El Consejo de la UE publicó el pasado 18 de diciembre el texto de la nueva directiva comunitaria sobre secretos comerciales, sobre la que el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional el pasado 15 de diciembre, más de dos años después de que la Comisión presentara su propuesta inicial.

Esta nueva directiva, que armoniza las medidas contra la adquisición ilícita, uso y revelación de secretos comerciales, llega con el fin de aportar claridad y mejorar el funcionamiento del mercado interior. Todo ello, según señala el Consejo, sin vulnerar los derechos fundamentales, las libertades o el interés público, tales como la seguridad pública, la protección de los consumidores, la salud pública, la protección del medio ambiente y la movilidad de los trabajadores.

Son precisamente la movilidad de los trabajadores, junto con la defensa conocida como “whistleblowing”, dos de las cuestiones de este nuevo texto que más interés han suscitado.

En lo que respecta a la movilidad de los trabajadores, la nueva Directiva establece que ninguna de sus disposiciones deberá entenderse en el sentido de que se pueda limitar la libertad de los trabajadores para utilizar información que no sea considerada como secreto comercial de la empresa en el sentido de la Directiva, pero tampoco su libertad para utilizar la experiencia y habilidades adquiridas en el curso normal de su trabajo (aunque se trate de información que sí pudiera ser considerada como secreto comercial). Por otro lado, se señala que la Directiva no podrá servir de base para imponer en los contratos de los empleados restricciones adicionales no conformes con el derecho de la Unión o los derechos nacionales. En este marco, solamente se podría restringir la movilidad de los trabajadores cuando la información relevante sea considerada como secreto comercial y se encuentre fuera del ámbito de las habilidades y experiencia adquiridas por el empleado en el curso normal de su trabajo, todo ello de conformidad con los ordenamientos jurídicos nacionales y comunitario.

Por otro lado, la Directiva establece una serie de excepciones, entre las que se encuentra el “whistleblowing”, a la ilegalidad de la adquisición, uso y revelación de secretos comerciales. Esta excepción se aplica cuando la persona que adquiere, utiliza o revela el secreto lo hace con el fin de revelar una conducta ilícita, un delito o actividad ilegal siempre y cuando actúe en pro del interés público.

La nueva directiva será sometida a votación en el Parlamento Europeo en los próximos meses y una vez sea publicada y entre en vigor, los Estados miembros dispondrán de un plazo máximo de dos años para trasponerla en sus respectivos ordenamientos nacionales.