El 15 de octubre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó la reforma del Código Fiscal de la Federación (“CFF”), el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional, con la finalidad de considerar el tráfico de comprobantes fiscales, la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada, como delincuencia organizada y amenaza a la seguridad nacional. Dicha reforma se encuentra pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor el 1 de enero del 2020. 

La Cámara de Diputados realizó modificaciones a la minuta presentada por el Senado, la cual establece principalmente lo siguiente: 

  • Se modifica el artículo 113-bis del CFF, para elevar la pena de 2 a 9 años de prisión para quien enajene, expida, compre o adquiera comprobantes fiscales y se establece un nuevo tipo penal para quien promocione o anuncie la compraventa de dichas facturas. Dicho delito y el de operaciones de procedencia ilícita se podrán perseguir simultáneamente. 
  • Se incorpora el artículo 133-bis del CFF, que prevé la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada1 , a la categoría de delincuencia organizada y amenaza a la seguridad nacional, cuando superen el límite de $7’804,230.00 pesos. Esto significa que serán aplicables las reglas de extinción de dominio y prisión preventiva oficiosa.
  • Se agrega el artículo 113-bis del CFF al catálogo del artículo 11 del Código Penal Federal, lo que significa que a la persona moral podrá imponérsele la consecuencia jurídica.

Adicional a estas consecuencias, se añaden aquellas previstas en el paquete económico 2020, en las que se establece que se cancelarán los certificados de sellos digitales a aquellos contribuyentes que no acrediten ante el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) no haber recibido los bienes y servicios de proveedores que se encuentran en las listas de personas que simulan operaciones inexistentes, o bien, si no corrigieron su situación fiscal. Si se cancelan los sellos digitales, el contribuyente no podrá emitir comprobantes fiscales y como resultado sus operaciones se verán afectadas. 

Por lo anterior, recomendamos contar con un respaldo mensual de los servicios recibidos, control interno e incluir indemnizaciones en los contratos respectivos.