1. Calificación

El proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial (LFFE), aprobado por el Gobierno, contempla en su Título II (arts. 6 a 14), el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito (EFC), considerandos como tales a aquellas empresas que, sin tener la consideración de entidad de crédito, y previa autorización del Ministerio de Economía, se dediquen con carácter profesional a ejercer una varias de las siguientes actividades:

  1. La concesión de préstamos y créditos, incluyendo crédito al consumo, crédito hipotecario y financiación de transacciones comerciales.
  2. El «factoring», con o sin recurso, y las actividades complementarias de esta actividad, tales como las de investigación y clasificación de la clientela, contabilización de deudores, y en general, cualquier otra actividad que tienda a favorecer la administración, evaluación, seguridad y financiación de los créditos que les sean cedidos.
  3. El arrendamiento financiero, con inclusión de las siguientes actividades complementarias: actividades de mantenimiento y conservación de los bienes cedidos; concesión de financiación conectada a una operación de arrendamiento financiero, actual o futura; intermediación y gestión de operaciones de arrendamiento financiero; actividades de arrendamiento no financiero que podrán complementar o no con una opción de compra; asesoramiento e informes comerciales.
  4. Las de concesión de avales y garantías, y suscripción de compromisos similares.
  5. La concesión de hipotecas inversas.

Asimismo, los EFC podrán desarrollar las demás actividades accesorias que resulten necesarias para el desempeño de las actividades anteriores, en los términos que se prevean en sus estatutos sociales.

Los EFC que, además de dedicarse a una o varias de las actividades anteriormente enumeradas, realicen alguno de los servicios de pago definidos por la Ley de servicios de pago, deberán solicitar autorización. Estas entidades tendrán la consideración de entidades de pago híbridas y les resultará de aplicación, sin perjuicio de lo previsto en la LFFE, la normativa específica de tales entidades.

Los EFC que, además, emitan dinero electrónico en los términos establecidos en la Ley de dinero electrónico, también deberán solicitar autorización administrativa. Estas entidades tendrán la consideración de entidades de dinero electrónico híbridas y les resultará de aplicación, sin perjuicio de lo previsto en la LFFE, la normativa específica de tales entidades.

Los EFC no podrán captar fondos reembolsables del público. No obstante, la captación de fondos reembolsables mediante emisión de valores sujeta a la LMV podrá efectuarse con sujeción a los requisitos y limitaciones que para estos establecimientos se establezcan específicamente.

Por último, los EFC podrán titulizar sus activos, de acuerdo con lo que prevea la legislación sobre fondos de titulización.

  1. Régimen jurídico

En todo lo no previsto por la LFFE, los EFC se regirán por la normativa sobre entidades de crédito.

En especial se aplicará a los EFC la regulación sobre participaciones significativas, idoneidad e incompatibilidades de altos cargos, gobierno corporativo y solvencia contenida en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, así como la normativa de transparencia, mercado hipotecario, régimen concursal y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo prevista para las entidades de crédito.

En todo caso, resultará de aplicación a los EFC lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, sobre el régimen aplicable a las operaciones de cesión global o parcial de activos y pasivos entre entidades de crédito.

  1. Reserva de denominación

La denominación de «EFC», así como su abreviatura, «EFC», quedará reservada a estas entidades, las cuales estarán obligadas a incluirlas en su denominación social.

La denominación de «EFC-entidad de pago», así como su abreviatura, «EFC-EP», quedará reservada a los EFC que tengan la consideración de entidad de pago híbrida, quienes, facultativamente, podrán incluirla en su denominación social.

La denominación de «EFC-entidad de dinero electrónico», así como su abreviatura, «EFC-EDE», quedará reservada a los EFC que tengan la consideración de entidad de dinero electrónica híbrida, quienes, facultativamente, podrán incluirla en su denominación social.

  1. Autorización y registro

El Banco de España es el órgano competente para autorizar la creación de EFC. Con carácter previo a la concesión de la autorización, solicitará, en los aspectos que sean de su competencia (informe) al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

El Banco de España comunicará al Ministerio de Economía la apertura del procedimiento de autorización indicando los elementos esenciales del expediente a tramitar y también la finalización del mismo.

La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los tres meses siguientes a su recepción por el órgano competente, o al momento en que se complete la documentación exigible y, en todo caso, dentro de los doce meses siguientes a su recepción. Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo anteriormente previsto podrá entenderse desestimada.

