La fijación de un pago diferido en un pacto de compraventa de acciones por parte de antiguos socios, hoy trabajadores del grupo empresarial, genera una controversia en cuanto al fondo pero, especialmente, de naturaleza competencial. El conflicto planteado en torno a la cláusula penal que impone la pérdida de dicha compensación si el trabajador incumple las obligaciones de no competencia obliga a dilucidar si se trata de un acuerdo de naturaleza mercantil —puesto que se halla inserto en un negocio de compraventa de acciones— o de índole laboral —toda vez que la obligación de no competencia surge durante el contrato de trabajo y se extiende tras su extinción—.

1. Los trabajadores han venido prestando servicios para diversas empresas pasando todos ellos con posterioridad a un grupo de empresas. Antes del traspaso, los trabajadores habían elevado a público un documento de compraventa de títulos societarios de las sociedades de las que los trabajadores eran propietarios. Entre las cláusulas del contrato de compraventa existe una, cuestionada en este pleito, en virtud de la cual se fija un pacto de no competencia durante cinco años. En concreto se establece lo siguiente: «En caso de incumplimiento de la obligación de no competencia prevista en la cláusula 7.1, el Vendedor que ha incumplido, en concepto de cláusula penal (i) perderá el derecho a percibir el Pago Diferido o, en su caso de haberlo percibido ya, deberá restituirlo en su integridad y (ii) deberá restituir a (la empresa) la totalidad del Pago Inicial. La presente cláusula penal será adeudada de forma íntegra al considerar las partes, a los efectos del artículo 1.154 del Código Civil que, en tal supuesto, las obligaciones asumidas por el Vendedor incumplidor en virtud de la presente cláusula 7 quedarían totalmente incumplidas y ello sin perjuicio de la reclamación de daños y perjuicios en cuantía superior al indicado importe, en caso de que así se acreditara». En un determinado momento, el grupo de empresas comunica a los trabajadores que, no habiéndose cumplido los criterios para abonar el pago diferido acordado en el contrato de compraventa, no procedería a la compensación fijada. 

Inicialmente la controversia se somete a un arbitraje ad hoc, habiendo sido impugnados los laudos dictados ante la jurisdicción penal. Pero, al mismo tiempo, los trabajadores presentan demanda contra el grupo de empresas por reclamación de cantidad y lo hacen ante la jurisdicción social. Tanto la demanda como la excepción de incompetencia de jurisdicción son rechazadas por el Juzgado de lo Social.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de junio del 2015, Ar. 230267, dictada en suplicación, también desestima el recurso. En cuanto a la excepción de incompetencia de jurisdicción, considera que, para valorar el carácter laboral o civil de la acción, se ha de tener en cuenta que los demandantes han sido trabajadores de las respectivas empresas en las que ostentaban la titularidad de participaciones sociales, aunque en poca cuantía y porcentaje. Es cierto que la cláusula en cuestión puede tener una naturaleza mixta, por lo que el hecho de que se haya sometido a arbitraje previamente no evita la competencia de este orden jurisdiccional social. De hecho, se trata de una cláusula insertada en un contrato mercantil, pero con claros efectos sobre la relación laboral, ya que, por una parte, aquélla no se entendería si no se hubieran seguido prestando servicios profesionales —en aquel momento con un contrato laboral indefinido— y, por otra parte, se preveían las consecuencias en caso no sólo de incumplimiento, sino también del cese en la relación laboral, distinguiendo entre causas derivadas de la persona del trabajador o por razones ajenas a su decisión. Por lo demás, y como en decisiones anteriores ya advirtió este tribunal, se trata de una cláusula de no competencia para después de que el contrato de trabajo se haya extinguido que no está recogida en un contrato de trabajo stricto sensu, sino en un contrato de compraventa de participaciones sociales por parte de un empresario (el actor). Comoquiera que este último decide vender su participación en la sociedad mercantil demandada, pero en la que permanece como trabajador, en las cláusulas del contrato de compraventa se adoptan diferentes acuerdos que necesariamente han de ser examinados para poder dilucidar la cuestión debatida.

2. La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre del 2017, Ar. 22630, valora el contraste con una de las sentencias aportadas en contradicción, en concreto la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 27 de febrero del 2014, Ar. 91162, en la que también el trabajador, tras firmar en un contrato de compraventa para la adquisición de participaciones sociales un pacto de no competencia, reclama su nulidad por entender que aquél resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores. En este caso, el tribunal se declara incompetente para resolver la petición de nulidad de la cláusulas en cuestión, ya que considera que se trata de un negocio jurídico de carácter mercantil. Hasta tal punto es así que es la propia cláusula de no competencia la que se encarga de establecer que el acuerdo se alcanza «habida cuenta la estrecha colaboración requerida al vendedor por el comprador, reforzada por su participación en el riesgo y ventura del negocio a través del mecanismo del Pago Diferido». La asunción mediante el pago diferido de parte del riesgo y ventura del negocio, tal y como se ha pactado por las partes, refleja la estrecha relación del pacto y de la cláusula con la condición de socio del demandante y no con la condición posterior del trabajador, siendo evidente que la ajenidad propia de la relación de trabajo no es compatible con una asunción de riesgos como la acordada. 

