Recientemente la Asamblea Nacional aprobó la Ley No. 976 Ley de Unidad de Análisis Financiero y la Ley No. 977 Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), ambas publicadas en La Gaceta Diario Oficial No. 138 del 20 de julio de 2018.

Mediante la Ley No. 976, se pretende regular la organización, atribuciones, facultades y funcionamiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la cual es la encargada de recibir y solicitar reportes de operaciones sospechosas a los Sujetos Obligados, o bien, cualquier entidad pública o privada que entre las actividades que realiza con sus asociados, incluya la intermediación financiera y Organizaciones Sin Fines de Lucho, información financiera o legal que tenga relación con operaciones presuntamente relacionadas con el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y delitos precedentes asociados al LA (LA/FT/FP).

Por otra parte, la Ley No. 977 tiene como objeto establecer mecanismos basados en un enfoque de riesgo para promover y fortalecer la prevención, investigación, persecución y sanción del LA/FT/FP, fortalecer la legislación nacional de acuerdo con el alcance de las Convenciones Internacionales y los principales estándares internacionales sobre la lucha contra el LA/FT/FP.

Esta Ley reforma artículos del de la Ley No. 641, Código Penal de la República de Nicaragua, modificando, entre otros, el delito de Terrorismo el cual ahora comprenderá toda persona que: cause la muerte o lesiones corporales graves a personas que no participan directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado o destruya o dañe bienes públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

La Ley No. 977 también dispone que las sociedades mercantiles no podrán emitir acciones al portador y que a la entrada en vigencia de esta Ley, tengan o emiten acciones y certificados de acciones al portador deben convertir dichas acciones en nominativas en un término de doce meses.

Adicional a ello, la Ley dispone que cada seis meses y en los momentos que el Registro Mercantil lo requiera, los comerciantes o empresarios deberán informar si los documentos objeto de inscripción dispuestos en la Ley están actualizadas. El incumplimiento de este deber podrá conllevar a multas cuyo valor serán depositadas en la Tesorería General de la República.

Finalmente, se reforma parcialmente distintas Leyes entre las que se encuentran la Ley del Notariado de 1905, el Código de Comercio de 1914, Ley No. 561 Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Ley No. 734 Ley de Almacenes Generales de Depósito, Ley No. 733 Ley General de Seguros, Reaseguros y Finanzas, Ley No. 698 Ley General de los Registros Públicos, entre otras. En el siguiente enlace podrá tener acceso al contenido completo de ambas leyes: https://www.lagaceta.gob.ni/2018/07/138/