El día de hoy la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) inició las audiencias públicas sobre los más de 12,000 comentarios recibidos en torno a la modernización y renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las audiencias se llevarán a cabo en la sede de la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos en Washington D.C. (véase la alerta de Holland & Knight del 30 de mayo de 2017: "Trump Administration Delivers Formal Notice of NAFTA Renegotiations.")

Por otro lado, el día de ayer la Secretaría de Economía (SE) puso en funcionamiento una página de internet en donde las personas interesadas en modernización del TLCAN podrán publicar comentarios y adjuntar archivos electrónicos con sus propuestas. Los comentarios serán recibidos hasta el 26 de julio de 2017.

Estas consultas públicas son adicionales a las que se sostuvieron durante 90 días entre la SE y el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, en las que se buscó definir los parámetros y objetivos de la negociación del TLCAN.1

En el caso de México existe un diálogo permanente entre el gobierno y su sector privado, a través del famoso "cuarto de junto," el cual tiene sustento en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones que permite al sector privado participar para promover y defender los intereses generales del comercio, los servicios, el turismo o de la industria según corresponda. Adicionalmente, el sector privado puede fungir como órgano de consulta y de colaboración en el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento de la actividad económica nacional, por lo que el proceso de consulta será permanente.2

Sin embargo, tomando en cuenta la relevancia y magnitud de temas cubiertos por los veintidós capítulos del TLCAN, la participación del sector productivo mexicano se vuelve indispensable particularmente ante temas novedosos que podrían incorporarse, tales como: comercio electrónico, la regulación de empresas comerciales del estado, y compromisos adicionales en el sector energético, los temas laborales y ambientales del comercio, entre otros.