Un brexit sin acuerdo supondría dejar de aplicar al reconocimiento y ejecución de las resoluciones procedentes del Reino Unido los reglamentos europeos que regulan tales cuestiones. En el ámbito civil y mercantil patrimonial, la aplicación del Convenio de Lugano no sería automática, sino que requeriría su ratificación por el Reino Unido, que, para hacerlo, debería al menos integrarse en la Asociación Europea de Libre Cambio (AELC).

La salida del Reino Unido sin acuerdo supondrá, de producirse, una modificación relevante del régimen de reconocimiento y ejecución de las resoluciones procedentes de aquel país. Si nos situamos en el ámbito de las resoluciones en materia civil y mercantil, tal como éstas se definen en el Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis), el régimen facilitador que este texto prevé dejará de ser de aplicación para pasar a serlo las normas de fuente interna o, en su caso, los convenios bilaterales que el Reino Unido hubiera celebrado con cada Estado miembro y que pudiera entenderse que continúan en vigor (en el caso de España, el Convenio entre España y Gran Bretaña de 1929 se limita a cuestiones relativas a la asistencia mutua en procedimientos civiles y comerciales, sin abordar el reconocimiento y la ejecución de resoluciones).

La alternativa de entender aplicable el Convenio de Lugano del 2007 a esta materia no es tal, puesto que este convenio no fue ratificado por el Reino Unido, sino por la Unión Europea, Suiza, Noruega e Islandia (dada su especial posición en relación con las normas de Derecho internacional privado, Dinamarca también ratificó este texto individualmente). Siendo así, la salida del Reino Unido de la Unión Europea lo deja también fuera del texto de Lugano, de manera que sería necesaria su adhesión al convenio para que se aplicaran sus reglas de competencia judicial y de reconocimiento y ejecución de resoluciones. Sin perjuicio de lo que pudiera resultar de eventuales decisiones políticas, tal adhesión pasaría, al menos, por la incorporación del Reino Unido a la Asociación Europea de Libre Cambio (art. 69 del convenio), colocándose en una situación similar a la de Suiza. No sería, en principio, necesaria también su integración en el Espacio Económico Europeo —solución a la noruega—, que supone un mayor grado de conexión con la Unión Europea al implicar la aceptación de las disposiciones relativas al mercado interior, sin participar, no obstante, en su elaboración. 

En cualquiera de los dos casos, la adhesión al Convenio de Lugano no colocaría, en lo que a su ejecución se refiere, a las resoluciones judiciales del Reino Unido en la misma situación en que se encuentran actualmente en aplicación del Reglamento Bruselas I bis. Si bien los motivos por los que es posible oponerse al reconocimiento o a la ejecutividad son, con algunas diferencias relativas al control de la competencia del tribunal de origen, sustancialmente los mismos en los dos textos y también lo son las vías para el reconocimiento, difiere el procedimiento para obtener la ejecución: mientras en el reglamento se ha suprimido el requisito del exequatur para la ejecución de sentencias extranjeras, de manera que es posible instar en los Estados miembros directamente la ejecución de la sentencia procedente de otro cualquiera de ellos, correspondiendo al juez de la ejecución el control de los motivos de oposición, en el texto de Lugano se mantiene la exigencia del exequatur. Es cierto que en algunos Estados la práctica ha venido simplificando este segundo sistema al permitir solicitar al mismo tiempo el exequatur y la ejecución, siendo el primero un presupuesto lógico del segundo, pero eso no viene exigido por el texto de Lugano y no es una práctica común en todos los Estados.

En relación con lo anterior, se ha planteado la posibilidad de «resucitar» el antiguo Convenio de Bruselas de 1968, que se encuentra en el origen del actual Reglamento Bruselas I bis y que sirvió de modelo al Convenio de Lugano. El primer convenio sí fue ratificado por el Reino Unido y no ha sido denunciado formalmente. No obstante, esta posibilidad es, cuando menos, dudosa, dado que el Convenio de Bruselas se adoptó sobre la base del antiguo artículo 220 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), que permitía a los Estados miembros celebrar acuerdos entre ellos —cuando fuera necesario— para asegurar, entre otros extremos, la simplificación de las formalidades a las que se sujetan el reconocimiento y la ejecución recíproca de resoluciones judiciales y laudos arbitrales. Se trataba, en consecuencia, de un convenio multilateral cerrado, siendo la condición para adherirse a él la pertenencia a la entonces Comunidad Europea. Que sea la salida de un Estado miembro lo que motive su renovada aplicación no resulta jurídicamente coherente.