Caducidad de concesión para la ocupación de parcela en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas como consecuencia de la equiparación de la enajenación del 75% de las acciones del capital de la entidad concesionaria a la transmisión del título concesional sin autorización de la Autoridad Portuaria y del incumplimiento de las condiciones a que se supeditó la autorización para la constitución de hipoteca sobre la concesión a su constitución sin autorización (N.º de expediente 679/2013).

El dictamen de referencia se emitió en el marco de un expediente de caducidad de una concesión para la ocupación de parcela con destino a desarrollo logístico en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas iniciado por la concurrencia de dos causas para ello: transmisión del título de otorgamiento de la concesión sin la previa autorización de la Autoridad Portuaria siendo dicha autorización exigible y, (ii) incumplimiento de las condiciones a que la Autoridad Portuaria supeditó la autorización para la constitución de hipoteca sobre la concesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.4 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPMM) la enajenación de acciones de la sociedad concesionaria debe ser autorizada cuando el adquirente obtenga una posición que le permita influir de manera efectiva en la gestión o control de aquélla, como sucede con la enajenación de acciones representativas del 75% del capital social de la concesionaria.

Considera el supremo órgano consultivo que la transmisión de la propiedad producida mediante la enajenación de acciones resulta equiparable a una transferencia del título concesional y que, en consecuencia, habiéndose transferido dicho título sin previa autorización, concurre la causa de caducidad prevista tanto en el propio título concesional como en el artículo 98.1.h) TRLPMM.

Respecto de la segunda causa de caducidad alegada, las condiciones a que la Autoridad Portuaria supeditó su autorización para la constitución de una segunda hipoteca sobre la concesión consistían, además de en la presentación de escritura pública de constitución de hipoteca para su incorporación al expediente de la concesión, en el destino del importe del préstamo hipotecario a la realización de determinadas inversiones adicionales propuestas por el concesionario, a saber, la construcción de una nave nueva y rehabilitación de otra existente, implantación de un sistema de regeneración de suelos y de un sistema de gestión de almacenes e instalación de estanterías de paletización compacta.

Considera el Consejo de Estado que el incumplimiento de las condiciones a que la Autoridad Portuaria supeditó la autorización de constitución de una segunda hipoteca sobre la concesión no fue meramente parcial, puesto que únicamente se acreditó la realización de una pequeña parte de las inversiones (la instalación de estanterías de paletización compacta), mientras que la más importante desde el punto de vista económico no se produjo.

El artículo 98.1.i) del TRLPMM prevé como causa de caducidad de las concesiones la constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sin autorización de la Autoridad Portuaria, considerando el Consejo de Estado que pueden estimarse equiparables el incumplimiento esencial de la autorización concedida para constituir la hipoteca y su constitución sin autorización. Si bien no cualquier incumplimiento de las condiciones bajo las que se autorizó la constitución de la garantía puede integrar tal causa de caducidad, en el presente supuesto la entidad del incumplimiento determina que éste haya de ser calificado como esencial, asimilándose así el efecto del incumplimiento de las condiciones al de la falta de obtención de autorización.

Por todo lo anterior, el Consejo de Estado estima procedente declarar la caducidad de la concesión al concurrir las causas recogidas en los artículos 98.1.h) y 98.1.i) del TRLPMM, añadiendo que la resolución que declare la caducidad habrá de prever el destino de las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 100.2 del TRLPMM y la incautación de las garantías correspondientes, si existiesen, de acuerdo con el artículo 98.3 del TRLPMM.