El despido disciplinario adoptado como represalia por haber testificado en contra de la empresa, una vez declarado nulo, puede ser indemnizado por lesión de un derecho fundamental, aun cuando el daño moral no haya sido acreditado detalladamente.

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de octubre de 2017 [JUR 2017\283582

El presente litigio versa sobre un despido declarado nulo por vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, lo debatido en la sentencia comentada se refiere a la eventual indemnización por daños morales.

El trabajador –teleoperador especialista–, siendo miembro del comité de empresa, acude a testificar en juicio oral de demanda por conflicto colectivo. Posteriormente, la empresa despide disciplinariamente a una trabajadora que había testificado en el referido juicio, y días más tarde, despide disciplinariamente a este trabajador imputándole haber prestado testimonio falso en el juicio reseñado. 

Por ello, el trabajador solicita una indemnización por daños morales de 30.000 €, al considerar que dicha acción constituye una falta muy grave de la empresa. El Juzgado de lo Social califica el despido del trabajador nulo por vulneración de sus derechos fundamentales, condenando a la empresa a la readmisión del trabajador y al abono de la indemnización reclamada. La sentencia es recurrida en suplicación y el Tribunal Superior de Justicia estima la petición empresarial referida a la indemnización considerando que la misma no debe imponerse de forma automática sin alegar las bases y elementos claves y, sin acreditar en el proceso, cuanto menos, indicios, pautas o puntos de apoyo suficientes en los que se pueda asentar una condena indemnizatoria. En consecuencia, revoca la sentencia de instancia en lo referente a la condena al pago de una indemnización por daños morales, confirmando el pronunciamiento en lo referido a la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales.

Por tanto, probada la violación de derechos fundamentales, lo que debe fijarse ahora es la cuantía de la indemnización. Que se acuda a las sanciones previstas para infracciones empresariales muy graves parece lógico. En este sentido, el artículo 8.2 LISOS considera infracción muy grave «las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación».

Para el Tribunal Supremo estas consideraciones conducen a considerar adecuada la cuantía indemnizatoria establecida en la sentencia de instancia al no ser irrazonable o arbitraria la cantidad de 30.000 €. Tampoco la empresa ha desarrollado argumentaciones útiles para evidenciar una eventual desproporción indemnizatoria, pues solo se ha centrado en negar el derecho a la misma.