Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas. (BOE 30 de mayode 2013).

En la Disposición final primera de la citada Ley se contiene una modificación del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que afecta a los artículos 181 e), relativo a las bonificaciones aplicables a la tasa de ocupación, y 212.2, referente a los sustitutos de los sujetos pasivos de la tasa de la mercancía (T-3).

El artículo 181 e) queda redactado en los siguientes términos:  

«e) Cuando el titular de la concesión o autorización sea un club náutico u otro deportivo sin fines lucrativos: 30 por ciento de la cuota correspondiente a la tasa asociada a los espacios terrestres, los de agua y a las obras e instalaciones, destinados exclusivamente a la realización de actividades náuticas, a cuyo efecto deberá incluirse en el título de otorgamiento un plano en el que se determine la superficie, obras e instalaciones dedicadas a dicha finalidad. En el caso de que disponga de atraques otorgados en concesión o autorización, al menos un 80 por ciento de los mismos deberán estar destinados a embarcaciones con eslora inferior a doce metros para poder aplicarse esta bonificación.»  

Y el artículo 212.2 queda redactado como sigue:  

«2. Los sustitutos designados en este precepto están solidariamente obligados al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales derivadas de la obligación tributaria, pudiendo la Autoridad Portuaria dirigirse indistintamente a cualquiera de ellos.»

Real Decreto 270/2013, de 19 de abril, sobre el certificado del seguro o la garantía financiera de la responsabilidad civil en el transporte de pasajeros por mar en caso de accidente (BOE 9 de mayo de 2013).  

El Reglamento 392/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente, establece la obligatoriedad de dichos transportistas de tener suscrito un seguro o garantía financiera que cubra la responsabilidad en caso de muerte o lesiones de los pasajeros, cuya vigencia se acreditará mediante la expedición de un certificado por las autoridades competentes de cada Estado miembro, regulándose mediante el Real Decreto 270/2013, de 19 de abril, la expedición y control de dicho certificado y las medidas para hacer efectiva la obligación de cobertura de la responsabilidad civil.  

Si bien el citado Real Decreto entró en vigor el 10 de mayo de 2013, el legislador ha optado -ex artículo 11 del Reglamento 392/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009- por aplazar su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2018 para los buques de clase A y clase B, respectivamente, según las definiciones contenidas en artículo 4 del Real Decreto 1247/1999, de 16 de julio sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos españoles.  

El Real Decreto prohíbe la navegación a todo buque español dedicado al transporte de pasajeros por mar si no lleva a bordo certificado válido acreditativo de la existencia del seguro o garantía financiera, quedando igualmente prohibida la entrada en puerto o la salida de puerto a todo buque extranjero al que sea de aplicación el Reglamento 329/2009 de 23 de abril de 2009 si no lleva a bordo un certificado del seguro o de otra garantía financiera en vigor y expedido de conformidad con aquél y que cubra hasta el límite de responsabilidad que le corresponda de acuerdo con lo estipulado en dicho Reglamento.