El pasado 10 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario de Centro América el Decreto 2-2017, que aprueba el Convenio No. 175 de la Organización Internacional del Trabajo. Este Convenio establece los estándares para el trabajo de tiempo parcial y se basa en los principios del Derecho Laboral de proporcionalidad y no discriminación.

A efectos del Convenio, “la expresión trabajador a tiempo parcial” se refiere a todos los trabajadores cuya actividad laboral tiene una duración normal inferior a la de los trabajadores a tiempo completos en situación comparable.

Con la aprobación de este Convenio, se establece que el Estado de Guatemala deberá tomar medidas en materia legislativa para regular su aplicación y al mismo tiempo, deberá asegurar que los trabajadores de tiempo parcial no perciban un salario (que calculado proporcionalmente) sea inferior al salario base de los trabajadores de tiempo completo que estén en una situación parecida.

Asimismo, este convenio está basado en el principio de tutelaridad del trabajador. Esto se evidencia en las normas del Convenio, que establecen que su aplicación no afectará a las disposiciones más favorables aplicables a los trabajadores de tiempo parcial en virtud de otro convenio internacional de trabajo.

El Convenio beneficiará a los trabajadores de tiempo parcial, debido a que les otorga derechos como: protección a la maternidad, terminación de la relación laboral, vacaciones anuales pagadas, asuetos pagados y licencias por enfermedad.

Además establece que en las relaciones laborales de tiempo parcial deberán adoptarse medidas para que los trabajadores gocen de las mismas protecciones que los trabajadores a tiempo completos en lo relativo al derecho de sindicalización, negociación colectiva y al derecho de actuar en calidad de representantes de los trabajadores. Además, claro, del derecho a la seguridad y salud en el trabajo y a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Después del registro de la ratificación realizada por Guatemala de este Convenio en un plazo de doce meses, deberá entrar en vigencia la normativa, por lo que se estima que será aplicable en Guatemala en marzo del año 2018.