Reglamentariamente se establecerán los requisitos para el ejercicio de la actividad de los EFC, los supuestos de denegación de la autorización, así como las especialidades en la autorización de EFC sujetos al control de personas extranjeras.

En todo lo no previsto por la LFFE, se aplicará el procedimiento de autorización, revocación, renuncia y caducidad establecido para las entidades de crédito en la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Una vez obtenida la autorización y tras su constitución e inscripción en el Registro Mercantil, los EFC deberán, antes de iniciar sus actividades, quedar inscritos en el Registro especial de establecimientos financieros de crédito que se creará en el Banco de España. Las inscripciones en este Registro especial, así como las bajas del mismo, se publicarán en el BOE.

  1. Modificaciones estructurales

Las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que intervenga un EFC deberán ser autorizadas por el Ministro de Economía, de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente. La entidad resultante de la fusión de dos o más EFC podrá realizar las actividades para las que estuvieran autorizados los establecimientos fusionados.

  1. Entidades híbridas

Las empresas que pretendan constituirse como EFC y, a su vez, prestar servicios de pago, requerirán una única autorización específica que les faculte para el ejercicio de sus actividades. Una vez otorgada la autorización, tendrán la consideración de entidades de pago híbridas.

Del mismo modo, las empresas que pretendan constituirse como EFC, y, a su vez, emitir dinero electrónico, requerirán una única autorización específica que les faculte para el ejercicio de sus actividades. Una vez otorgada la autorización, tendrán la consideración de entidades de dinero electrónicas.

Los EFC ya autorizados que pretendan realizar servicios de pago, deberán, a estos efectos, solicitar autorización para operar como entidad de pago híbrida de conformidad con lo previsto en la Ley de servicios de pago.

Aquellos que pretendan emitir dinero electrónico, deberán, igualmente, solicitar autorización para operar como entidad de dinero electrónico híbrida de conformidad con lo previsto en la Ley de dinero electrónico.

  1. Supervisión y solvencia

Corresponderá al Banco de España la función supervisora de los EFC de conformidad con lo establecido por el Título III la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, con las adaptaciones que, en su caso, reglamentariamente se determinen. Esta competencia se extenderá a cualquier oficina o centro, dentro o fuera del territorio español, y, en la medida en que el cumplimiento de las funciones encomendadas al Banco de España lo exija, a las sociedades que se integren en el grupo del EFC.

La normativa de solvencia aplicable a los EFC será la establecida en la Ley 10/2014, de 26 de junio, y su normativa de desarrollo, con las particularidades que se prevean reglamentariamente, no resultando de aplicación a los EFC, concretamente, las siguientes disposiciones:

  1. El art. 30 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, ni en la parte sexta del Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012.
  2. Respecto de aquellos EFC que tengan la condición de pyme, de conformidad con lo previsto en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, la obligación de mantener un colchón de conservación de capital ni un colchón de capital anticíclico, previstas en los arts. 44 y 45 de la Ley 10/2014, de 26 de junio.

Por otro lado, los EFC dispondrán de una cantidad mínima de activos líquidos adaptada a la naturaleza jurídica y especificidades de su modelo de negocio. Reglamentariamente se concretará el requerimiento anterior para que, en todo caso, el EFC pueda hacer frente a las potenciales salidas de fondos derivadas de pasivos y compromisos, incluso en caso de eventos graves que pudieran afectar a la liquidez; y, mantener una estructura adecuada de fuentes de financiación y de vencimientos en sus activos, pasivos y compromisos, con el fin de evitar potenciales desequilibrios o tensiones de liquidez que puedan dañar o poner en riesgo la situación financiera de la entidad.

  1. Obligaciones de información

Los EFC y los grupos consolidables de EFC deberán suministrar al Banco de España y hacer públicos sus estados financieros. Igualmente, deberán someter sus cuentas anuales a la auditoría de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. El informe de auditoría deberá remitirse al Banco de España.

El Ministro de Economía podrá establecer y modificar las normas de contabilidad y los modelos a que deberán sujetarse los estados financieros de los EFC, así como los estados financieros consolidados, con los límites y especificaciones que reglamentariamente se determinen, disponiendo la frecuencia y el detalle con que los correspondientes datos deberán ser suministrados al Banco de España y hacerse públicos con carácter general por los propios EFC.

  1. Régimen sancionador

A los EFC les será de aplicación, con las adaptaciones precisas, el régimen sancionador previsto en el Título IV de la Ley 10/2014, de 26 de junio, para las entidades de crédito.