La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de septiembre de 2014, Asunto C-549/2013, ha concluido que la imposición de salarios mínimos en la subcontratación de un contrato público vulnera la libre prestación de servicios en la Unión Europea, y ello por estimar que la normativa nacional que impone como condición de adjudicación que los licitadores y subcontratistas, incluso establecidos en otro Estado miembro, se comprometan a pagar al personal que ejecute las prestaciones del contrato público un salario mínimo fijado en la ley nacional del adjudicatario, limita injustificadamente el alcance del artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La sentencia del TJUE trae causa de una petición de decisión prejudicial cuyo objeto fue la interpretación del artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.

El artículo 56 del TFUE prohíbe las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un Estado miembro que no sea el del destinatario de la prestación y el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE, que dispone su aplicación a las empresas establecidas en un Estado miembro que, en el marco de una prestación de servicios transnacional, desplacen a trabajadores en el territorio de otro Estado miembro2, prevé que los Estados miembros velarán porque, cualquiera que sea la legislación aplicable a la relación laboral, las empresas mencionadas garanticen a los trabajadores desplazados, entre otros extremos, las cuantías de salario mínimo.

Pues bien, la petición de decisión prejudicial se formuló en el marco de un litigio en relación con la obligación prevista en un pliego de condiciones correspondiente a un contrato público de servicios “X” de garantizar a los trabajadores de los subcontratistas de los licitadores el pago de un salario mínimo previsto por la normativa del Estado miembro al que pertenecía la entidad adjudicadora, aun cuando el subcontratista estuviera establecido en otro Estado miembro y todas las prestaciones relativas a la ejecución del referido contrato se realizaran en ese otro Estado miembro.

El referido contrato – contrato público – convocado a escala de la Unión Europea, estableció entre las condiciones especiales del expediente de licitación, un modelo de documento que debía firmar el licitador y mediante el cual éste declaraba que se comprometía a abonar a sus trabajadores un salario mínimo por hora de 8,62 euros y a exigir a sus subcontratistas que se comprometiesen a su vez a respetar dicho salario mínimo. Esta previsión, fundada con toda probabilidad en la posibilidad de exigir condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen de forma oportuna en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones3, desencadenó un debate cuyo desenlace constituye el elemento primordial de la STJUE referida.

Su núcleo esencial aborda la cuestión relativa a la exigencia de pago de un salario mínimo previsto por la normativa del Estado de la entidad adjudicadora de contrato público, tanto a los trabajadores sitos en dicho Estado, como a los trabajadores de los subcontratistas establecidos en otro Estado miembro, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea refiere que la imposición, en virtud de una normativa nacional, de una retribución mínima a los subcontratistas de un licitador establecidos en un Estado miembro distinto del de la entidad adjudicadora, y en el que los salarios mínimos sean inferiores, constituye una carga económica adicional que puede impedir, obstaculizar o hacer menos interesante la ejecución de sus prestaciones en el Estado miembro de acogida, y por ende, constituye una restricción de la libre prestación de servicios.

No tiene sentido exigir un salario mínimo fijo considerado como necesario para garantizar una remuneración adecuada a los trabajadores del Estado miembro de la entidad adjudicadora

-en este caso Alemania-, en tanto que el coste de la vida en el Estado miembro en el que se llevarán a cabo las prestaciones relativas al contrato público de que se trata -en este caso Polonia- no tiene comparación, y mediante el establecimiento de dicha condición se priva a los subcontratistas establecidos en este último Estado miembro de la posibilidad de obtener una ventaja competitiva que va más allá de lo necesario para garantizar la protección de los trabajadores; medida de protección salarial que tampoco encuentra justificación en el objetivo de estabilidad de los regímenes de la seguridad social al no ser necesaria su aplicación para evitar un riesgo de perjuicio grave para el equilibrio financiero del sistema de seguridad social.

Además, no nos encontramos en un supuesto de trabajadores desplazados, puesto que los operarios del subcontratista son residentes del país donde se va a ejecutar el contrato público.

Por tanto, en respuesta a la cuestión prejudicial planteada, resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respecto de la forma de cohonestar el artículo 564 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con la Directiva 96/71/CE y las Directivas de contratos, que:

Cuando un licitador tiene previsto ejecutar un contrato público exclusivamente con trabajadores empleados por un subcontratista establecido en un Estado miembro distinto del de la entidad adjudicadora, el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se opone a la aplicación de una normativa del Estado miembro de la adjudicadora que obliga al subcontratista a pagar a los trabajadores un salario mínimo fijado en dicha normativa.