España aprueba una nueva Estrategia de Economía Social hasta el 2020. Se pretende así, con una serie de ejes de actuación y de medidas concretas, promocionar las empresas que responden a esa fisonomía. Con ello se intenta impulsar el alcance competitivo de estas empresas a la vez que se da relevancia a su vocación de generar empleo y su enorme contribución a la cohesión social.

1. Recientemente y por la Resolución de 15 de marzo del 2018 (BOE de 20 de marzo), de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre del 2017, se ha aprobado la Estrategia Española de Economía Social 2017‑2020. Como señala la norma, dicha estrategia responde a la necesidad de tener en cuenta y promover las particularidades de las empresas de la economía social en el mercado único, así como de incluirlas y apoyarlas mediante programas, proyectos y fondos en el desarrollo innovador y sostenible de un ecosistema financiero adecuado. Asimismo, se pretende reforzar e impulsar los valores de la economía social y su proyección en la sociedad española, destacando especialmente su vocación para la generación de empleo y su enorme contribución a la cohesión social.

Procede señalar que este sector económico alcanzó su auge normativo con la aprobación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo (BOE de 30 de marzo), de Economía Social. En atención a ella, se denomina economía social el conjunto de las actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en la norma, persiguen, bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos. En este sentido forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios propios de esta ley (primacía de las personas y del fin social sobre el capital, aplicación de los resultados obtenidos al fin social de la entidad, promoción de la solidaridad interna y con la sociedad e independencia respecto de los poderes públicos). 

2. La estrategia se estructura en torno a once ejes de actuación, con sesenta y tres medidas que abordan diferentes aspectos claves para el desarrollo del sector. Entre los ejes de mayor interés se encuentran el apoyo al empleo y al emprendimiento en el ámbito de la economía social  (análisis sobre el sector, mantenimiento de los incentivos tanto al empleo estable como al emprendimiento y la participación en todos los niveles en el sistema de formación profesional); el impulso a la consolidación de empresas de la economía social y su crecimiento (fomento de su internacionalización e inclusión de estas empresas en todos los planes o estrategias dirigidos a potenciar y mejorar la productividad de las empresas); el análisis y desarrollo del marco jurídico de la economía social, al objeto de eliminar las barreras que puedan impedir o limitar su desarrollo; la generación de mecanismos innovadores de participación de la economía social en sectores estratégicos  (profundizando y mejorando los sistemas de colaboración público‑privados dentro de los sectores de actividad vinculados a los pilares del estado del bienestar y fomentando su contribución en otros ámbitos emergentes de carácter tecnológico que permiten optimizar las características de esta forma de hacer empresa y los empleos que genera); el impulso de la economía digital en las entidades de economía social (inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo empresarial a fin de conseguir una mayor competitividad) y el fomento de la participación institucional de la economía social  (potenciando la participación activa de las entidades representativas de la economía social en el diálogo institucional).

Asimismo, con esta estrategia se persigue el desarrollo de la economía social en el marco de la Agenda Internacional (en especial en Iberoamérica, Europa y el Mediterráneo, con una especial relevancia del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014‑2020 del Fondo Social Europeo), el incremento de la visibilidad de las entidades de la economía social y la difusión de su actividad (incremento del conocimiento de la ciudadanía española acerca de la contribución de estas empresas al desarrollo socioeconómico del país), el fomento de la igualdad de género y de la inclusión social en la economía social (destacando el papel que la economía social juega en la consecución de la igualdad de género y en una mayor inclusión social), el impulso de la responsabilidad social en el marco de las entidades de la economía social (dentro de la Estrategia Española de la Responsabilidad Social de las Empresas 2014‑2020) y, finalmente, la participación de la economía social en el diseño e implantación de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas y la Comunidad Internacional se han marcado para el año 2030. 

3. De entre todos estos ejes de actuación, tres merecen especial atención a los efectos de este análisis. En primer lugar, el que se refiere al apoyo al empleo y al emprendimiento en el ámbito de la economía social. Como medidas más operativas, destacan el conocimiento de las tendencias del mercado y las transformaciones que se producen en él para que las empresas de la economía social se anticipen a los retos y requerimientos que el mercado de trabajo plantea; la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo con especial consideración como nicho clave de los sectores de base tecnológica; los incentivos al empleo, a la incorporación de socios, a la contratación de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y al emprendimiento colectivo; la apuesta por la formación de los trabajadores y socios de la economía social y el apoyo a las entidades representativas de la economía social en su participación en la formación profesional; la promoción de la inclusión de la economía social en todas las actuaciones de fomento del emprendimiento que el Gobierno ponga en marcha prestando especial atención a lasfórmulas de autoempleo colectivo que se enmarcan dentro de la economía social y, de forma particular, la información a todos los operadores de la contratación pública sobre la necesidad de generar valor social en sus contrataciones, destacando ratios como la relación de concursos públicos adjudicados a empresas de economía social (normalmente, empresas de inserción) o el porcentaje de estos concursos con reservas a favor de este tipo de empresas. Tales medidas se intensifican si se tienen en cuenta las comprendidas en el segundo eje destinado al impulso en la consolidación y crecimiento de las empresas de economía social.

