de producción eléctrica o de las centrales combinadas de cogeneración de electricidad, y habrá de ser autorizada por dicha oficina.

6. Próxima revisión de los parámetros retributivos aplicables a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Como consecuencia de las modificaciones de la Ley 15/2012 y de la Ley 38/1992 y en la medida en que estos impuestos son tenidos en cuenta a los efectos del cálculo de los parámetros retributivos de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, el Gobierno da un plazo de tres meses al Ministerio para la Transición Ecológica para que apruebe los nuevos parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, parámetros que serán revisados teniendo en cuenta las modificaciones de la carga tributaria (disp. adic. 8.ª RDL 15/2018). Los nuevos parámetros retributivos serán de aplicación desde la entrada en vigor de las modificaciones de las normas tributarias (es decir, desde el 7 de octubre del 2018).