El Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (publicado en el BOCG de 6 de septiembre de 2013), pretende acometer una serie de reformas -que algunos considerarán insuficientes y otros excesivas-, con el objetivo de racionalizar y redimensionar el sector público local. La crisis económica y las medidas adoptadas para reducir el déficit público y relanzar la economía han puesto de manifiesto disfunciones y desequilibrios en la organización y funcionamiento de las corporaciones locales, responsables en gran medida del excesivo endeudamiento de muchas de ellas. Otros países de nuestro entorno europeo se han visto también compelidos, por la misma razón, a introducir reformas en sus niveles de Administración territorial, que en algunos casos han llevado a una reducción importante del número de entes públicos (casos de Grecia y Portugal).

La reforma del régimen local que se pretende acometer en España con esta norma no supone sin embargo, al menos directamente, una modificación del mapa y planta de los entes locales, salvo por lo que respecta a la supresión de la personalidad jurídica de los entes locales supramunicipales. Se ha preferido optar por fórmulas de incentivo a la fusión de municipios y por potenciar la función de coordinación por la Diputación Provincial de los servicios prestados por los pequeños municipios. Únicamente cuando las corporaciones incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, deberán adoptar en el plan económico-financiero previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, medidas de supresión de competencias, eliminación de entidades de ámbito territorial inferior al municipio y una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma Provincia.  

Pasamos a exponer algunas de las medidas incluidas en el Proyecto de Ley que consideramos de mayor interés.  

  1. Medidas de delimitación (y reducción) de las competencias municipales  

Se reducen las competencias propias y se condiciona su atribución al cumplimiento de determinados requisitos. Se suprimen así, por ejemplo, las competencias en materia de sanidad, y las relativas a los servicios sociales quedan circunscritas a la “evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”; se suprime, asimismo, la competencia de defensa de consumidores y usuarios. Otras competencias propias se redefinen para acotar su contenido.  

La reducción de las competencias propias municipales en materia de sanidad y servicios sociales va acompañada de la regulación de su transferencia a las Comunidades Autónomas, que deberán asumirlas en el plazo de cinco años para las competencias relativas a la salud y de un año en el caso de las de los servicios sociales. Si transcurrido estos plazos el ejercicio de las competencias no ha sido asumido por la Comunidad Autónoma o delegado conforme a los requisitos que establece la norma, seguirán prestándose por los municipios, pero con cargo a la Comunidad Autónoma, y si no se transfiriesen las cantidades que correspondan, se aplicarán retenciones en la transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación

La redefinición de las competencias locales elimina la posibilidad de que los municipios realicen actividades de ejecución complementarias de las propias de otras Administraciones públicas, suprimiéndose el art. 28 que hacía referencia a la posibilidad de “realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad, y la protección del medio ambiente”. Salvo en el caso de la promoción de la cultura y del deporte, que se pasan a reconocerse como competencias propias, la realización de cualquier actividad complementaria se condiciona a la previa delegación de competencias en los estrictos términos expuestos.  

  1. Medidas para coordinación por las diputaciones provinciales de la prestación de los servicios obligatorios en los municipios  

En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, que constituyen más del 95 % de los existentes, se encomienda a las Diputaciones provinciales la coordinación de la prestación de los servicios obligatorios que más costes generan (recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías y tratamiento de residuos). El Proyecto de Ley finalmente aprobado opta por una “decisión consensuada” sobre la fórmula en la que se concretará esta cooperación, abandonando la técnica del “coste estándar” que contenía inicialmente el Anteproyecto.  

En virtud de la confusa fórmula finalmente incorporada, la decisión sobre la forma de prestación de los citados servicios obligatorios se adopta por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas según lo que proponga la Diputación Provincial “con la conformidad de los municipios afectados”. Como posibles formas de prestación de los servicios, el Proyecto de Ley contempla la “prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas”, pero también prevé la posibilidad de que los municipios retengan la prestación y coordinación de los servicios si, a petición de los mismos, la Diputación acredita en un informe que pueden prestarlos a un coste efectivo inferior que el derivado de la forma de prestación por ella decidida.  

