El TJUE se pronuncia en contra de un precepto de la legislación francesa por la que los libros calificados como «no disponibles» pueden ser reproducidos y puestos a disposición del público mediante un acceso libre y gratuito a través de internet.

En mayo de 2013 dos autores de obras literarias solicitaron la anulación del Decreto nº 2013-18, por el que se desarrollaba la aplicación de los artículos L. 134-1 a 139-9 del Código francés de Propiedad Intelectual. El motivo principal de la demanda era que los mencionados preceptos establecían una limitación al derecho exclusivo de reproducción de los autores que no se encuentra expresamente previsto en la Directiva 2001/29/CE (la “Directiva”).

Así, todo libro publicado en Francia con anterioridad al 1 de enero de 2001 que ya no sea objeto de comercialización por un editor, ni se encuentre en la actualidad publicado en formato impreso o digital, se entiende como «no disponible» y se incluye en una base de datos de libre acceso bajo la supervisión de la Biblioteca Nacional de Francia. Transcurridos seis meses desde su inclusión en la citada base de datos sin que medie oposición por parte de los correspondientes autores o editores, las entidades de gestión colectiva pueden autorizar la reproducción y puesta a disposición del público con carácter no exclusivo y por periodos renovables de cinco años. Las mencionadas entidades pueden, además, conceder licencias exclusivas por periodos tácitamente renovables de diez años sobre los libros no disponibles a aquellos editores que posean los derechos de reproducción en formato impreso.

Tras examinar los motivos invocados por los dos autores demandantes, el Consejo de Estado decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE una cuestión prejudicial para determinar si la referida normativa es contraria a los artículos 2 y 5 de la Directiva. Cuestión que fue resuelta mediante sentencia de 16 de noviembre de 2016 (asunto C-301/15).

El punto de partida del TJUE es el carácter exclusivo de los derechos de los autores. De esta forma, todo acto de reproducción o de comunicación al público por parte de un tercero exige el consentimiento previo del autor y toda utilización sin tal consentimiento vulnera, en principio, los derechos de este último.

Ahora bien, la Directiva no requiere que el mencionado consentimiento haya de otorgarse de forma explícita. Al respecto, el TJUE menciona a estos efectos su doctrina en el caso Svensson (asunto C-466/12), según la cual el autor que autoriza la publicación de sus artículos en la web de un periódico sin limitaciones de acceso consiente la comunicación de tales obras a todos los usuarios de internet, lo que en todo caso debe interpretarse de forma restrictiva a fin de no contrariar el espíritu de la Directiva, uno de cuyos principales objetivos es garantizar un nivel elevado de protección de los autores. Por lo demás, si bien en el caso examinado los autores disponían de una fase previa de seis meses desde la inclusión de sus obras en la base de datos objeto de cita para oponerse a ello, la normativa nacional no preveía ningún mecanismo que garantizara que tal información se recibía de forma efectiva e individualizada por los autores afectados. No es aventurado presumir que algunos autores ni siquiera llegaran a tener conocimiento de la explotación que pretende hacerse de sus obras, lo que provocaría que no estuvieran en condiciones de posicionarse en relación a la explotación y destino de sus obras. En tal sentido, considera el TJUE que “estas circunstancias particulares se oponen a que pueda presumirse razonablemente que, a falta de oposición por su parte, todos los autores de estos libros «olvidados» están no obstante a favor de la «resurrección» de sus obras para que se haga un uso comercial de ellas en formato digital”. Por todo ello, la normativa francesa controvertida se considera contraria a la Directiva.

Por lo que respecta a España, nuestra normativa no prevé ningún límite específico para la explotación comercial de obras descatalogadas. Sí se permite, en cambio, la explotación sin ánimo de lucro de obras huérfanas desde la última reforma de la LPI (artículo 37 bis, introducido por la Ley 21/2014). Se entiende por obra huérfana aquella “cuyos titulares de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos”. Los beneficiarios de este límite a los derechos de explotación son muy similares a las entidades beneficiarias de los límites de reproducción con fines de investigación, conservación o préstamo público. Entre otros: centros educativos, museos, bibliotecas, hemerotecas, archivos, fonotecas y filmotecas accesibles al público, y organismos públicos de radiodifusión.

La presente publicación no constituye opinión profesional o asesoramiento jurídico de sus autores.