En segundo término, procede destacar todo lo relacionado con el análisis e implementación del marco jurídico de la economía social, con el objeto de eliminar las barreras que puedan impedir o limitar su crecimiento. A tal fin se propone desarrollar y aclarar la normativa vigente, sistematizar los incentivos para proporcionar una mayor transparencia y seguridad jurídica y eliminar trabas para la creación, crecimiento o ampliación de la actividad que realizan estas empresas. Para ello se impone una revisión de la normativa vigente; el estudio del concepto de ‘empresa social en el marco español’ junto con el análisis de su posible relación con los conceptos de ‘empresa social en el ámbito europeo’ (Social Business Initiative o iniciativa a favor del emprendimiento social); la adopción de las medidas necesarias para garantizar la eficacia de la lucha contra el fraude en el sector; el desarrollo de la Ley 44/2015, de 14 de octubre (BOE, de 15 de octubre), de Sociedades Laborales y Participadas; la creación del Registro Telemático de Cooperativas de ámbito estatal; la elaboración del «Catálogo de las entidades de la economía social» y, en fin, la creación del Sello de Entidad de la Economía Social, entre otras medidas de naturaleza jurídica.

Y, en tercer lugar, son de resaltar todas aquellas actuaciones que deberán contribuir al impulso de la economía digital en las entidades de economía social extensibles a todos los actores de la economía en general. Internet se configura, de hecho, como una herramienta básica en la gestión de estas entidades que puede facilitar y generar una mayor transparencia en la información, además de agilizar y mejorar la participación de los socios. Las empresas de economía social deberán adaptar sus procesos, sus servicios e incluso el acceso a sus productos a este nuevo mercado que se está configurando con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y se intenta conseguir con medidas tales como el fomento del emprendimiento en los sectores emergentes y de base tecnológica, así como del emprendimiento on line. No en vano, las estrategias empresariales, las herramientas necesarias, el marketing, la publicidad y la comunicación, el trato con el cliente o la búsqueda de nuevos mercados se abordan claramente de forma distinta en un negocio digital, razón por la que se consideran imprescindibles las labores de formación y la incorporación de profesionales que tengan habilidades en este campo para garantizar una mayor competitividad en la empresa. 

Para finalizar, conviene precisar que el seguimiento y la evaluación de esta estrategia se efectuará desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de un informe anual que permita evaluar la intensidad de las medidas adoptadas. Por lo demás, la resolución incluye un cuadro sumamente útil con todas las bonificaciones e incentivos para la economía social actualmente en vigor, como primer anexo, y, como segundo, la denominada «Declaración de Madrid», en la que se recogen propuestas sobre la economía social como modelo empresarial para el futuro de la Unión Europea.

4. En definitiva,se trata de una nueva estrategia que supone una oportunidad más para plantear, proponer, planificar y proyectariniciativas que sirvan para impulsar un sectortan especial como el de la economía social. Tanto las cooperativas como las sociedades laborales y, en general, todas las entidades de naturaleza social se han caracterizado por constituir un elemento de refugio para desempleados a través del autoempleo. Superada la crisis, optan por invertir en empleo estable y por crear empleo neto (un 11,8 % las cooperativas en los últimos tres años), un empleo con características muy específicas y basado tanto en el incremento de la presencia femenina —con un 47,1 % en las sociedades cooperativas— como en la incorporación constante de jóvenes, la adaptación flexible a las necesidades productivas mediante el recurso del trabajo a tiempo parcial y con una tasa de temporalidad relativamente reducida. De ahí que se potencie su crecimiento, incluso incentivando la contratación pública con empresas de esta naturaleza. Y, por eso, el Gobierno (y la Unión Europea) apuestan por potenciar durante los cuatro próximos años todas aquellas iniciativas que sirvan para situar la economía social en un lugar destacado de la economía general.