Los costes efectivos de los servicios se calcularán por todas las entidades locales antes del 1 de noviembre de cada año, teniendo en cuenta todos los coses reales directos e indirectos de los mismos y aplicando los criterios de cálculo que desarrollará el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, debiendo de comunicarse a este Ministerio para su publicación. El seguimiento de estos costes efectivos corresponde a la Provincia, que cuando detecte que son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente.  

  1. Medidas para favorecer la iniciativa económica privada: limitación de la intervención administrativa local y supresión de monopolios municipales

Se pretende evitar que los municipios sometan a licencia municipal las obras o instalaciones físicas necesarias para iniciar una actividad económica que, se supone, ya cuente con la autorización de otra Administración que sea la competente por razón del tipo de actividad (ahora sucede que las prescripciones técnicas exigidas por los Ayuntamientos son, en ocasiones, más rigurosas que las establecidas por la legislación general aplicable; así ha sucedido, p.ej., en casos relativos a las antenas de telefonía móvil). Dice así el Proyecto de Ley que estas instalaciones o infraestructuras físicas “sólo se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcionado”.  

El Proyecto de Ley elimina la reserva de determinadas actividades a las entidades locales y la consiguiente posibilidad de realizarlas en régimen de monopolio: se trata de las actividades de suministro de gas y calefacción, de los mataderos, mercados y lonjas centrales y de los servicios mortuorios; ya no se reserva tampoco a las Corporaciones locales el abastecimiento industrial de aguas, únicamente el domiciliario.  

Con carácter general, se supedita el ejercicio por las entidades locales de la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas a un expediente acreditativo de que no genera riesgo para la sostenibilidad financiara del conjunto de la Hacienda municipal, y se reconoce la posibilidad de que el Estado impugne los actos y acuerdos locales en esta materia cuando incumplan la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

  1.  Medidas de racionalización de las estructuras y órganos administrativos locales  

Cuando las entidades locales estén sometidas a un plan económico-financiero o a un plan de ajuste no podrán constituir o participar en la constitución de ningún tipo de entidades instrumentales (“organismos, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes”) durante el tiempo que dure el mismo.  

A las entidades instrumentales que desarrollen actividades económicas y se encuentren en situación de desequilibrio financiero (tal como lo define el Proyecto de Ley), se les otorga un plazo de dos meses para aprobar, previo informe del interventor de la entidad local, un plan de corrección de dicho desequilibrio. Si esta corrección no se cumpliera a 31 de diciembre de 2014, la entidad local deberá proceder a su disolución y, de no hacerlo, quedarán automáticamente disueltas.  

Se prohíbe, en todo caso, la creación de entidades instrumentales de segundo nivel, es decir, que sean controladas por otras que, a su vez, lo estén por las entidades locales. Las ya existentes deberán ser disueltas en el plazo de tres meses y, de no hacerlo, quedarán automáticamente disueltas transcurridos seis meses.  

El Proyecto de Ley trata también de limitar la “huída del derecho administrativo” en la prestación de servicios públicos locales, disponiendo que únicamente podrá hacerse uso para ello de la forma de entidad pública empresarial o sociedad mercantil local cuando resulten más sostenibles y eficientes que las otras tres fórmulas previstas (gestión directa, gestión por la propia entidad local y organismo autónomo local), lo que se acreditará mediante memoria justificativa, que habrá de elevarse al Pleno para su aprobación, debiendo asimismo emitir informe el interventor local sobre la sostenibilidad financiera y la eficiencia de las propuestas planteadas.  

  1. Medidas para un mayor control interno de las entidades locales

Se precisa que la función de control financiero incluye la posibilidad de la auditoria de cuentas de las entidades locales según se determine reglamentariamente, y se habilita al Gobierno para establecer las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, así como los derechos y deberes del personal controlador en el desarrollo de las funciones de control y destinatarios de sus informes. Los órganos interventores de las entidades locales remitirán con carácter anual a la Intervención General del Estado un informe resumen de los resultados de estos controles desarrollados en cada ejercicio.