En dos recientes sentencias, la Audiencia Nacional (AN) ha dado la razón a Google, anulando sendas resoluciones de la AEPD que obligaban al buscador a suprimir resultados en aplicación del llamado derecho al olvido. La AN considera que en los casos analizados prevalece el interés del público a obtener información mediante búsquedas realizadas a partir del nombre de la persona afectada.

Cabe notar que se trata de las dos primeras sentencias que dicta la AN en procedimientos de la AEPD dirigidos contra Google Inc. En efecto, todas las anteriores sentencias se referían a resoluciones de la AEPD contra la filial, Google Spain SL, y fueron posteriormente anuladas por la sala contenciosa del TS por entender que la filial carece de legitimación pasiva, al no ser la entidad que gestiona el buscador (criterio que sin embargo no es compartido por la sala primera del TS).

La primera sentencia, de 11 de mayo de 2017 (ES:AN:2017:2433) se refiere a determinados comentarios negativos sobre la actuación profesional de un médico, publicados en una página web en 2008. Se trata de comentarios de un antiguo paciente que relata su experiencia concreta en términos duros, calificando al doctor de “saca-perras”, para quien “los pacientes no son más que chuchos”. La AEPD ordenó a Google la retirada del resultado de búsqueda. Según la AEPD, no concurre interés preponderante del público a acceder a esta información a través búsqueda por el nombre: “[n]o se trata de una información que se haya acreditado como veraz y se remonta al año 2008 por lo que debe prevalecer el derecho del reclamante”. Google recurrió en vía contenciosa ante la AN. Después de analizar los derechos fundamentales en liza, la Audiencia realiza el juicio de ponderación teniendo en cuenta los criterios sentados en la STJUE Google Spain, donde se admite que “por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública”, el interés del público en acceder a la información en una búsqueda a partir del nombre de la persona puede prevalecer sobre los derechos de protección de datos del afectado. La AN tiene en cuenta también las directrices del Grupo del Artículo 29 sobre la aplicación de la sentencia Google Spain. Concluye la AN que “al tratarse de un médico en activo, que presta servicios sanitarios privados, los usuarios o potenciales pacientes tienen derecho a conocer las experiencias y opiniones vertidas por quienes, con anterioridad, han sido pacientes de ese mismo doctor.” Señala la sentencia que los comentarios están amparados por el derecho a la libertad de expresión sin que le sea aplicable el límite interno de veracidad, y que debe prevalecer el interés público de los futuros pacientes.

En la segunda sentencia, de 19 de junio de 2017 (ES:AN:2017:2562), se analiza si una persona que se presentó a las elecciones municipales de 2011 en Sabadell puede exigir a Google que no muestre enlaces a dicha información cuando se efectúan búsquedas por su nombre. La AEPD dio la razón al interesado y ordenó a Google la retirada de los resultados. La AEPD se basó en una anterior sentencia de la AN de 5 de febrero de 2015 que ordenó retirar enlaces a las listas electorales de las elecciones municipales de 1999 de San Sebastián de los Reyes por entender que la información ya no era relevante y debía prevalecer el derecho del interesado. En el caso presente, sin embargo, al resolver el recurso de apelación, la AN revoca la resolución de la AEPD y considera que la información de las elecciones municipales de 2011 en Sabadell sigue siendo relevante y no debe bloquearse. Afirma que, habida cuenta del contenido de la información y del poco tiempo transcurrido, debe prevalecer el derecho de los internautas a tener acceso a esa información. Para justificar el cambio de criterio, la AN alega que en la sentencia sobre las listas electorales de San Sebastián de los Reyes el elemento determinante fue el tiempo transcurrido. En aquel caso habían transcurrido más de quince años, y en el presente sólo seis. Sin embargo, este argumento parece responder más a la necesidad de justificar la disparidad de criterios, que a un verdadero elemento decisivo a tener en cuenta en el enjuiciamiento de futuros casos, sobre todo a la vista de la importancia que se concede a la naturaleza de la información, siguiendo la línea de los pronunciamientos del TC en esta materia.