Ahora, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en esta Sentencia de 21 de diciembre del 2017, Ar. 22630, recapitulando lo establecido en anteriores pronunciamientos (en concreto, en su Sentencia de 15 de junio del 2015), en relación con el pacto de exclusividad y el de no competencia contractual, establece que «tanto el pacto de exclusividad como el de no competencia postcontractual tienen naturaleza laboral, ciñéndose el debate a la cuestión de si la compensación que se abona por los mismos tiene naturaleza salarial o indemnizatoria. Resta por dilucidar si el hecho de que una cláusula de no competencia aparezca incluida en un contrato de compraventa de títulos societarios, propiedad de los trabajadores, acarrea que la jurisdicción social no sea la competente para conocer de la demanda de nulidad de la citada cláusula de no competencia formulada por los trabajadores» (FJ 3).

Pues bien, atendiendo a lo dispuesto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en su vertiente individual como colectiva, incluidas aquellas que versen sobre materias laborales y de seguridad social. Entre otras, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y en el contrato de puesta a disposición y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo. Y, por tanto y a tenor de los hechos enjuiciados, el Tribunal Supremo entiende que el orden jurisdiccional social es el competente para resolver la cuestión planteada.

El pacto en conflicto es firmado por los trabajadores —existiendo un contrato de trabajo vinculante con sus respectivas empresas— y son precisamente las participaciones sociales que cada uno de los trabajadores tiene en las empresas para las que están prestando servicios las que venden al grupo. A lo largo del pacto se deduce su incidencia directa en la relación laboral de los actores y la presencia de ésta en la redacción de sus cláusulas. Así, aunque la cláusula en cuestión se refiere a la extinción de la relación profesional, prevé dos supuestos de extinción que únicamente pueden afectar a la relación laboral, a saber, la extinción por incapacidad permanente y la extinción por despido declarado improcedente o por incumplimientos empresariales al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. Por lo demás, el pacto de no competencia durante cinco años desde la firma del contrato —o dos desde la finalización de la relación— es similar al regulado en el artículo 21 de la misma norma, pues se prevé en él la posibilidad de pactar la plena dedicación durante la vigencia del contrato y el pacto de no competencia, una vez extinguido éste, durante un periodo máximo de dos años. También se cumple en el mencionado pacto la exigencia contenida en dicho artículo 21, consistente en que exista una debida compensación económica al disponer que «las partes expresamente pactan y reconocen que el Precio de las Participaciones Sociales incluye el compromiso de no competencia regulado en la cláusula 7.1». En nada modifica esta conclusión el hecho de que la cuestión haya sido sometida a arbitraje y los árbitros hayan resuelto el asunto planteado «ya que, como afirma la sentencia recurrida, hay determinados aspectos del acuerdo que pudieran tener una naturaleza mercantil y ser examinados en el ámbito de un arbitraje, atendiendo al componente de valoración del fondo de comercio» (FJ 3). Lamentablemente y pese a esta asunción competencial, la sentencia no se pronuncia sobre el fondo por entender que no existe contradicción entre la sentencia de contraste aportada y la recurrida, pese a asumir que concluyen de forma distinta. 

3. Aunque no exista pronunciamiento sobre el fondo, la sentencia reúne un interés particular al plantear detalladamente la asunción de competencia del orden social en este tipo de supuestos de aparente naturaleza híbrida, un pacto de no competencia fijado en un contrato de compraventa de acciones por parte del socio que sigue vinculado al grupo de empresas como consecuencia de un contrato de trabajo. Y, así, el pacto es firmado por los trabajadores, existiendo un contrato de trabajo vinculante con sus respectivas empresas, y son precisamente las participaciones sociales que cada uno de los trabajadores tiene en las empresas para las que están prestando servicios las que venden al grupo; la incidencia de la relación laboral se halla presente en la redacción del clausulado de compraventa; son los supuestos de extinción del contrato los que generan la aplicación del pago diferido o de la compensación económica pactada y, en fin, los términos se ajustan a la normativa laboral sobre pacto de no competencia o de no concurrencia durante la vigencia o una vez extinguido el contrato de trabajo.